La organización Amnistía Internacional denuncia que la aplicación de legislación antiterrorista contra cuatro activistas de Palestine Action condenados por daños en una fábrica de armamento marca un precedente peligroso para el derecho de protesta en Reino Unido.
La sección británica de Amnesty International UK ha cuestionado la decisión judicial que considera vinculadas al terrorismo las acciones de cuatro activistas del colectivo Palestine Action, conocidos como los «4 de Filton», condenados por daños materiales tras una protesta en una fábrica de la empresa armamentística Elbit Systems, situada en Filton, cerca de Bristol.
Según informó la organización en un comunicado difundido el 12 de junio, el juez Justice Johnson comunicó a Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio y Fatema Rajwani que serían sentenciados por una «conexión terrorista» tras su condena por daños criminales relacionados con una acción directa en las instalaciones de la compañía.
Amnistía alerta sobre un precedente para futuras protestas
La directora ejecutiva de Amnesty International UK, Kerry Moscogiuri, sostuvo que la decisión judicial podría influir en el tratamiento futuro de otras formas de protesta.
«Los acusados en este caso fueron sentenciados como terroristas porque los fiscales quieren convertirlos en un ejemplo y establecer un precedente sobre cómo podrían ser tratados en el futuro los manifestantes que recurren a la acción directa», afirmó.
La responsable de la organización añadió que equiparar los daños materiales con el terrorismo constituye un cambio significativo en la práctica judicial británica.
«Los daños criminales nunca habían sido tratados como terrorismo dentro del sistema judicial del Reino Unido y resulta peligroso considerar ambas cosas equivalentes», señaló Moscogiuri. «Todos deberíamos preocuparnos por lo que esto puede significar para otras personas que participen en acciones directas de protesta contra un genocidio o cualquier otra cuestión».
Debate sobre el derecho de protesta en Reino Unido
Amnistía considera que el caso se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento de las medidas contra la protesta social en Reino Unido.
La organización sostiene que el derecho de protesta constituye una herramienta fundamental para exigir responsabilidades a los gobernantes y advierte de que esta resolución judicial representa «otro paso» en la restricción de ese derecho.
Asimismo, Moscogiuri calificó de desproporcionado que los activistas reciban una consideración equiparable a la de personas condenadas por delitos de terrorismo.
«Resulta completamente desproporcionado castigar a manifestantes por daños materiales como si fueran terroristas, una condena que les acompañará durante el resto de sus vidas», manifestó. «La utilización de leyes antiterroristas contra activistas que practican la acción directa debe terminar».
La organización invoca obligaciones de derechos humanos
En la documentación de contexto difundida junto al comunicado, Amnistía recuerda que los tribunales británicos han mantenido históricamente una cierta tolerancia hacia las protestas y otras formas de acción directa, aunque aplicando la legislación penal cuando correspondía.
Según la organización, esa práctica permitía distinguir los actos vinculados a la protesta de otras formas de delincuencia común y contribuía a garantizar una respuesta proporcionada conforme a las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
La ONG expresa una «profunda preocupación» por la utilización de la denominada Sección 69 en casos de daños materiales cometidos durante acciones de protesta. A su juicio, este enfoque podría invertir el principio tradicional aplicado por los tribunales y convertir las motivaciones de conciencia de los activistas en un elemento agravante que justifique la aplicación de mecanismos de condena previstos para delitos relacionados con el terrorismo.
Un caso con posibles repercusiones más allá de Filton
La posición de Amnistía Internacional sitúa el caso de los «4 de Filton» en el centro del debate sobre los límites de la protesta y el alcance de la legislación antiterrorista en Reino Unido.
La organización no cuestiona la existencia de responsabilidades penales derivadas de los daños causados durante la acción, pero sí rechaza que esos hechos sean encuadrados dentro de la lógica jurídica del terrorismo. Según sostiene, la decisión podría afectar al tratamiento futuro de otras movilizaciones y acciones directas impulsadas por movimientos sociales y organizaciones de protesta.
