Esta nueva entrada del Observatorio Trump recoge la jornada política estadounidense de las últimas veinticuatro horas, con una cautela temporal: está escrita a primera hora en España, cuando aún no había terminado por completo el lunes 8 de junio en la costa oeste de Estados Unidos. La clave del día no fue una gran movilización nacional, sino una suma de resistencias institucionales, judiciales y electorales que muestran a una oposición democrática menos espectacular, pero más distribuida.
El golpe más claro llegó de los tribunales. Un juez federal anuló la tasa de 100.000 dólares impuesta por Donald Trump a los visados H-1B, una vía usada por empresas tecnológicas, hospitales y universidades para contratar personal extranjero cualificado. Según The Washington Post, el juez Leo Sorokin consideró que el presidente había creado de hecho un impuesto sin autorización del Congreso.
La demanda, impulsada por California y otros diecinueve estados, convierte la oposición a Trump en algo más que una disputa ideológica: es una batalla por los límites materiales del poder ejecutivo en inmigración, economía y servicios públicos. El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró el fallo como una defensa de la capacidad del país para atraer talento cualificado.
Ese mismo patrón apareció en el terreno simbólico. El Kennedy Center retiró el nombre de Trump de su web después de que un juez declarase ilegal el cambio de denominación aprobado por una junta afín al presidente.
The Washington Post subraya que el rótulo físico seguía en el edificio, pero la marcha atrás digital es significativa: incluso la apropiación de instituciones culturales, una de las señas del segundo mandato, empieza a encontrar límites cuando entra en el circuito judicial. No es una protesta de masas, pero sí una rectificación pública.
La oposición social, mientras tanto, parece más fragmentada y territorial. En Minnesota, la memoria de la gran operación de ICE de febrero sigue marcando la política demócrata. The Washington Post describe cómo el enfado por las redadas y las muertes de Renée Good y Alex Pretti ha reforzado al ala progresista en la primaria demócrata al Senado.
La vicegobernadora Peggy Flanagan capitaliza ese clima con un discurso frontal contra ICE, mientras la congresista Angie Craig advierte que Minnesota sigue siendo un estado competitivo. Ahí está una de las tensiones centrales de la oposición: movilizar a una base indignada sin perder capacidad de ganar en noviembre.
Ese pulso interno no es menor. Craig cuenta con apoyos relevantes en Washington, entre ellos el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, y la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi. Flanagan, en cambio, se presenta como una respuesta más directa a la política migratoria de Trump y al desgaste de las viejas fórmulas de financiación de campaña. La fractura no enfrenta simplemente moderación y radicalidad: expresa dos diagnósticos distintos sobre cómo derrotar al trumpismo, si ampliando el centro electoral o intensificando una oposición moral y social contra el uso del aparato federal.
Encuestas
El dato de opinión pública refuerza esa lectura. Reuters, a partir de su sondeo con Ipsos, sitúa la aprobación de Trump en el 35 por ciento, cerca de sus mínimos históricos, y registra una ventaja demócrata de 41 por ciento frente a 37 por ciento en intención de voto al Congreso. El desgaste procede sobre todo del coste de la vida y de la guerra con Irán: solo el 22 por ciento aprueba su gestión de los precios domésticos.
Para los demócratas, esto abre una oportunidad, pero también una advertencia: la oposición más eficaz puede no ser la denuncia abstracta del autoritarismo, sino conectar el abuso de poder con gasolina, alimentos, salarios y servicios.
La agencia AP añade una capa más profunda a través de una encuesta del AP-NORC Center for Public Affairs Research: menos estadounidenses consideran ya que una democracia elegida en las urnas sea esencial para la identidad del país. Alrededor de dos tercios lo creen, frente al 80 por ciento en 2021. El dato no equivale a apoyo a Trump, pero sí describe el suelo erosionado sobre el que opera la oposición democrática. Si la defensa institucional de la democracia pierde centralidad cultural, los tribunales y las elecciones cargan con más peso del que deberían.
También hubo resistencia desde la sociedad civil organizada. Una demanda busca frenar el evento de UFC previsto en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump. CBS News informa de que los demandantes alegan uso indebido de espacios públicos y beneficio privado para aliados del presidente.
En paralelo, Bloomberg Law recoge que Trump pretende llevar al Supremo su demanda contra CNN por el uso de la expresión «Big Lie». Trump argumenta, en esencia, que CNN no usó «Big Lie» como una simple valoración política, sino como una expresión difamatoria destinada a asociarlo con Hitler y la propaganda nazi.
Su tesis tiene cuatro piezas:
- Que la expresión «Big Lie» remite históricamente a la propaganda nazi y a Joseph Goebbels.
- Que CNN la aplicó reiteradamente a sus denuncias sobre las elecciones de 2020 para presentar a Trump como un dirigente «hitleriano» o autoritario, no solo como alguien equivocado.
- Que esa asociación era falsa y dañina para su reputación política, porque, según su demanda, él no estaba imitando prácticas genocidas, sino ejerciendo su derecho constitucional a cuestionar la integridad electoral.
- Que CNN actuó con «actual malice», es decir, con conocimiento de la falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, y con intención política de perjudicarlo. En la demanda original alegaba además que CNN trataba de forma distinta las dudas electorales expresadas por demócratas.
Los tribunales rechazaron ese planteamiento. El tribunal de distrito sostuvo que CNN no había formulado una afirmación verificable de hecho, sino una opinión política protegida, y que el uso de «Big Lie» no permitía concluir razonablemente que Trump defendiera persecución o genocidio. El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó después que CNN, al usar esa expresión, no estaba publicando una afirmación falsa de hecho.
La libertad de prensa vuelve así al centro: no solo por lo que los medios publican, sino por la presión legal que afrontan.
Al cierre
El cierre político de la jornada lo ofrece Reuters: incluso algunos republicanos empiezan a marcar distancias con Trump en asuntos como Irán, vigilancia doméstica, financiación migratoria y el fondo contra la supuesta «weaponization». El senador republicano Thom Tillis lo atribuyó a la cercanía electoral, mientras que el demócrata John Fetterman restó importancia a la supuesta rebelión interna y la interpretó como prueba del control que Trump mantiene sobre su partido.
La jornada importa porque muestra una oposición menos unificada de lo que querrían sus dirigentes, pero más amplia de lo que admite la Casa Blanca. Tribunales, estados, medios, activistas y votantes descontentos están frenando partes del proyecto trumpista.
La pregunta decisiva es si esa resistencia dispersa podrá convertirse en mayoría política antes de las elecciones de medio mandato.
