Una treintena de activistas colgó este viernes el lema «Aznalcóllar, otra vez no» desde los tirantes del puente de la Barqueta en Sevilla, aprovechando la presencia internacional del Mundial de Remo para advertir sobre los vertidos de metales pesados previstos en el Guadalquivir.
La acción, planificada para coincidir con la primera prueba de la Copa del Mundo de Remo celebrada en la Dársena del Guadalquivir, buscó alertar a la comunidad internacional de los riesgos que, según la organización ecologista, entraña la reapertura de las minas de Los Frailes, en Aznalcóllar, y Cobre Las Cruces, en La Algaba, autorizadas por la Junta de Andalucía.
Greenpeace exige la paralización cautelar de ambas autorizaciones y la creación de un grupo de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de los vertidos sobre el río, Doñana y la seguridad alimentaria de las poblaciones ribereñas.
Antecedentes: la herida que Aznalcóllar todavía no ha cerrado
El nombre de Aznalcóllar resuena en la memoria colectiva española como sinónimo de catástrofe ambiental. En abril de 1998, la rotura de la balsa de residuos de la mina de pirita arrojó al río Agrio y al Guadiamar cerca de cinco millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas cargadas de metales pesados, en lo que se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de Europa.
El vertido alcanzó las puertas del Parque Nacional de Doñana y contaminó miles de hectáreas de tierras agrícolas y riberas fluviales. La recuperación medioambiental exigió más de una década de trabajo y una inversión pública cuantiosa.
Comunidades pesqueras, agricultores y habitantes de la comarca sufrieron consecuencias económicas y sanitarias que se extendieron durante años.
Sobre esa cicatriz todavía sensible, la Junta de Andalucía ha dado luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para reabrir la explotación.
El plan prevé verter más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante más de dieciocho años mediante una tubería de treinta kilómetros que desembocaría en el estuario del Guadalquivir.
A ello se suma el proyecto de Cobre Las Cruces, que contempla un vertido adicional de más de 32.000 millones de litros durante catorce años, con cargas de cromo, arsénico, plomo, selenio y mercurio.
Actualidad: ciencia contra autorizaciones administrativas
Greenpeace no actúa en el vacío. Un estudio elaborado por investigadores de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada ya ha detectado plomo por encima de los límites establecidos por la Unión Europea en albures capturados en el estuario del Guadalquivir, así como arsénico en el límite permitido en galeras, crustáceo de consumo habitual en la desembocadura.
La causa, apuntan los científicos, son los vertidos de la mina de Cobre Las Cruces, en operación desde 2009.
La organización advierte, además, de que las autorizaciones concedidas parten de una premisa incorrecta: la de que los metales pesados se diluirán en el océano.
La realidad hidrológica del Guadalquivir es la contraria. La presa de Alcalá del Río actúa como un fondo de saco que frena la acción de las mareas, mientras que el llamado «tapón salino» en la desembocadura bloquea físicamente la salida de las aguas interiores.
Los metales pesados no llegan al Atlántico: se adhieren al material en suspensión, se depositan en los lodos del estuario y penetran así en la cadena alimentaria.
La suma de ambos proyectos podría multiplicar por diez la contaminación por metales pesados en los sedimentos del río.
Reacciones: una coalición social que crece frente a la «cerrazón» de la Junta
Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, señaló con contundencia la contradicción en la que incurren las instituciones andaluzas: «Mientras la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla venden a bombo y platillo las bondades del Guadalquivir para eventos deportivos y conciertos flotantes, están firmando su sentencia de muerte con la aprobación de estos vertidos. Aznalcóllar ya fue la crónica de un desastre anunciado: la sociedad civil se desgañitó alertando sobre lo que iba a pasar; ahora, lamentablemente, la historia se repite».
El coordinador de Greenpeace en Andalucía fue igualmente crítico con la respuesta de la administración autonómica ante la presión social creciente: «Cada vez hay más sectores que muestran su estupefacción ante estos vertidos. Sin embargo, a medida que la protesta crece, prevalece la actitud obstinada y la cerrazón de la Junta. Aplicar el principio de precaución sí que sería de sentido común».
El frente opositor a los proyectos agrupa a otros grupos ecologistas, entidades académicas, sindicatos agrarios, cofradías de pescadores, asociaciones de mariscadores y varios ayuntamientos ribereños.
Consecuencias políticas y sociales: Doñana, el turismo y la economía en la balanza
Ambas explotaciones afectarían a Hábitats de Interés Comunitario incluidos en la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, así como al Espacio Natural de Doñana, ya sometido a múltiples presiones humanas.
La contaminación potencial comprometería además sectores económicos de peso en la región: la pesca artesanal, el marisqueo, la agricultura de regadío y un turismo gastronómico que orbita en torno a productos emblemáticos como la gamba o el langostino de la desembocadura.
Greenpeace reclama una moratoria a las prospecciones mineras en la zona y la constitución urgente de un grupo técnico-científico independiente que evalúe el impacto acumulativo de los dos proyectos antes de que cualquier vertido se produzca.
La organización subraya que sobre el Grupo México ya pesan graves precedentes de desastres mineros en otros países, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de anteponer la salud pública y la conservación de la biodiversidad a la rentabilidad de una multinacional.
