La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado una campaña específica contra plataformas digitales y empresas multiservicios que cobran a las trabajadoras del hogar por intermediar en su contratación, una práctica que el Ministerio considera ilegal porque la Ley de Empleo establece que estos servicios deben resultar gratuitos para las personas trabajadoras.
El anuncio se produjo durante el acto «Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad», donde el Ministerio presentó además nuevas herramientas gratuitas de prevención de riesgos laborales, formación y protección frente al acoso dirigidas a uno de los sectores más precarizados y feminizados del mercado laboral español.
Yolanda Díaz denunció que determinadas plataformas «hacen competencia desleal» y vulneran la normativa vigente al cobrar por servicios de intermediación laboral. La ministra lanzó un mensaje directo al sector: «No pueden cobrar por servicios de intermediación ilegales que han de ser gratuitos. Se acabó hacer negocio a vuestra cuenta».
La medida afecta a miles de familias y trabajadoras domésticas que utilizan aplicaciones o empresas privadas para encontrar empleo o contratar cuidados, limpieza o atención domiciliaria.
Cómo afecta a las trabajadoras y a las familias
El empleo doméstico continúa siendo uno de los sectores laborales con mayor vulnerabilidad social. Según los últimos datos de afiliación citados por el Ministerio de Trabajo, el Régimen Especial de Empleados del Hogar suma 351.065 personas afiliadas, de las que el 96 por ciento son mujeres. Además, el 83 por ciento supera los cuarenta años y el salario medio mensual alcanza 1138,4 euros.
Muchas de estas trabajadoras son migrantes y desarrollan su actividad en condiciones de aislamiento laboral, dentro de domicilios particulares, lo que dificulta tanto la inspección como la denuncia de abusos o incumplimientos.
El Ministerio considera especialmente grave que algunas plataformas digitales obtengan beneficios económicos cobrando a personas trabajadoras por acceder a ofertas de empleo o por gestionar contratos. La legislación laboral española prohíbe expresamente que las personas trabajadoras paguen por servicios de colocación o intermediación.
Para las familias empleadoras, la campaña anunciada también implica una mayor vigilancia sobre las empresas intermediarias. Trabajo prevé reforzar el control sobre posibles incumplimientos legales en un ámbito donde proliferan aplicaciones móviles y portales especializados en cuidados y empleo doméstico.
Nuevas herramientas gratuitas de prevención y formación
El Ministerio de Trabajo ha habilitado además un nuevo espacio web específico para empleadas del hogar con acceso centralizado a recursos gratuitos de prevención, salud laboral y formación.
Entre las herramientas disponibles destacan:
Formación online gratuita acreditada
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) ofrece nuevos cursos gratuitos de prevención de riesgos laborales dirigidos específicamente a trabajadoras del hogar. La formación permitirá obtener acreditaciones oficiales en materia preventiva.
Guía técnica de prevención de riesgos
El portal incorpora una guía específica sobre riesgos laborales en el hogar familiar, con recomendaciones sobre manipulación de productos químicos, sobrecargas físicas, caídas, lesiones musculares o fatiga derivada de las tareas domésticas y de cuidados.
Protocolo contra violencia y acoso
Uno de los elementos más relevantes es la puesta en marcha de un Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el hogar familiar, elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo junto al Instituto de las Mujeres y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El documento incluye ejemplos prácticos para identificar situaciones de acoso laboral, violencia verbal, intimidación o abuso dentro del entorno doméstico, además de orientaciones para denunciar este tipo de conductas.
El Ministerio pretende así responder a una realidad históricamente invisibilizada. Al desarrollarse dentro de domicilios particulares, muchas empleadas del hogar carecen de canales claros de protección frente a abusos laborales o violencia psicológica.
Qué cambia con la nueva normativa
La presentación de estas medidas se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 893/2024, aprobado en septiembre de 2024, que reconoció por primera vez el derecho efectivo a la protección de la seguridad y salud laboral de las trabajadoras del hogar.
La norma supuso un cambio histórico al equiparar progresivamente los derechos de este colectivo con los del resto de personas asalariadas.
A ello se suma el Real Decreto-Ley 26/2022, que eliminó el denominado «despido por desistimiento» y reconoció derechos fundamentales como:
- acceso a la prestación por desempleo,
- cobertura del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),
- cotización equiparada,
- y mayor protección frente a despidos.
Diversas organizaciones sindicales y asociaciones de trabajadoras del hogar llevaban años reclamando estas reformas tras varias sentencias europeas que cuestionaron la discriminación histórica del sector en España.
Qué deben saber las trabajadoras y las familias
Las autoridades laborales recuerdan varios aspectos clave:
- ninguna plataforma puede cobrar a la trabajadora por encontrarle empleo,
- la formación preventiva resulta obligatoria,
- las familias empleadoras deben garantizar condiciones seguras,
- y las empleadas pueden denunciar situaciones de acoso o abuso laboral.
El Ministerio recomienda utilizar únicamente canales legales de contratación y consultar la nueva web específica habilitada por Trabajo para acceder a documentación, protocolos y formación oficial.
Expertos en derechos laborales subrayan además que la profesionalización del sector resulta esencial ante el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de cuidados domiciliarios.
Actualidad: un sector clave para los cuidados y la conciliación
El debate sobre las condiciones laborales de las empleadas del hogar ha ganado relevancia en los últimos años debido al peso creciente de los cuidados en una sociedad envejecida.
Organizaciones sociales y sindicatos llevan tiempo alertando de la precariedad estructural del sector, marcado por salarios bajos, economía sumergida, parcialidad involuntaria y dificultades de inspección.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado en distintos informes que el empleo doméstico constituye uno de los sectores más expuestos a desigualdad de género y vulnerabilidad laboral.
Yolanda Díaz defendió durante el acto la necesidad de reconocer socialmente este trabajo: «No se le da valor porque es trabajo que hacen mujeres que sustituye a trabajo que hacen otras mujeres y que durante siglos se ha ocultado».
