La pena de muerte volvió a crecer en 2025 hasta alcanzar las cifras más elevadas de las últimas cuatro décadas. Amnistía Internacional documentó al menos 2707 ejecuciones en todo el mundo, un aumento del 78 por ciento respecto a 2024 y el dato más alto desde 1981.
El informe anual de la organización humanitaria sitúa a Irán como principal responsable de este incremento, con al menos 2159 ejecuciones, más del doble que el año anterior y el 80 por ciento del total mundial conocido.
Amnistía advierte que estas cifras ni siquiera reflejan el alcance real de la pena capital, ya que China continúa ocultando los datos oficiales y se cree que ejecuta cada año a miles de personas. Tampoco existen cifras fiables sobre Corea del Norte y Vietnam.
La organización considera que muchos gobiernos utilizan la pena de muerte como herramienta política, vinculándola a discursos de «mano dura» y seguridad pública destinados a reforzar el control del Estado y silenciar la disidencia.
Qué ocurre
El informe identifica un endurecimiento global de las políticas penales en varios países de Oriente Medio y Asia. Arabia Saudí registró al menos 356 ejecuciones, superando incluso su récord de 2024, mientras Yemen alcanzó al menos 51 y Kuwait casi triplicó sus cifras, pasando de seis a diecisiete ejecuciones.
Estados Unidos también registró un fuerte incremento. Las 47 ejecuciones documentadas representan el nivel más alto desde 2009, con Florida concentrando casi la mitad de ellas.
Amnistía Internacional señala además que Emiratos Árabes Unidos, Japón, Sudán del Sur y Taiwán reanudaron las ejecuciones tras varios años sin aplicarlas.
El informe detalla distintos métodos de ejecución empleados durante 2025, entre ellos decapitación, ahorcamiento, inyección letal, fusilamiento y asfixia con nitrógeno.
Cómo afecta a los derechos humanos
La organización humanitaria sostiene que el auge de la pena capital refleja un deterioro de las garantías judiciales y del respeto al derecho internacional. Numerosas ejecuciones se produjeron tras juicios considerados injustos o por delitos que no implicaban homicidio intencional.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe afecta a las condenas relacionadas con drogas. Amnistía contabilizó 1257 ejecuciones por este motivo, casi la mitad del total mundial conocido y el doble que en 2024.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, la pena de muerte sólo debería aplicarse a los «más graves delitos», vinculados al homicidio intencional. Sin embargo, varios Estados ejecutaron personas por tráfico de drogas, corrupción, «blasfemia», apostasía o relaciones sexuales consentidas.
Irán destacó especialmente por el uso político de las ejecuciones. Amnistía documentó condenas vinculadas a las protestas de «Mujer, Vida y Libertad» y ejecuciones relacionadas con acusaciones de espionaje tras los ataques israelíes de junio de 2025.
La organización también denunció ejecuciones secretas, restricciones informativas y procesos judiciales opacos en países como Irak, Irán o China.
Qué recomiendan los expertos
Amnistía Internacional reclama la abolición universal de la pena de muerte y recuerda que ya son 113 los países que la han eliminado completamente de su legislación.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, defendió en el informe que «sólo los sistemas de justicia humanos y basados en los derechos pueden hacer justicia».
Las organizaciones de derechos humanos consideran además que la pena capital no ha demostrado eficacia para reducir la delincuencia y alertan de los riesgos de errores judiciales irreversibles.
En Estados Unidos, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte confirmó una nueva exoneración en 2025, elevando a 202 el número de personas exculpadas del corredor de la muerte desde 1973.
El informe también cuestiona la discriminación social y racial asociada a la aplicación de la pena capital. En Alabama, la gobernadora Kay Ivey concedió el primer indulto a una persona negra condenada a muerte desde el restablecimiento de esta pena en 1976.
Qué deben saber los ciudadanos
Aunque España abolió completamente la pena de muerte en 1995 y la Constitución prohíbe su aplicación en tiempos de paz y guerra, organismos internacionales recuerdan que la defensa de los derechos humanos exige vigilancia global y presión diplomática constante.
Las ONG especializadas recomiendan seguir especialmente la situación de países donde aumentan las restricciones a la sociedad civil y la libertad de información, ya que el endurecimiento penal suele coincidir con procesos de deterioro democrático.
Amnistía Internacional insiste además en la necesidad de exigir transparencia a los Estados que mantienen en secreto las cifras de ejecuciones, especialmente China, Corea del Norte y Vietnam.
Actualidad
Pese al aumento de las ejecuciones, el movimiento abolicionista mantuvo algunos avances durante 2025.
Gambia eliminó la pena de muerte para delitos como asesinato y traición.
Vietnam abolió la pena capital para ocho delitos, entre ellos varios relacionados con drogas y corrupción.
En Líbano y Nigeria continúan abiertos debates parlamentarios para su eliminación, mientras el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucional cualquier intento de restablecerla.
Amnistía Internacional subraya que cerca de tres cuartas partes de los países del mundo ya son abolicionistas en la ley o en la práctica.
