La propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado miércoles 6 de mayo de 2026 constituye el primer marco integral de la Unión Europea (UE) para abordar la exclusión en materia de vivienda.
La vivienda se reconoce como un derecho fundamental, un elemento clave de la inclusión social, y que la falta de hogar supone “una violación grave de la dignidad humana”. Los precios de la vivienda han aumentado un 60 % desde 2013 en la UE.
El texto combina medidas de prevención, apoyo personalizado, aumento de la oferta de vivienda asequible y gobernanza multinivel, con el objetivo de avanzar hacia la erradicación del sinhogarismo para 2030.
La propuesta se enmarca en un contexto de crisis de vivienda, aumento de la pobreza y presión sobre los sistemas sociales, respondiendo al compromiso político expresado por la presidenta Ursula Von der Leyen en 2025, cuando situó la vivienda y la pobreza “en el centro de la agenda” y anunció el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible.
El texto se apoya en el principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Carta de Derechos Fundamentales y la Carta Social Europea revisada, que reconocen el derecho a la vivienda y a la asistencia de las personas sin hogar.
También recoge los compromisos de la Declaración de Lisboa de 2021, que insta a que “nadie duerma en la calle” y a que ningún desahucio se produzca sin alternativas habitacionales adecuadas.
La Comisión define la exclusión en materia de vivienda como la incapacidad de acceder a una vivienda adecuada, segura y asequible, o de mantenerla. Incluye situaciones de vivienda insegura —desahucios, violencia o contratos inestables— y de vivienda inadecuada —hacinamiento, deterioro o falta de servicios básicos—.
Determinados grupos sufren un impacto desproporcionado: jóvenes, familias con hijos, migrantes, personas mayores, personas con discapacidad y minorías racializadas.
En materia de gobernanza, la recomendación propone mecanismos de seguimiento, informes quinquenales a la Comisión Europea y la participación de autoridades locales, agentes sociales, sociedad civil, entidades de la economía social y personas con experiencia vivida, así como la cooperación con la Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo.
El documento apuesta por un cambio estratégico: abandonar las respuestas reactivas -refugios temporales y asistencia de emergencia- y avanzar hacia políticas integradas, centradas en las personas y orientadas a la vivienda, basadas en el enfoque Housing First, que proporciona vivienda estable de forma inmediata junto con apoyo personalizado.
También subraya la importancia de la prevención mediante medidas como la mediación en impagos, el asesoramiento sobre deudas, el apoyo jurídico, los sistemas de alerta temprana y la protección frente a los desahucios.
El objetivo de la Declaración de Lisboa de 2021 era erradicar el Sinhogarismo antes de 2030.
Según los datos, uno de cada cinco europeos, incluidos uno de cada cuatro niños, sufre pobreza, mientras que alrededor de un millón de personas carecen de hogar en toda la UE.
El objetivo de la UE de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en al menos quince millones de aquí a 2030, apoyando al mismo tiempo el objetivo a más largo plazo de erradicar la pobreza en 2050.
