La situación de las infraestructuras educativas en Valdemoro vuelve al centro del debate político tras la denuncia del Grupo Municipal Socialista, que acusa al Gobierno local de PP y Vox de «abandonar» el mantenimiento de los colegios públicos pese a contar con informes técnicos que obligan a intervenir.
La crítica se centra en el incumplimiento de actuaciones derivadas de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), documentos clave para garantizar la seguridad de los centros educativos.
Según un comunicado del PSOE de Valdemoro, fechado el 13 de abril de 2026, varias inspecciones efectuadas en verano de 2024 concluyeron con resultado desfavorable al detectar patologías estructurales relevantes que requerían reparación obligatoria.
Informes desfavorables sin ejecutar: riesgos para la seguridad
Los informes técnicos señalaban daños en elementos como fachadas que «afectan a la seguridad constructiva del edificio y de las personas usuarias», lo que implica la obligación legal de acometer obras de reparación.
Sin embargo, siempre según la información facilitada por el PSOE, el Ayuntamiento solo ejecutó intervenciones parciales durante 2024, dejando sin resolver una parte significativa de las deficiencias detectadas. Dos años después, en 2026, estas patologías continúan sin solución, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad en edificios públicos destinados a menores.
Desde una perspectiva de derechos de los usuarios —en este caso, alumnado y familias—, la situación resulta especialmente sensible. Las administraciones locales tienen la obligación de garantizar condiciones adecuadas en instalaciones educativas, no solo desde el punto de vista funcional, sino también en materia de seguridad estructural y prevención de riesgos, incluyendo sistemas contra incendios o revisiones periódicas obligatorias.
El portavoz socialista, Vicente López-Peláez Roncero, critica con dureza la gestión municipal y afirma: «Es un acto más de trilerismo político por parte de David Conde (alcalde de Valdemoro). Recorta y no gasta los recursos para los edificios municipales, incluso teniendo obligaciones tan graves como las ITE de los colegios o los sistemas de prevención de incendios de los pabellones deportivos».
Promesas incumplidas y centros afectados
El conflicto no se limita a los informes técnicos. El PSOE señala también una cadena de compromisos incumplidos respecto a actuaciones concretas en centros educativos. Uno de los casos mencionados es el del CEIP Román Baíllo, donde, según la denuncia, el equipo de Gobierno habría prometido en distintas ocasiones la reparación de cubiertas sin llegar a ejecutar las obras.
De acuerdo con esta versión, las actuaciones se han ido posponiendo con distintos argumentos presupuestarios o administrativos, trasladando la responsabilidad entre partidas de inversión y contratos de mantenimiento. Esta dinámica, según el grupo socialista, genera incertidumbre en la comunidad educativa y deteriora progresivamente las condiciones de los centros.
El trasfondo del problema apunta a una cuestión estructural: la planificación y ejecución del mantenimiento de infraestructuras públicas. La falta de intervención en edificios con informes desfavorables no solo puede derivar en riesgos para la seguridad, sino también en responsabilidades administrativas si no se cumplen las obligaciones legales derivadas de las inspecciones técnicas.
Actualidad: debate sobre infraestructuras educativas en Madrid
La denuncia de Valdemoro se enmarca en un contexto más amplio de críticas sobre el estado de las infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. Diversas organizaciones sindicales como CCOO Madrid y UGT Madrid han alertado en los últimos años sobre la necesidad de reforzar la inversión en mantenimiento y construcción de centros educativos públicos.
Desde el ámbito político, formaciones como el PSOE Madrid o Más Madrid han insistido en que el deterioro de infraestructuras escolares afecta directamente a la calidad del sistema educativo y a los derechos básicos del alumnado.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, competente en materia educativa, ha defendido en distintas ocasiones sus planes de inversión y mejora de centros, aunque el mantenimiento ordinario de los colegios públicos corresponde en gran medida a los ayuntamientos.
En este escenario, casos como el de Valdemoro ponen el foco en la coordinación entre administraciones y en la responsabilidad directa de los gobiernos locales para garantizar entornos seguros. Para las familias, asociaciones de madres y padres y colectivos vecinales —como los agrupados en la FRAVM—, la situación trasciende el debate político y se sitúa en el terreno de los derechos fundamentales: el acceso a una educación pública en condiciones dignas y seguras.
