Los institutos públicos de Torrejón de Ardoz funcionan «al límite» de su capacidad. Así lo denuncia la Asamblea de Docentes del municipio en un informe que documenta con datos oficiales una saturación estructural del sistema educativo.
El crecimiento demográfico, el aumento sostenido del alumnado y la falta de inversión en infraestructuras públicas han generado una situación que, según el profesorado, exige una respuesta urgente de la administración educativa.
Un crecimiento demográfico que presiona la educación pública
El informe «Institutos públicos al límite: diagnóstico de la saturación educativa en Torrejón de Ardoz» detalla una realidad que se arrastra desde hace décadas. La población del municipio ha pasado de 94.161 habitantes en el año 2000 a 143.526 en 2025, lo que representa un incremento del 52,4 por ciento.
Este crecimiento no solo se refleja en términos generales. La franja clave para la Educación Secundaria —de doce a dieciocho años— también ha aumentado de forma significativa: más de 1800 jóvenes adicionales desde 2003 y previsiones cercanas a los 13.000 en 2030.
Para los docentes, estos datos evidencian que la presión sobre los institutos no constituye una situación puntual, sino una tendencia estructural que requiere planificación a largo plazo.
Más alumnado, pero sin nuevos institutos públicos suficientes
El incremento demográfico se ha trasladado directamente al sistema educativo. Desde el curso 2017/18 hasta el 2023/24, el alumnado en Torrejón ha crecido en más de 3.200 estudiantes, un 18,6 por ciento.
Sin embargo, la red pública no ha evolucionado al mismo ritmo. Mientras entre 2011 y 2015 se impulsaron tres centros privados o concertados —Humanitas, San Juan Evangelista y San Juan Bosco—, la red pública solo incorporó un instituto en ese periodo: el IES Juan Bautista Monegro, inaugurado en el curso 2019/2020.
Esta diferencia en la planificación ha provocado, según el informe, un desajuste entre la oferta pública y la demanda real de plazas en Secundaria.
La red pública absorbe la mayor presión del sistema
Los datos muestran que el crecimiento del alumnado recae principalmente en los institutos públicos. En la ESO, más del 55 por ciento del incremento corresponde a centros públicos.
Además, determinadas enseñanzas, como la Formación Profesional Básica, dependen casi exclusivamente de la red pública, lo que incrementa aún más la presión organizativa sobre los centros.
Este desequilibrio también se refleja en la evolución del sistema educativo: la cuota de la enseñanza pública ha descendido en términos relativos en los últimos años, mientras aumenta el peso de la privada y concertada.
La bajada de ratios agrava la falta de espacio
La reducción de ratios en la ESO —de 30 a 25 alumnos por aula— constituye una medida pedagógica positiva, pero ha generado efectos inesperados.
Al disminuir el número de estudiantes por grupo, aumenta el número de grupos necesarios para escolarizar al mismo alumnado. Esto implica más aulas, aunque los edificios siguen siendo los mismos.
El informe cuantifica este impacto: solo en 1.º de ESO se generaron ocho grupos adicionales en un curso, y al extenderse la medida a más niveles se alcanzaron diecisiete grupos nuevos en el conjunto del municipio.
A esta situación se suma que la excepción que permite elevar las ratios hasta un diez por ciento se ha convertido en habitual, lo que reduce el efecto real de la medida mientras mantiene la presión sobre los centros.
Bibliotecas, laboratorios y espacios impropios convertidos en aulas
El diagnóstico de la Asamblea de Docentes describe una realidad especialmente preocupante desde el punto de vista de los derechos educativos.
En varios institutos, el número de grupos iguala o supera al de aulas disponibles. Esto ha obligado a reconvertir espacios educativos esenciales en aulas ordinarias:
- Bibliotecas y salones de actos utilizados como clases
- Laboratorios transformados en aulas permanentes
- Departamentos docentes ocupados por alumnado
- Antiguos baños adaptados como espacios educativos
En el IES León Felipe, por ejemplo, hay siete grupos más que aulas disponibles. En el IES Isaac Peral, el centro funciona exactamente al límite de su capacidad.
«La situación es insostenible. Los institutos públicos están absorbiendo el crecimiento del alumnado sin recursos ni espacios suficientes», señalan desde la Asamblea de Docentes.
Una saturación que afecta a la calidad educativa
La conversión de espacios no diseñados para la enseñanza tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa:
- Pérdida de espacios especializados
- Reducción del uso pedagógico de laboratorios y talleres
- Menor atención a la diversidad
- Mayor complejidad organizativa
Según el informe, no se trata solo de un problema de número de alumnos, sino de condiciones materiales en las que se desarrolla la enseñanza, un aspecto clave en el derecho a una educación de calidad.
La demanda: un nuevo instituto público en Torrejón
Ante esta situación, la Asamblea de Docentes plantea una reivindicación clara: la construcción urgente de un nuevo Instituto de Educación Secundaria público en Torrejón de Ardoz.
El profesorado considera que esta medida permitiría:
- Absorber el crecimiento del alumnado
- Reducir la presión sobre los centros existentes
- Recuperar espacios pedagógicos
- Garantizar el impacto real de la bajada de ratios
El informe concluye que esta no es una reivindicación ideológica, sino una «necesidad objetiva derivada de los datos».
Actualidad: presión educativa y debate político en Madrid
El problema de saturación en los centros públicos de la Comunidad de Madrid ha sido objeto de debate en los últimos años, con advertencias recurrentes por parte de sindicatos, asociaciones vecinales y formaciones políticas.
Según informaciones publicadas por eldiario.es sobre el aumento de ratios y la falta de plazas en la educación pública madrileña, sindicatos como CCOO Madrid y UGT Madrid han denunciado la insuficiente planificación de nuevos centros en zonas en expansión.
En esta misma línea, El País ha informado en varias ocasiones sobre la presión en colegios e institutos públicos en la Comunidad de Madrid vinculada al crecimiento urbanístico sin infraestructuras suficientes, una situación que afecta especialmente a municipios en expansión.
Por su parte, El Salto Diario ha recogido denuncias de la FRAVM sobre la falta de plazas públicas y la derivación de alumnado hacia la red concertada, alertando del impacto social de este desequilibrio en barrios con alta demanda educativa.
Desde el ámbito político, infoLibre ha publicado críticas de Más Madrid y PSOE a la política educativa regional, especialmente en relación con la cesión de suelo público a centros concertados, mientras el defiende la libertad de elección como eje del modelo.
En este contexto general, el Ministerio de Educación mantiene como objetivo la mejora de ratios y la equidad del sistema educativo, aunque la planificación de infraestructuras corresponde a las comunidades autónomas.
Desde la administración autonómica, la Comunidad de Madrid defiende que está reforzando el sistema educativo público mediante la reducción de ratios y el aumento de docentes, y no reconoce problemas estructurales de saturación como los denunciados por el profesorado.
Según declaraciones a Europa Press de Emilio Viciana, hasta el pasado 16 de febrero consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional «continúa aplicando su plan de bajada de ratios» y ha incorporado más de 2700 nuevos profesores para «mejorar la atención individualizada» en las aulas. En la misma línea, el Ejecutivo sostiene que estas medidas permiten adaptar el sistema al aumento de alumnado, aunque no hace referencia explícita a problemas de saturación en los centros.
