Resulta sobrecogedor, y a la vez un privilegio necesario, haber podido conversar extensamente con Alejandro Ibáñez en un momento tan crítico. A sus 81 años, este maestro de obras jubilado no es un número en un expediente; es uno de los cuatro últimos «resistentes» que aún habitan los Apartamentos San Francisco, en el corazón de La Latina.
Su relato, que fluye entre la lucidez técnica de quien conoce cada viga y la profunda herida emocional de quien ve su hogar asediado, refleja un estado de ánimo marcado por la máxima angustia ante un desalojo inminente en este marzo de 2026. A través de sus palabras, recorremos una cronología de desgaste institucional que comenzó hace dos años y que ha transformado su vejez en un pleito judicial. Sin embargo, frente al «oscurantismo» municipal y la amenaza de ser trasladado a una residencia lejana, Alejandro no está solo: su voz se alza con la firmeza de quien se sabe apoyado por la solidaridad de su barrio y asociaciones como La Chispera, en una batalla final por el derecho a existir con dignidad en su propio mapa del mundo:
«Soy Alejandro Ibañez (Maestro de obras) de 81 años, uno de los cuatro últimos residentes que quedamos resistiendo en los apartamentos de la calle Jerte, números 1 y 3, en pleno barrio de La Latina. Supero los ochenta años y llevo más de una década viviendo entre estas paredes.
Lo que para el Ayuntamiento de Madrid y sus técnicos es un simple expediente de regeneración urbana o un contrato de obras, para mis compañeros y para mí (éramos 61 en total) es nuestra vida entera. A fecha de marzo de 2026, nos enfrentamos a un desalojo inminente.
Comparto estas vivencias porque quiero que dejen de mirarnos como números en un papel o como meros ocupantes de un edificio con «patologías estructurales» y nos vean como lo que somos: seres humanos que se niegan a ser borrados de su propio hogar.
Para mí, este apartamento municipal no es un recurso asistencial temporal, es mi casa. Los que entramos aquí lo hicimos cumpliendo un requisito estricto: éramos mayores, sí, pero personas plenamente autónomas. Nos valemos por nosotros mismos.
Al desmantelar nuestro ecosistema vital, incluso con la promesa de que será temporal, están vulnerando mi derecho fundamental a envejecer en el lugar que he elegido, en paz y con dignidad.
Las cartas que el Ayuntamiento me envía no son simples notificaciones administrativas; son un asedio psicológico, un recordatorio mensual de que mi existencia aquí estorba. Desde hace dos años, cada mes recibimos una carta; llevan demasiado tiempo intentando desahuciarnos.
La geografía de mi arraigo: Mi barrio de La Latina y el mapa del mundo conocido
Para entender por qué me resisto con tantas fuerzas, tienen que comprender qué es La Latina para mí. A mi edad, mi hábitat no termina en la puerta de mi piso en la calle Jerte. Para nosotros, los mayores, nuestro entorno barrial representa nuestro mapa del mundo conocido.
Este mapa no es solo geografía urbana, es un proceso de amortiguación fundamental frente a los efectos de la tercera edad. Conocer cada esquina, anticipar cuánto tarda el semáforo, saber dónde hay un banco para descansar y saludar al tendero de siempre, compensan mis propias limitaciones físicas y la soledad.
Esa familiaridad es mi escudo protector. Si, por el contrario, nos obligan a marcharnos, cambia de golpe ese mapa del mundo y se rompen nuestras relaciones personales, nuestra identidad se diluye como un azucarillo en agua caliente.
Mi vida es una red viva que abarca las calles adoquinadas, la Cava Baja, las plazas de San Andrés y la Paja… El Mercado de la Cebada no es solo una nave donde hago la compra; es el lugar donde interactúo, donde ejerzo mi derecho a ser un vecino más y mantengo mi mente ágil. También respiro paseando por los jardines de Las Vistillas, tomando el sol y mirando hacia la Casa de Campo, como siempre hemos hecho los del barrio.
Si me sacan de aquí y me mandan a decenas de kilómetros, a un municipio periférico o a un distrito que no conozco, me extirpan de mi vida. En una residencia lejana y desconocida, sin mi mapa del mundo, el miedo a perderme me impediría salir.
Me quedaría confinado a un pasillo, y mi vigor físico y mental se apagarían rápidamente.
Y duele inmensamente ver cómo, mientras a nosotros nos expulsan por la fuerza, nuestro distrito se llena de apartamentos turísticos y alquileres de temporada a menudo vacíos.
¿Acaso el Ayuntamiento no podía haber buscado acuerdos para realojarnos temporalmente aquí mismo, en nuestro propio barrio? Claro que podían. Pero prefieren la vía fácil y burocrática de mandarnos a una macro-residencia antes que tener la sensibilidad de cuidarnos dentro de nuestra propia comunidad.
Genealogía de mi expulsión: El desgaste y la batalla legal
Nos han sometido a un desgaste institucional implacable. Así es como he vivido yo, desde mi apartamento, la cronología de esta pesadilla:
| Fecha / Periodo | Lo que hace el Ayuntamiento | Lo que siento y vivo yo |
| Mayo de 2024 | Aprueban un Acuerdo Marco de 122 millones de euros (adjudicado a Ferrovial). Nuestros hogares entran en el Lote 1. | Me doy cuenta de que mi hogar es una simple cifra en una macro-operación financiera millonaria. |
| 25 de Junio de 2024 | Recibo la primera carta de la Dirección General de Arquitectura pidiéndome salir por «mejoras y mantenimiento» (14 meses). | Pierdo la tranquilidad. Es el inicio del trauma. Al principio solo decían que era puro mantenimiento. |
| Septiembre de 2024 | Autorizan el contrato por más de 3,7 millones. Cambian el discurso: ahora hay «patologías de seguridad estructural». | Sospecho de todo. Siento que exageran el riesgo de ruina simplemente para asustarnos y forzar nuestra salida. |
| Finales de 2024 a mediados de 2025 | 57 de mis vecinos y amigos tiran la toalla y se van, muchos lejos o hacinados con familia. | Me quedo casi solo. El silencio en el edificio es sepulcral. Nos quedamos cuatro resistiendo la inmensa presión. |
| Junio de 2025 | El Ayuntamiento, con mis impuestos, decide llevarnos a los tribunales por la vía contencioso-administrativa. | Nos tratan como delincuentes. Transforman un conflicto social en un pleito contra ancianos vulnerables. |
| Febrero y Marzo de 2026 | El Juzgado nº 22 emite la orden. Recibimos la notificación para la entrada forzosa en nuestro domicilio. | Siento la máxima angustia, pero mantengo mi resistencia amparado por las asociaciones del barrio. |
El trato judicial que nos han dado es despiadado. Nos han denunciado a cada uno de los cuatro residentes en un juzgado diferente. ¿El objetivo? Que no podamos tener el mismo abogado de oficio y complicarnos la defensa.
Usan todo el poder de sus recursos legales para quebrar nuestra voluntad. Desde la administración y la prensa dicen a veces que nuestro rechazo es un simple «egoísmo» que retrasa las cosas, pero se equivocan. Es una cuestión de dignidad. Nos exigen que seamos sumisos, pero somos personas adultas capaces de evaluar los riesgos; no nos vamos a cansar ni nos vamos a dejar asustar.
La arquitectura como coartada: El miedo a perderlo todo
El discurso del Área de Obras es que tienen que gastar 3,8 millones para arreglar «patologías estructurales», humedades e instalar nuevas tuberías, ascensores y climatización, cumpliendo el Código Técnico de la Edificación. Se escudan en que las obras son tan inmensas que es «imprescindible» que el edificio esté totalmente vacío.
Pero yo vivo aquí cada día.
Este inmueble apenas supera los 35 años de antigüedad y sus paredes no muestran signos de ruina o grietas que nos vayan a caer encima mañana. Como maestro de obras he reparado multitud de edificios por todo Madrid con una cuadrilla de más cien operarios a mi cargo, ningún burócrata me va a enseñar el oficio.
Esa palabra, «patología», me suena a excusa técnica. Sé muy bien, y cualquiera que se dedique a la construcción lo sabe, que en hoteles, hospitales y grandes edificios residenciales, este tipo de obras se ejecutan por fases o por plantas. Sé que a la constructora le costaría más tiempo y más dinero, pero han priorizado los plazos y la comodidad de su cuenta de resultados por encima de mi derecho a vivir tranquilo.
Nunca han querido darnos el informe pericial técnico, pese a que la Asociación Vecinal La Chispera y nosotros lo hemos solicitado por registro incontables veces, la última este mismo 2 de marzo de 2026. Ese oscurantismo solo alimenta mi mayor temor: que detrás de esto exista un interés por cambiar el uso del edificio en el futuro. Lo tenemos claro: solo queremos que vuelvan nuestros compañeros y que empiecen las obras, porque no creemos que sea cierto que nos tengamos que ir para que puedan hacerlas.
Mi economía secuestrada: El copago Injusto
No solo intentan quitarme el techo, también amenazan mi modesta independencia económica. Los que logramos plaza aquí vivimos de pensiones justas. En los Apartamentos San Francisco mi copago mensual ha sido de entre el diez y el quince por ciento de mis ingresos.
Esa cuota me permite quedarme con un remanente en el bolsillo. Con ese dinero soy libre: compro mi comida, le hago un regalo a mi familia, me tomo un café en el barrio. En definitiva, soy dueño de mis ahorros.
El traslado forzoso a una residencia de mayores supone un atraco legal a mi pensión. Las normativas estipulan que en esos centros el copago puede subir hasta el 80 o el 86 por ciento de mis ingresos (llegando a topes de hasta 1800 euros al mes).
| Lo que afecta a mi bolsillo | Si me quedo en mi Apartamento | Si me llevan a la Residencia Impuesta | Mi Ruina |
| Lo que se quedan de mi pensión | 10% – 15% | 80% – 86% | Un incremento salvaje de hasta un 70% de coste. |
| Mi Autonomía Financiera | Alta. Retengo el 85-90% de mi dinero para mi libre consumo en La Latina. | Nula. Me dejan un porcentaje miserable, apenas un «dinero de bolsillo». | Pierdo mi capacidad de ahorro, mi autonomía y me hacen depender totalmente del sistema. |
El Ayuntamiento promete que al volver mantendré mis condiciones económicas. Pero la obra lleva paralizada y retrasada más de un año, y mientras tanto pretenden que yo pague de mi bolsillo servicios (como atención geriátrica 24h, enfermería constante o dietas) que, siendo autónomo, ni he solicitado ni me hacen falta. Me expropian mi capital y me roban la soberanía sobre mi propia vida.
El trauma del encierro: De ser libre a ser paciente
Para entrar a vivir a San Francisco el Ayuntamiento nos exigió una cosa: valernos por nosotros mismos. Y así éramos los 61, personas vitales, integradas y autónomas. Sin embargo, el Área de Políticas Sociales decidió unilateralmente que nuestro destino temporal serían centros fuertemente medicalizados.
El caso más incomprensible y doloroso es el de los dieciocho compañeros a los que derivaron a centros como Santa Engracia o, lo que es peor, al Centro Integrado Margarita Retuerto. Ese lugar es una residencia altamente especializada en el cuidado de personas con Alzheimer avanzado y demencias.
Imagínense la tortura que supone para una persona mayor con la cabeza lúcida, acostumbrada a pasear por el centro de Madrid y decidir sus horarios, verse encerrada en un centro estructurado para el cuidado paliativo y la contención.
El Ayuntamiento lo intenta vender en la prensa como si nos hicieran un favor dándonos una «cobertura completa de servicios», pero yo sé lo que es: es institucionalización forzosa. Es convertir a un ciudadano libre en un paciente cautivo.
Además, nos mandan lejísimos. Las alternativas que dieron suponían en muchos casos exilios a Alcalá de Henares, Navalcarnero o El Álamo, a veces a más de cincuenta kilómetros de nuestro barrio.
A esa distancia nadie del barrio puede ir a visitarte. Pierdes tu red vecinal de golpe. Muchos de mis compañeros que se fueron han sufrido lo que los psicólogos llaman «Síndrome de Estrés por Reubicación»: depresión, desorientación y un bajón de salud inmenso. Algunos, en ese caos de mudanzas institucionales, han perdido para siempre recuerdos materiales y pertenencias insustituibles. Si veo que mis amigos enferman por culpa del traslado, ¿cómo esperan que yo me someta dócilmente a lo mismo?
Mi resistencia y nuestras exigencias
Afortunadamente, no peleo solo. Mi voz se ha unido a la de los vecinos del Distrito Centro, gracias al amparo inquebrantable de la Asociación Vecinal La Chispera y la Asociación Cavas-La Latina. Juntos, frente a la maquinaria municipal, hemos dejado muy claras cuáles son nuestras demandas irrenunciables:
- Paralización inmediata de cualquier orden de desalojo forzoso y del acoso judicial.
- Transparencia total. Exigimos que publiquen el informe técnico de la obra. Queremos auditar por qué dicen que es imposible hacer la reforma con nosotros dentro.
- Garantías reales. Queremos un papel firmado por el Ayuntamiento que asegure el retorno de las 61 personas, manteniendo hasta la última coma de nuestras condiciones económicas originales.
- Uso público asegurado. Exigimos garantías de que el edificio de la calle Jerte no se privatizará ni se convertirá al mercado turístico, manteniendo su función como apartamentos para mayores.
- Obras por fases. La constructora debe rediseñar su plan. Que asuman los sobrecostes que haga falta, pero la obra se debe hacer por plantas, permitiendo que podamos quedarnos a vivir dentro durante el proceso.
Reflexión final: Las heridas de la ciudad
No somos un problema logístico, no somos una patología estructural ni un estorbo para los planes de la administración. Somos las personas mayores que han construido esta ciudad y que exigimos envejecer en el entorno que amamos.
En esta etapa de nuestras vidas, nuestros apartamentos y nuestras calles son el esqueleto que nos mantiene en pie. Desahuciarnos de nuestro hogar y arrebatarnos nuestro mundo conocido, bajo excusas de seguridad, es provocarnos la mayor de las inseguridades vitales.
Pero nuestro caso trasciende las paredes de la calle Jerte. Lo que estamos sufriendo es un caso flagrante de edadismo al extremo. Se atropella a las personas de la tercera edad y se nos aparta de la vida pública por considerarnos prescindibles.
Ante esta crueldad institucional, resulta inevitable preguntarse: ¿dónde están los autoproclamados valores cristianos de la derecha que gobierna esta ciudad cuando se trata de proteger a sus mayores más vulnerables?, Sí, lo entiendo, un cristianismo de ir de domingo a Misa y ponerse en primera fila y dejar unos euros en el cepillo, eso es todo.
La gentrificación actúa como una apisonadora y una trituradora al mismo tiempo, que reescribe el presente a golpe de normas urbanísticas diseñadas para expulsar al vecino y acoger al turista o al inversor.
Ante esto, la pregunta es obligada: ¿quién sale ganando en estos atropellos? Sí, lo entiendo, el inversor en busca de un beneficio especulativo. Desde luego, no somos los ciudadanos.
Con cada desalojo, la ciudad recibe varios latigazos a un tiempo: el edadismo, la gentrificación, la deshumanización y la pérdida irreparable de su identidad. La administración debe dejar de judicializar nuestra vejez, escuchar nuestra voz y entender que defender estas paredes es, simple y llanamente, defender la dignidad de todo un barrio.
Sí. Lo entiendo, los poderosos se ceban con los débiles, nos ven y nos tratan como elementos a reciclar, y cuando no pueden cambian las leyes para escudarse en la LEY.
No soy un problema logístico, no soy una patología estructural ni un estorbo para los planes de la administración. Soy una persona mayor que ha construido esta ciudad y que exige envejecer en el entorno que ama. En esta etapa de mi vida, mi apartamento y mis calles son el esqueleto que me mantiene en pie. Desahuciarme de mi hogar y arrebatarme mi mundo conocido, bajo excusas de seguridad, es provocarme la mayor de las inseguridades vitales.
La administración debe dejar de judicializar nuestra vejez, escuchar nuestra voz y entender que defender estas paredes es, simple y llanamente, defender mi derecho a existir dignamente».
