La educación pública madrileña atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. En una comunidad que lidera los principales indicadores económicos del país, el sistema educativo se ha convertido en un espacio de conflicto permanente, marcado por la infrafinanciación, la desigualdad y una creciente desafección social.
Madrid, con una renta per cápita muy por encima de la media nacional, se sitúa sin embargo entre las comunidades que menos invierten por alumno en educación pública, tanto en las etapas obligatorias como en la universidad. Esta contradicción ha generado un malestar sostenido que se expresa en huelgas docentes, protestas de familias y un volumen récord de quejas ante el Defensor del Pueblo.
El problema no es coyuntural. Los datos apuntan a déficits estructurales que atraviesan todo el sistema: centros deteriorados, Formación Profesional colapsada, universidades asfixiadas financieramente y una segregación escolar que sitúa a Madrid entre las regiones más desiguales de Europa.
El marco financiero y la paradoja de la inversión regional
Los presupuestos educativos de la Comunidad de Madrid para 2024 y 2025 consolidan una tendencia ya conocida: mientras el discurso oficial insiste en cifras récord de gasto, el análisis comparado revela un modelo sostenido de baja intensidad inversora que sitúa a la región muy por debajo de los estándares europeos, pese a su fortaleza económica.
A este modelo de baja intensidad inversora se suma un trasvase progresivo de recursos hacia la red privada y concertada, en detrimento de la pública, que distorsiona la lectura global del gasto educativo. Aunque la Comunidad de Madrid presenta sus presupuestos como expansivos, una parte creciente del esfuerzo financiero se canaliza a través de conciertos, becas y ayudas indirectas, mientras la red pública afronta déficits estructurales de personal, infraestructuras y servicios básicos. Este desplazamiento no incrementa el gasto total del sistema, pero sí altera su orientación, reforzando la oferta privada al tiempo que se contiene la inversión directa en centros públicos.
Madrid combina dos magnitudes que rara vez conviven: una de las rentas per cápita más altas de España y una de las inversiones públicas por alumno más bajas del país. Esta paradoja no se explica únicamente por una mayor aportación del gasto privado de las familias, sino por la existencia de un vacío estructural de inversión, un «fleco» de aproximadamente 2800 millones de euros anuales que simplemente no se gastan y que marcan la diferencia real con los sistemas educativos europeos.
El desfase de los 2800 millones es la diferencia entre la aportación de la Comunidad de Madrid a la educación —situada entre el 2,1 por ciento y el 2,2 por ciento del PIB, a la que se suma la aportación de las familias— y una inversión media europea del 4,5 por ciento
Si se suma el presupuesto educativo autonómico al elevado gasto privado que asumen las familias madrileñas —estimado en torno a los 5000 millones de euros—, Madrid debería aproximarse a la media europea de inversión educativa. Sin embargo, ese nivel nunca se alcanza. La razón es simple y políticamente relevante: nadie cubre ese diferencial. No lo hace el Estado, no lo hacen las familias y tampoco lo hace la Comunidad de Madrid. Es ahorro presupuestario neto.
El «efecto denominador»: riqueza regional y salarios contenidos
Una parte central de este desfase se explica por un fenómeno macroeconómico clave. Madrid es una región muy rica en términos de PIB debido a la concentración de sedes empresariales y beneficios corporativos, pero los salarios del profesorado —tanto en la red pública como en la concertada— no están indexados a esa riqueza, sino a tablas salariales administrativas homogéneas para todo el Estado.
En los sistemas educativos del norte de Europa, el gasto en personal crece en proporción a la riqueza generada. En Madrid ocurre lo contrario: la economía regional se expande mucho más rápido que las nóminas educativas. La diferencia entre pagar a los docentes «a precio europeo» o mantenerlos en un marco salarial estándar mientras la región produce como una potencia económica se traduce en cientos de millones de euros de ahorro estructural.
Es un efecto parecido al que se produce en la Sanidad Pública en Madrid.
Inversión por alumno: la infrafinanciación real
El grueso de esos 2800 millones se materializa en una infrafinanciación directa por alumno. Madrid compite de forma recurrente por los últimos puestos en inversión educativa pública por estudiante, muy lejos de comunidades como País Vasco o Navarra, que llegan a invertir casi el doble.
Este ahorro no es abstracto: se concreta en decisiones muy precisas. Ratios elevadas que evitan el desdoble de aulas, especialmente en Bachillerato; una dotación claramente insuficiente de orientadores, especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje; y una escasez crónica de personal no docente —administrativos, auxiliares o enfermeras escolares— que en otros países europeos forma parte del estándar educativo.
El «bonus» de la densidad urbana
Madrid cuenta, además, con una ventaja estructural que le permitiría invertir más, no menos. Su alta densidad de población reduce significativamente los costes educativos frente a regiones rurales o dispersas: menos transporte escolar, centros más grandes y eficientes, menores costes de mantenimiento por alumno.
Esta economía de escala urbana genera un ahorro legítimo frente a la media europea. Sin embargo, lejos de reinvertirse en calidad educativa, ese margen se convierte en otro componente del ahorro presupuestario que amplía la brecha con Europa.
Universidad pública e I+D: el vacío estratégico
Una parte sustancial del gasto educativo en los países europeos se concentra en la universidad pública y la investigación. En Madrid, por el contrario, la financiación universitaria cubre apenas el gasto corriente básico: nóminas, suministros y mantenimiento mínimo.
La ausencia de una apuesta decidida por la I+D pública explica otra fracción relevante de esos 2800 millones no invertidos. Son recursos que, en otros sistemas, se traducen en proyectos de investigación potentes, renovación de infraestructuras científicas y atracción de talento. En Madrid, ese impulso no llega, debilitando el papel estratégico de la universidad pública en el desarrollo regional.
Un modelo de ahorro estructural
El resultado es un modelo coherente en sí mismo, pero políticamente significativo: Madrid no tiene un problema de falta de recursos, sino de prioridades. La combinación de salarios contenidos, baja inversión por alumno, aprovechamiento no redistributivo de la densidad urbana y mínima apuesta por la universidad pública permite a la administración regional mantener un nivel de gasto educativo sensiblemente inferior al europeo sin trasladar íntegramente el coste a las familias.
Ese «fleco» de 2800 millones de euros no es una anomalía contable, sino el núcleo del modelo. Es la distancia real entre un sistema educativo funcional y uno plenamente equiparable a los estándares europeos de calidad, equidad y recursos.
Infraestructuras educativas: el coste del modelo de «construcción por fases»
Las infraestructuras escolares se han convertido en uno de los principales focos de conflicto. El modelo de «construcción por fases» , aplicado de forma sistemática en nuevos desarrollos urbanos, ha generado centros abiertos de manera incompleta, sin gimnasios, bibliotecas o laboratorios durante años.
Más de 50.000 alumnos comenzaron el curso 2024/2025 en centros afectados por obras, ampliaciones inacabadas o aulas prefabricadas que han dejado de ser soluciones temporales para convertirse en estructuras permanentes.
A este problema se suma la obsolescencia de los centros antiguos, con casos documentados de amianto, grietas estructurales y sistemas de climatización deficientes. La negativa de la Comunidad a impulsar un plan integral de climatización escolar ha intensificado el malestar de las familias, que denuncian temperaturas extremas en las aulas.
Formación Profesional: colapso del sistema público y deriva privatizadora
La Formación Profesional es uno de los ámbitos donde el deterioro resulta más evidente. En el curso 2024-2025, más de 48.000 jóvenes se quedaron sin plaza en la FP pública solicitada como primera opción. Más de la mitad del alumnado fue excluido por falta de oferta.
El déficit es especialmente grave en los ciclos de Grado Superior, lo que ha favorecido un crecimiento acelerado de los centros privados. En algunas ramas estratégicas, como la sanitaria, casi el 80 por ciento del alumnado ya estudia en centros privados.
Además de la escasez de plazas, las ratios en la FP pública son significativamente más altas que en la privada, lo que compromete la calidad de una formación que exige atención personalizada y práctica intensiva. La consecuencia es una brecha educativa y social que condiciona el acceso al empleo cualificado.
Segregación escolar y el conflicto de la doble red
Madrid se ha consolidado como la comunidad con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico de España. La convivencia de una red pública tensionada y una concertada que actúa como filtro económico explica buena parte del fenómeno.
El cobro sistemático de cuotas en centros concertados —ilegales en la práctica, aunque normalizadas— es el principal mecanismo de exclusión. En la capital, dos de cada tres colegios concertados superan los 1500 euros anuales en cuotas, una barrera infranqueable para muchas familias.
El resultado es una concentración creciente de alumnado vulnerable en la red pública, sin los recursos suficientes para compensar esa desigualdad estructural.
Salud mental en las aulas: una emergencia sin respuesta
La crisis de salud mental infantil y juvenil ha irrumpido con fuerza en los centros educativos madrileños. El aumento de casos de ansiedad, depresión y conductas autolíticas ha desbordado a unos centros que carecen de recursos especializados.
El profesorado denuncia la falta de protocolos claros y de formación específica. La figura de la enfermera escolar, respaldada por una amplia mayoría de familias y docentes, sigue siendo una asignatura pendiente en la mayor parte de la red pública.
La saturación de los servicios públicos de salud mental deja a los centros educativos gestionando situaciones de extrema gravedad sin apoyo externo suficiente.
Condiciones laborales docentes y ruptura del acuerdo sectorial
El conflicto laboral atraviesa todo el sistema. Las horas lectivas en Madrid siguen por encima de la media nacional, y la reversión de los recortes de 2012 continúa sin materializarse.
La ruptura de las negociaciones del acuerdo sectorial y la publicación unilateral de instrucciones de inicio de curso han provocado huelgas masivas, con un seguimiento superior al 70 por ciento. A ello se suma una carga burocrática creciente que resta tiempo a la tarea educativa.
La falta de personal de administración y servicios agrava el problema, afectando incluso a la seguridad y limpieza de los centros.
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