El Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de la documentación oficial relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F), una decisión histórica que permitirá el acceso público a archivos hasta ahora reservados.
Según informó La Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este 24 de febrero de 2026, el Ejecutivo impulsa esta medida en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y del nuevo marco normativo sobre información clasificada. La apertura de estos fondos afecta a documentación custodiada por distintos ministerios y organismos del Estado.
La decisión supone un paso relevante en términos de transparencia institucional, acceso a la información pública y derecho a la verdad, principios que afectan directamente a los ciudadanos como titulares de derechos y como parte activa de la memoria colectiva democrática.
Desclasificación del 23-F: alcance del acuerdo del Consejo de Ministros
El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros autoriza la desclasificación de documentación vinculada al intento de golpe de Estado del 23-F, protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y otros mandos militares y civiles, que mantuvo secuestrado al Congreso de los Diputados durante más de diecisiete horas.
Según detalló el Ejecutivo, el objetivo es facilitar el acceso a fondos documentales que obran en poder de distintos departamentos ministeriales, entre ellos Interior, Defensa y Presidencia, así como en archivos estatales.
La decisión se adopta tras el análisis técnico y jurídico de los documentos afectados, y en aplicación del marco que regula la desclasificación de información cuando desaparecen las razones de seguridad nacional que justificaron su reserva.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática subrayan que la medida «responde al compromiso del Gobierno con el derecho a la verdad, la transparencia y el fortalecimiento de la cultura democrática».
Transparencia y derecho de acceso a la información
Desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, la desclasificación del 23-F conecta con el artículo 105.b) de la Constitución Española, que reconoce el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, así como con la Ley de Transparencia y la Ley de Memoria Democrática.
Para asociaciones memorialistas y organizaciones de derechos humanos, el acceso a estos documentos no constituye únicamente una cuestión historiográfica, sino un elemento esencial para consolidar garantías de no repetición.
Amnistía Internacional España ha señalado en distintas ocasiones que el acceso a los archivos estatales vinculados a episodios críticos de la historia reciente «fortalece las instituciones democráticas y contribuye a cerrar espacios de opacidad».
Desde el Ministerio del Interior recuerdan que los archivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se someten a revisión periódica para evaluar la vigencia de la clasificación de determinados documentos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa mantiene fondos documentales relativos a la actuación de unidades militares durante los hechos de febrero de 1981, cuya revisión técnica resulta imprescindible antes de su apertura.
¿Qué documentación podría hacerse pública?
Aunque el Ejecutivo no ha detallado uno por uno los documentos afectados, la desclasificación podría incluir:
- Informes internos elaborados por ministerios durante y después del golpe.
- Comunicaciones entre mandos militares y autoridades civiles.
- Notas de inteligencia relacionadas con la planificación o seguimiento de los acontecimientos.
- Informes jurídicos previos y posteriores a los juicios del 23-F.
El proceso será progresivo y se coordinará con el Archivo General de la Administración y otros archivos estatales, garantizando la protección de datos personales cuando sea necesario conforme a la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destacan que «la apertura documental debe conjugar el derecho a la información con la protección de datos y la seguridad jurídica».
El 23-F en la memoria democrática española
El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 marcó uno de los momentos más delicados de la Transición española. La irrupción armada en el Congreso de los Diputados, las dudas en distintos cuarteles y la intervención institucional posterior constituyen un episodio clave para entender la consolidación democrática.
Durante décadas, parte de la documentación oficial permaneció clasificada por razones de seguridad nacional. La decisión adoptada ahora por el Consejo de Ministros se produce cuando han transcurrido 45 años de los hechos, lo que reduce sustancialmente cualquier riesgo operativo o estratégico derivado de su publicidad.
Para historiadores, juristas y ciudadanos interesados, la medida abre una nueva etapa en el estudio académico y en la comprensión institucional del golpe.
Actualidad: reacciones institucionales y sociales
En las horas posteriores al anuncio, diversas instituciones y organizaciones han valorado la decisión.
Desde el Ministerio del Interior subrayan que la desclasificación «refuerza la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y demuestra la madurez del sistema constitucional».
El Ministerio de Defensa ha señalado que colaborará «con plena lealtad institucional en el proceso técnico de revisión y transferencia documental».
Por su parte, responsables del área de Memoria Democrática han afirmado que el acuerdo «consolida una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad y a facilitar el trabajo de investigadores y periodistas».
Organizaciones como Amnistía Internacional han acogido la medida como «un avance positivo en materia de transparencia y rendición de cuentas», aunque recuerdan la importancia de que el proceso sea completo y no selectivo.
En el ámbito académico, distintos expertos en Historia Contemporánea han señalado que el acceso a nuevas fuentes primarias permitirá revisar interpretaciones consolidadas y profundizar en el análisis de responsabilidades políticas y militares.
Una decisión con impacto para ciudadanos y periodistas
Desde el punto de vista del derecho de los usuarios y consumidores de información pública, la desclasificación del 23-F fortalece el acceso a contenidos que forman parte del patrimonio documental común.
El periodismo de investigación podrá contrastar versiones, analizar decisiones adoptadas en contextos de crisis y evaluar el funcionamiento real de las instituciones democráticas en situaciones extremas.
Además, el acceso a archivos públicos favorece la educación cívica y el conocimiento crítico por parte de las nuevas generaciones, especialmente en un contexto de creciente desinformación.
La apertura documental no altera los hechos judiciales ya juzgados, pero sí amplía el conocimiento público sobre cómo actuaron las distintas estructuras del Estado en un momento decisivo.
Conclusión: memoria, transparencia y calidad democrática
La desclasificación de la documentación sobre el 23-F aprobada por el Consejo de Ministros constituye una decisión de alto valor democrático. Supone avanzar en transparencia institucional, reforzar el derecho ciudadano a la información y consolidar la memoria democrática.
La medida se alinea con los principios constitucionales de acceso a los archivos públicos y con el compromiso del Estado de garantizar el conocimiento veraz de su propia historia reciente.
Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado, el acceso a estos documentos permitirá analizar con mayor profundidad uno de los episodios más sensibles de la democracia española y contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones.
