El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) constituye uno de los instrumentos centrales de protección laboral en España. Nació en pleno desarrollismo franquista, se transformó con la llegada de la democracia y ha experimentado importantes variaciones según el color político de los gobiernos en La Moncloa.
En 2026, tras la última subida acordada por el Gobierno con los sindicatos, el SMI se sitúa en 1221 euros brutos mensuales en catorce pagas, equivalente a 17.094 euros anuales.
Esta evolución no solo refleja decisiones económicas, sino también debates sobre justicia social, competitividad y cohesión territorial.
Los orígenes del SMI: razones políticas y sociales
El salario mínimo se reguló por primera vez en España en 1963, en un contexto de transformación económica y apertura internacional. El régimen franquista impulsaba entonces el crecimiento industrial y la modernización productiva. La regulación del salario mínimo respondía a varias razones:
- Establecer un suelo salarial común en un mercado laboral fragmentado.
- Reducir conflictos sociales derivados de la desigualdad salarial.
- Adaptarse a estándares internacionales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT defiende que el salario mínimo debe garantizar «condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias». Aunque en sus primeras décadas el SMI tuvo un impacto limitado, sentó las bases de una política pública que la Constitución de 1978 reforzaría al reconocer el derecho a una remuneración suficiente en su artículo 35.
Con la llegada de la democracia, el salario mínimo dejó de ser un instrumento meramente administrativo para convertirse en una herramienta central de política social y redistribución.
Evolución desde 1975: democracia y cambios de ciclo
Desde 1975, la evolución del SMI ha estado vinculada a la orientación económica de cada gobierno.
UCD (1977-1982)
Durante la Transición, los ejecutivos de la Unión de Centro Democrático (UCD) gestionaron una economía marcada por la crisis del petróleo y la inflación elevada. Las subidas del SMI resultaron moderadas y, en muchos casos, absorbidas por la inflación. El objetivo prioritario consistía en estabilizar la economía y contener los precios.
PSOE (1982-1996)
Los gobiernos socialistas de Felipe González aplicaron incrementos progresivos, aunque prudentes, en un contexto de reconversión industrial y entrada en la Comunidad Económica Europea. La prioridad era consolidar el empleo y la modernización económica. El SMI creció de forma sostenida, pero sin saltos bruscos.
PP (1996-2004)
Con José María Aznar en La Moncloa, el crecimiento económico y la reducción del desempleo marcaron la agenda. Sin embargo, los incrementos del SMI fueron limitados en términos reales. Las organizaciones sindicales denunciaron entonces pérdida de poder adquisitivo.
PSOE (2004-2011)
Durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se registraron aumentos más significativos, en línea con una agenda de ampliación de derechos sociales. No obstante, la crisis financiera de 2008 frenó el ritmo de crecimiento.
PP (2011-2018)
En plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo subidas muy moderadas hasta 2017. Solo en la etapa final del mandato se aprobaron incrementos más visibles, tras acuerdos con los sindicatos.
PSOE y coalición progresista (2018-2026)
A partir de 2018, el SMI experimentó el mayor salto de su historia reciente. En 2019 pasó de 735 a 900 euros mensuales. Posteriormente continuaron las subidas hasta alcanzar 1134 euros en 2024 y 1221 euros en 2026.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social defiende que esta senda ha permitido aproximar el salario mínimo al 60 por ciento del salario medio, en línea con las recomendaciones europeas.
La Comisión Europea y la Unión Europea promueven marcos para garantizar salarios mínimos adecuados en todos los Estados miembros.
Diferencias ideológicas en las subidas
El análisis comparado evidencia tendencias diferenciadas:
- Gobiernos conservadores (UCD y PP): incrementos más moderados, priorizando la contención de costes empresariales y la estabilidad macroeconómica.
- Gobiernos socialdemócratas (PSOE): mayor énfasis en la redistribución y en la mejora del poder adquisitivo.
- Coaliciones progresistas recientes: aumentos más intensos vinculados a la lucha contra la pobreza laboral y la desigualdad.
Desde Comisiones Obreras se sostiene que «las subidas del SMI han demostrado que mejorar salarios no destruye empleo». UGT añade que el salario mínimo «corrige desequilibrios estructurales del mercado laboral».
Por su parte, la CEOE y la CEPYME han advertido en diversas ocasiones que incrementos acelerados pueden afectar a pequeñas empresas y sectores con márgenes estrechos.
Impacto económico y social acumulado
El salario mínimo influye en múltiples variables:
- Condiciones de vida y consumo interno.
- Brecha salarial de género.
- Negociación colectiva.
- Recaudación fiscal y cotizaciones sociales.
Estudios académicos recientes señalan que las fuertes subidas desde 2019 no han provocado una destrucción masiva de empleo como pronosticaban la CEOE-CEPYME y la derecha y ultraderecha política, aunque sí han generado tensiones en determinados sectores.
Desde la perspectiva de los derechos de los consumidores y usuarios, un salario mínimo suficiente contribuye a sostener la demanda interna y el equilibrio social. La suficiencia salarial se vincula también al acceso a vivienda, educación y servicios básicos.
Actualidad
En 2026, el Gobierno de España ha acordado con CC OO y UGT una nueva subida del 3,1 por ciento, hasta situar el SMI en 1221 euros mensuales en catorce pagas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que «el salario mínimo es una herramienta de justicia social imprescindible». El presidente Pedro Sánchez defendió que «España crece cuando sus trabajadores mejoran su poder adquisitivo».
El acuerdo no contó con el respaldo de la patronal. La CEOE reiteró su preocupación por el impacto en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Ejecutivo subraya que la economía española mantiene crecimiento y niveles elevados de afiliación a la Seguridad Social.
En el plano parlamentario, formaciones como PSOE, SUMAR, ERC, Junts, Bildu y PNV han mostrado posiciones diversas respecto al ritmo de las subidas, aunque coinciden en la necesidad de garantizar salarios dignos.
La directiva europea sobre salarios mínimos adecuados refuerza este debate, al establecer criterios comunes en la Unión.
