El calendario político de España ha marcado en rojo este mes de febrero de 2026. Mientras el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsada por la ministra Mónica García, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaraba la guerra abierta a lo que considera una «revolución» diseñada para desmantelar su región.
Nos encontramos ante el colapso definitivo del consenso sanitario forjado en 1997. Dos visiones antagónicas del Estado chocan frontalmente: una que busca blindar lo público restringiendo el lucro empresarial, y otra que defiende la colaboración público-privada como bastión de libertad y eficiencia.
Este reportaje analiza la anatomía de un conflicto que se libra en los despachos ministeriales, en los hospitales concesionados y en las calles.
El Ocaso de la Ley 15/97 y el nuevo «blindaje» público
Para entender la magnitud del seísmo actual, hay que mirar atrás. Durante casi tres décadas, la sanidad española operó bajo el paraguas de la Ley 15/1997, una norma que habilitó la entrada de la gestión privada en la provisión de servicios públicos. Fue la llave maestra que permitió modelos emblemáticos como el de Alzira o la red de hospitales concesionados de Madrid. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha decretado el fin de esta era.
El diagnóstico del equipo de Mónica García es severo: el modelo de 1997 se ha «pervertido». Lo que nació como una herramienta de flexibilidad se ha transformado, según el Ministerio, en una «parasitación» de los recursos colectivos. Los datos del «Informe 2025» revelan que, entre 2011 y 2023, el gasto público destinado a conciertos privados se disparó un 84,6 por ciento, y el número de hospitales privados integrados en la red pública creció un 36,8 por ciento.
La respuesta del Gobierno es la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad. Esta norma no solo prioriza la gestión directa, sino que impone una «triple cerradura» a la privatización.
Para que una comunidad autónoma pueda externalizar un servicio, deberá demostrar simultáneamente ante un comité de expertos:
- que es incapaz de prestarlo con medios propios,
- que la opción privada es más eficiente y sostenible, y
- que se garantizan los mismos estándares de calidad.
Es un cambio de paradigma: la gestión privada pasa de ser una alternativa libre a una excepción que debe justificarse bajo lupa técnica.
La trinchera de Madrid: «Quieren la Revolución»
Al otro lado del tablero, la Comunidad de Madrid ha reaccionado con virulencia. Isabel Díaz Ayuso no interpreta la ley como una reforma técnica, sino como una agresión ideológica. «Quieren la revolución», ha afirmado la presidenta, utilizando un término que busca vincular la regulación estatal con procesos de desestabilización institucional y «juego sucio».
Para el gobierno regional, la ley es un «caballo de Troya» diseñado por una izquierda que, incapaz de ganar en las urnas madrileñas, utiliza el BOE para «desguazar» un modelo de éxito. Ayuso defiende que su sistema es una «pieza esencial a batir» por su simbolismo liberal y acusa a Sánchez y García de actuar movidos por la «envidia y el sectarismo».
El temor en la Puerta del Sol es fundado: la nueva ley ataca la línea de flotación de su estructura hospitalaria. La normativa dificulta enormemente la renovación de los contratos de hospitales insignia como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Villalba o el de Torrejón.
Madrid argumenta que se trata de una persecución ad hominem: ¿Por qué se pone el foco en Madrid cuando en Cataluña el 70 por ciento de los hospitales son de titularidad o gestión privada?
La Batalla de los Datos. «Cherry-picking» vs. Eficiencia
El enfrentamiento retórico se sustenta en una guerra de cifras contradictorias sobre qué modelo es más eficiente.
La acusación del Ministerio: Selección de pacientes
Mónica García basa su reforma en la evidencia del cherry-picking o selección de pacientes. El Ministerio sostiene que la eficiencia privada es «aparente» porque el sector mercantil selecciona los procesos rentables y de baja complejidad, dejando al sistema público la carga de los pacientes costosos y crónicos.
Los datos son contundentes: el SNS público asume el cien por ciento de los trasplantes cardíacos, pulmonares y de médula ósea, así como la atención a grandes quemados y neonatos de bajo peso.
La privada, según este análisis, actúa como un complemento que se lucra con lo sencillo mientras la pública actúa de red de seguridad financiera para lo complejo.
La defensa del sector privado y Madrid
La patronal ASPE y la Fundación IDIS niegan la mayor. Advierten de un «colapso inmediato» si se prescinde de su colaboración, argumentando que sus procedimientos son un 44 por ciento más baratos que los públicos y que operan al 70 por ciento de sus pacientes en menos de quince días.
Ayuso y la patronal señalan la hipocresía del Gobierno al renovar el concierto de Muface en 2025 mientras ataca la colaboración público-privada en el resto del sistema.
El «Caso Torrejón» y la ética del lucro
La teoría se ha visto sacudida por la realidad del «Caso Torrejón». A finales de 2025, la filtración de audios de la directiva de Ribera Salud, gestora del Hospital de Torrejón, expuso las costuras éticas del modelo concesional. Las grabaciones revelaron instrucciones para aumentar deliberadamente las listas de espera (ahorrando en personal) y rechazar a pacientes «no cápita» (de otras zonas) si sus patologías no eran rentables, todo para alcanzar objetivos de EBITDA millonarios.
Mónica García no ha dudado en calificar esto de «corrupción institucional», sugiriendo que retrasar la atención por motivos económicos podría constituir delito de lesiones.
Este escándalo ha dado munición a la nueva ley, que incluye el término «Integridad» en su título y refuerza la Alta Inspección para auditar derivaciones y evitar que los pacientes sean tratados como mercancía.
Ayuso, por su parte, se ha negado a abrir comisiones de investigación, enmarcando las denuncias en la campaña de acoso político.
Asfixia financiera y listas de espera de «castigo»
Más allá de los escándalos, la gestión diaria en Madrid muestra grietas profundas. La región, pese a ser la más rica, invierte solo 1468 euros por habitante en sanidad, frente a los 2436 de Asturias o los 2305 del País Vasco.
Esta infrafinanciación estructural, denunciada por sindicatos como una «asfixia planificada», golpea especialmente a la Atención Primaria: solo el 18,8 por ciento de los médicos trabajan en centros de salud, provocando el colapso de las urgencias.
El debate sobre las listas de espera ilustra la perversión del sistema.
Madrid presume de una demora media quirúrgica de 49 días, la mejor de España. Sin embargo, este dato esconde una trampa: aquellos pacientes que rechazan ser derivados a un centro privado (ejerciendo su derecho a ser operados en la pública) pasan a una lista de espera «de castigo» donde la demora se dispara a más de 130 días.
Para el Ministerio, esto es coacción institucional para trasvasar fondos a las empresas.
La calle y los profesionales: huelga y protestas
La tensión política se ha trasladado a la calle y a los hospitales.
La Marea Blanca: El 8 de febrero de 2026, más de 40.000 personas tomaron Madrid exigiendo el fin del «desmantelamiento». Reclamaban mejoras laborales (los sanitarios madrileños se sienten los peor pagados en relación al coste de vida) y un rescate de la Atención Primaria. Ayuso despachó la marcha como una maniobra política de la izquierda.
La huelga médica nacional: Paradójicamente, el Ministerio también tiene un frente abierto. La reforma del Estatuto Marco ha provocado una huelga médica indefinida. Aunque García ha pactado mejoras con los sindicatos generalistas (reducción de jornada, jubilación flexible), los médicos exigen un «Estatuto Médico» propio, sintiendo que la nueva norma diluye su autoridad y formación.
La ministra se mantiene firme en evitar los «compartimentos estancos», pero el conflicto amenaza con paralizar el sistema.
Un futuro pendiente del Parlamento
La Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS es la apuesta más ambiciosa de la legislatura para revertir tres décadas de privatización. Su éxito o fracaso definirá el modelo de Estado para la próxima generación.
Sin embargo, el camino está minado. El Gobierno depende de una aritmética parlamentaria endiablada. Mientras PP y Vox prometen una oposición frontal, el futuro de la ley descansa, irónicamente, en manos de los nacionalistas conservadores (PNV y Junts), defensores históricos de la colaboración público-privada y celosos de sus competencias autonómicas. El Gobierno espera seducir a Junts vinculando la ley a la financiación autonómica de 2027, pero el resultado es incierto.
Si la ley se aprueba, España transitará hacia un sistema donde el lucro en salud será una anomalía que habrá que justificar. Si fracasa, o si Madrid logra blindarse judicialmente alegando invasión de competencias, el país podría consolidar la fractura en dos modelos sanitarios irreconciliables: uno de mercado y otro de derecho público garantizado.
La «revolución» de la que habla Ayuso y la «integridad» que defiende García están, ahora mismo, en manos de los diputados y de la capacidad de resistencia de un sistema sanitario exhausto.
