La deriva del sistema sanitario en Madrid no es un fenómeno accidental, sino el resultado de una hoja de ruta definida por la infrafinanciación crónica y el desvío sistemático de fondos hacia intereses privados.
Mientras los presupuestos de 2026 consolidan a la región a la cola de la inversión por habitante, la externalización de servicios críticos —desde el diagnóstico hasta la gestión hospitalaria— dibuja un horizonte de desigualdad donde el código postal comienza a pesar más que el código genético.
El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid se encuentra en una encrucijada histórica. Lo que antaño fue la joya de la corona de los servicios públicos madrileños atraviesa hoy un proceso de transformación que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) no duda en calificar como un «desmantelamiento programado».
A través de una serie de informes y balances que analizan la realidad de 2025 y las proyecciones para 2026 de la FADSP, se observa una paradoja inquietante: en la región con mayor Producto Interior Bruto (PIB) de España, el derecho a la salud se está convirtiendo en un mercado de oportunidades para grandes corporaciones.
“Hacemos un llamamiento para incrementar las movilizaciones sociales y profesionales contra la privatización y el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público y consolidar un gran movimiento unitario de plataformas, sindicatos y fuerzas políticas en todo el Estado.”
FADSP
El espejismo de los presupuestos récord
El anuncio por parte del Gobierno regional de unos presupuestos «récord» para 2026, con una cifra de 11.009,5 millones de euros, ha sido recibido con profundo escepticismo. Un análisis técnico revela que, tras los grandes titulares, se esconde una realidad de infradotación estructural.
Madrid se encamina a ser, un año más, la comunidad autónoma con el presupuesto sanitario por habitante más bajo de toda España. Mientras la media nacional se estima en 1944 euros por persona, la inversión madrileña apenas roza los 1550 euros. Esta brecha no es solo una cifra macroeconómica; es la explicación técnica detrás de las listas de espera interminables y la saturación de las urgencias.
Además, el crecimiento presupuestario del 5,2 por ciento para Sanidad respecto al año anterior es, en la práctica, insuficiente para cubrir el aumento de los costes de los suministros, la inflación y, sobre todo, el disparado gasto farmacéutico.
La FADSP denuncia que la falta de voluntad política para blindar la sanidad pública se manifiesta en una financiación que ignora el crecimiento demográfico de la región, que ha sumado cientos de miles de nuevos residentes en el último lustro sin un refuerzo proporcional de las plantillas.
La Atención Primaria: El muro que se agrieta
Si hay un sector que personifica la crisis del modelo es la Atención Primaria. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para garantizar un sistema preventivo y eficiente, el 25 por ciento del presupuesto sanitario debería destinarse al primer nivel asistencial. En Madrid, la realidad es demoledora: solo se destina un 11,4 por ciento del presupuesto sanitario a la Primaria.
Este déficit absoluto, que la FADSP cifra en más de 1400 millones de euros (el déficit es la diferencia entre el 25 por ciento – OMS y el 11,4 por ciento del presupuesto de la CAM) para alcanzar los mínimos recomendados, tiene consecuencias directas sobre la salud de la ciudadanía.
La demora en las citas con el médico de familia no solo genera angustia, sino que empuja a aquellos que pueden permitírselo hacia los seguros privados. Por cada día de espera adicional en la pública, se observa un trasvase medible de usuarios hacia el sector privado, consolidando un sistema dual donde la calidad de la atención depende del nivel de renta.
El diagnóstico bajo sospecha: Negocio en el laboratorio
Uno de los frentes más recientes en esta batalla por la titularidad de lo público es la privatización del diagnóstico sanitario. La reciente licitación del Laboratorio Clínico Central es, para la ADSPM (Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid), la consolidación de un modelo que antepone el ahorro de costes y el beneficio empresarial a la precisión y el control público.
La externalización de los análisis clínicos —el «ojo» del médico para diagnosticar— fragmenta el sistema. Al entregar la gestión de las pruebas diagnósticas a empresas concesionarias, se genera una opacidad que dificulta la fiscalización de los resultados y las condiciones de trabajo.
Los profesionales advierten que este modelo rompe la continuidad asistencial: el laboratorio deja de ser una parte integral del hospital para convertirse en un proveedor externo que factura por servicio, lo que incentiva la reducción de pruebas o el uso de criterios de rentabilidad económica sobre los clínicos.
El balance de 2025: Un año de resistencia y deterioro
El balance de FADSP sobre de la situación sanitaria durante el pasado año 2025 confirma las peores previsiones. Fue un ejercicio marcado por el aumento de la privatización de la asistencia hospitalaria y un nuevo desvío de más de 500 millones de euros de fondos públicos hacia hospitales gestionados por grupos como Quirónsalud o Ribera Salud.
El caso del Hospital de Torrejón, gestionado bajo el modelo de concesión, ha servido de advertencia sobre los riesgos de este sistema. Las revelaciones sobre la priorización de beneficios empresariales y la reducción de costes asistenciales han puesto de manifiesto que, cuando la salud se gestiona como un negocio, el paciente deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un ítem en una cuenta de resultados.
No obstante, 2025 también ha sido el año de la movilización social. El deterioro del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha provocado una respuesta sin precedentes en las calles. La ciudadanía ha comprendido que lo que está en juego no es solo una mejora laboral para los médicos o enfermeras, sino la supervivencia de un modelo de salud universal y equitativo.
La necesidad de un cambio de rumbo
El análisis de los datos y los hechos presentados por la FADSP no deja lugar a dudas: Madrid está liderando un experimento de privatización agresiva que pone en riesgo la cohesión social. La infrafinanciación no es una fatalidad económica en una región rica; es una decisión política deliberada para favorecer el crecimiento del mercado sanitario privado.
Para revertir esta situación, la receta de los defensores de la sanidad pública es clara: un aumento inmediato del presupuesto real para igualar la media nacional, un refuerzo urgente de las plantillas de Atención Primaria (con la contratación necesaria de médicos, enfermeras y administrativos) y, fundamentalmente, el fin de las licitaciones que desvían el dinero de todos hacia manos privadas.
La sanidad no debe ser un nicho de mercado, sino el seguro de vida colectivo de una sociedad que se pretende justa.
El futuro del modelo público madrileño se decidirá en los próximos presupuestos y en la capacidad de la ciudadanía para seguir defendiendo lo que es de todos.
