La intervención de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, culminada con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha reabierto un debate de gran calado político, jurídico y ético sobre el uso de la fuerza, la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, la operación se inscribe en una larga tradición de injerencias estadounidenses en América Latina, vinculada históricamente a la «Doctrina Monroe» y a su evolución posterior en políticas orientadas al cambio de régimen.
Formulada en el siglo diecinueve bajo el principio de «América para los americanos», la Doctrina Monroe acabó convirtiéndose, especialmente desde mediados del siglo veinte, en un marco de legitimación de intervenciones directas e indirectas promovidas por gobiernos republicanos y demócratas.
Bajo distintas justificaciones —anticomunismo, seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico o defensa de la democracia—, esta doctrina ha desembocado en el derrocamiento de gobiernos legítimos, el apoyo a golpes de Estado y la imposición de regímenes autoritarios en numerosos países del continente.
Intervenciones de EEUU para provocar cambios de régimen en América
Desde mediados del siglo veinte, Estados Unidos ha desarrollado una doctrina de intervención hemisférica compartida por gobiernos republicanos y demócratas que, bajo distintas justificaciones —anticomunismo, seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico o defensa de la democracia—, ha desembocado en el derrocamiento de gobiernos legítimos y en la imposición de regímenes autoritarios en numerosos países de América Latina.
El caso venezolano, con la captura del presidente Nicolás Maduro y las declaraciones posteriores de Donald Trump sobre la tutela política del país y la explotación de sus recursos estratégicos, no rompe con ese patrón histórico, sino que lo actualiza en un nuevo contexto geopolítico, marcado por el debilitamiento del multilateralismo y la creciente normalización de acciones unilaterales.
Desde el punto de vista jurídico, estas prácticas entran en colisión directa con los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado y consagra el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino. La reiteración de intervenciones al margen de estos marcos no solo afecta a los países directamente implicados, sino que erosiona el sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.
Estas son las intervenciones documentadas de EEUU en América:
En Guatemala (1954), la CIA orquestó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, elegido democráticamente, tras impulsar una reforma agraria que afectaba a intereses de grandes compañías estadounidenses. El golpe abrió un prolongado ciclo de violencia política y represión.
En Cuba (1961), la invasión de Bahía de Cochinos, ejecutada por fuerzas entrenadas y financiadas por EEUU, pretendía derrocar al Gobierno de Fidel Castro. El fracaso militar dio paso a décadas de bloqueo económico, operaciones encubiertas y presión diplomática.
La República Dominicana (1965) fue escenario de una invasión directa para impedir el retorno al poder del presidente constitucional Juan Bosch, derrocado previamente por un golpe militar. Washington esgrimió el riesgo de una deriva comunista, sin aval de Naciones Unidas.
En Granada (1983), EEUU invadió la isla caribeña tras una crisis interna, derrocó al Gobierno revolucionario e impuso un Ejecutivo alineado con sus intereses estratégicos.
La invasión de Panamá (1989), bajo la operación Causa Justa, permitió la captura del general Manuel Noriega, antiguo colaborador de la CIA, con un elevado coste en vidas civiles y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
El apoyo estadounidense a militares golpistas y dictaduras
Otra vía central del intervencionismo estadounidense ha sido el respaldo a militares formados en academias norteamericanas, especialmente en la Escuela de las Américas, muchos de los cuales encabezaron golpes de Estado y consolidaron dictaduras responsables de crímenes de lesa humanidad.
En Brasil (1964), el derrocamiento del presidente João Goulart contó con apoyo político y logístico de EEUU. La dictadura militar se prolongó durante veintiún años, marcada por censura, persecución política y torturas.
En Chile (1973), el golpe que derrocó al presidente Salvador Allende fue encabezado por Augusto Pinochet, formado en EEUU. Documentos desclasificados acreditan la implicación estadounidense en la desestabilización del Gobierno chileno. La dictadura provocó miles de asesinatos, desapariciones forzadas y casos de tortura.
En Argentina (1976), la junta liderada por Jorge Rafael Videla se integró en el Plan Cóndor, con apoyo estadounidense. Numerosos oficiales responsables del terrorismo de Estado recibieron formación militar en EEUU.
En Uruguay (1973), el golpe cívico-militar contó con respaldo implícito de Washington. El país alcanzó uno de los mayores índices de presos políticos por habitante del mundo.
En Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954–1989) se sostuvo como aliada estratégica de EEUU durante la Guerra Fría. El régimen ejerció una represión sistemática durante 35 años, documentada posteriormente por comisiones de verdad.
En Guatemala, tras el golpe de 1954, se sucedieron gobiernos militares apoyados por EEUU, responsables de una política de exterminio contra pueblos indígenas, calificada como genocidio por instancias judiciales.
Trump, Venezuela y la normalización del secuestro de un jefe de Estado
Las declaraciones de Donald Trump del 3 de enero introducen un elemento especialmente inquietante: la normalización explícita del secuestro de un jefe de Estado extranjero como instrumento de política internacional. Trump aseguró haber dado la orden directa de capturar a Nicolás Maduro y justificó la acción en la lucha contra el narcotráfico, pese a que ese argumento no sustituye los mecanismos de cooperación judicial internacional ni legitima el uso unilateral de la fuerza.
El expresidente afirmó además que Estados Unidos «dirigirá» Venezuela, señaló a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como figura clave de una supuesta administración bajo tutela estadounidense y anunció inversiones de empresas norteamericanas en la industria petrolera. Al destacar los beneficios económicos de la operación, Trump situó el control de los recursos estratégicos en el centro del discurso, lo que refuerza las denuncias de neocolonialismo y expolio.
Derechos humanos, legalidad internacional y memoria histórica
Desde una perspectiva de derechos humanos, la captura de Nicolás Maduro y las afirmaciones sobre una administración de facto del país plantean serias dudas sobre el respeto a la Carta de Naciones Unidas, el principio de autodeterminación de los pueblos y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
La experiencia histórica latinoamericana demuestra que las intervenciones orientadas al cambio de régimen han generado violencia estructural, represión política y graves vulneraciones de derechos fundamentales, cuyas consecuencias perduran durante décadas. La memoria de las dictaduras militares y de las injerencias extranjeras permanece viva en millones de víctimas y familiares.
El caso venezolano, lejos de representar una ruptura con el pasado, se inscribe en una continuidad histórica que cuestiona el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y debilita los mecanismos multilaterales destinados a frenar la imposición de la fuerza como norma.
Cierre editorial
La historia reciente de América Latina demuestra que las intervenciones externas orientadas al cambio de régimen no han traído estabilidad, democracia ni prosperidad, sino ciclos prolongados de violencia, represión y fractura social. Las dictaduras militares, los conflictos armados internos y las graves violaciones de derechos humanos que marcaron el continente durante décadas no fueron anomalías, sino consecuencias directas de una lógica de poder que subordinó la legalidad internacional a intereses geopolíticos y económicos.
La captura del presidente venezolano y las afirmaciones sobre una dirección extranjera del país y la explotación de su industria petrolera plantean un desafío de primer orden para el derecho internacional y para la credibilidad de los principios democráticos que Occidente afirma defender. Cuando la fuerza sustituye a la diplomacia y el beneficio económico se presenta sin ambages como justificación política, el riesgo no es solo para un país concreto, sino para el conjunto del orden internacional.
Como medio de comunicación independiente, Aquí Madrid considera que recordar esta memoria histórica no es un ejercicio del pasado, sino una exigencia del presente. La defensa de los derechos humanos, de la soberanía de los pueblos y del multilateralismo no admite excepciones selectivas sin vaciarse de contenido. La historia latinoamericana ofrece suficientes lecciones como para ignorarlas sin consecuencias.
