La articulista Stephanie Hodge describe en Periodistas en Español la profunda crisis financiera y estructural que enfrenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a sus ochenta años, y cómo la iniciativa ONU80, promovida por el secretario general, António Guterres, intenta responder a esa emergencia.
El artículo sostiene que «la organización está en bancarrota. No en sentido figurado. No en sentido diplomático. En sentido literal» debido a retrasos en los aportes que hacen los países miembros de la ONU, que alcanzan miles de millones de dólares, obligando a replantear el funcionamiento institucional y cuestionando las reformas actuales como soluciones suficientes.
Hodge explica que la raíz del problema no es solo la necesidad de «hacer más con menos», sino que existen fallas estructurales profundas que no se resolverán únicamente con recortes presupuestarios.
El primer paso, según la autora, es claro: los Estados miembros deben pagar lo que deben, ya que sin financiación adecuada es imposible evaluar el rendimiento de la ONU. «No se puede privar a una institución de 1500 millones de dólares y luego evaluarla por su bajo rendimiento».
Otro punto crítico es que los Estados continúan asignando nuevos mandatos sin financiar los existentes, lo que sobrecarga al personal y dispersa recursos escasos. Hodge insiste en que no se puede simplemente seguir sumando responsabilidades globales sin asegurar los medios para cumplirlas.
El artículo propone cuatro medidas concretas para abordar la crisis de manera realista. La primera es consolidar los sistemas administrativos, algo que reduciría redundancias internas y permitiría economías de escala. En lugar de cuarenta unidades de recursos humanos o adquisiciones con diferentes reglas, la ONU debería avanzar hacia un único sistema global eficiente.
La segunda medida sugerida es trasladar funciones administrativas repetitivas a lugares con menor coste, liberando recursos para las áreas sustantivas de la organización. Esta medida se está poniendo ya en práctica por algunos países miembros, y España estudia en este escenario proponer algunas localizaciones en sus principales capitales.
Esto va en línea con las propuestas de la ONU80 para optimizar presencia mundial ante la caída de recursos que estimaciones externas señalan en alrededor de un 25-30 por ciento para 2026.
Además, la autora subraya la importancia de digitalizar procesos para modernizar la gestión interna y evitar que el personal se «ahogue en archivos PDF». Esta modernización tecnológica, junto con una estructura administrativa racionalizada, permitiría liberar tiempo y recursos para actividades esenciales.
Finalmente, Hodge advierte que la reforma no afecta solo a la Secretaría de la ONU: si esta se debilita por falta de fondos, todas las agencias del sistema, como son ONU Mujeres, Acnur, UNRWA o la propia OMS, también sufrirán. Aunque algunas agencias intentan mostrarse independientes, sus operaciones dependen de sistemas y servicios administrativos comunes, por lo que cualquier reforma parcial podría tener efectos en cadena.
En conclusión, el artículo plantea que ONU80 no debe ser solo un recorte de gastos, sino una transformación profunda del sistema multilateral, respaldada por compromisos financieros reales de los Estados miembros y una modernización institucional sólida.
