En Navarra avanza una estrategia institucional inédita en España para investigar y recuperar bienes de titularidad pública y comunal inmatriculados por la Iglesia Católica durante décadas gracias al privilegio registral que estuvo vigente hasta 2015, han informado a este periódico desde la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando).
Una investigación promovida por el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha permitido analizar 174 bienes pertenecientes a 26 entidades locales, de los que 79 presentan base suficiente para reclamar su propiedad y, en 21 casos, existen ya documentos probatorios que permitirían iniciar acciones judiciales inmediatas.
El Ejecutivo navarro estudia presentar una primera demanda contra el Arzobispado de Pamplona para revertir estos bienes al dominio público.
Navarra abre camino para una respuesta estructural
El avance conocido esta semana confirma la dimensión de un problema que organizaciones como la coordinadora Recuperando llevan años denunciando: miles de bienes comunales, espacios públicos, ermitas, plazas o casas concejiles fueron inscritos a nombre de la Iglesia mediante un procedimiento excepcional que se apoyaba en la autocertificación de los obispos como «título de dominio».
Este mecanismo, habilitado por la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1998 durante el gobierno de José María Aznar, equiparaba a los prelados con fedatarios públicos y permitió registrar bienes sin aportar escrituras o pruebas suficientes.
En Navarra, la investigación pública institucional consolida un modelo de trabajo que combina apoyo técnico, revisión archivística y acompañamiento jurídico a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, que carecen de recursos para enfrentarse a procesos complejos y, en ocasiones, prolongados. Según el equipo técnico foral, allí donde se examinan los archivos y se contrasta la documentación, «aparecen bienes públicos».
La coordinadora Recuperando subraya que el caso navarro puede anticipar lo que ocurre en el resto del país. «Si en una sola comunidad se identifican decenas de bienes públicos inscritos por la jerarquía católica sin título adecuado, es razonable considerar que este patrón se ha repetido en todo el territorio», señala la entidad.
Un problema que rebasa a los municipios
Una de las reivindicaciones centrales de Recuperando es que el Estado asuma el liderazgo en un proceso que no puede resolverse localidad a localidad. Aunque algunos ayuntamientos y comunidades han impulsado iniciativas puntuales, la ausencia de una respuesta coordinada genera desigualdad y deja indefensas a numerosas entidades locales.
La coordinadora exige al Gobierno de España y al Ministerio de Justicia que faciliten información completa sobre todas las inmatriculaciones registradas desde 1946, incluyendo número de finca, registro, fecha y documentación aportada. Sin esa trazabilidad documental, la recuperación de bienes se convierte en un ejercicio limitado y, en muchos casos, inviable.
El colectivo también demanda la nulidad absoluta de las inscripciones efectuadas tras la Constitución de 1978 mediante certificación eclesiástica, al considerarlas incompatibles con el principio constitucional de aconfesionalidad y con las garantías básicas del sistema registral.
En este sentido, cabe recordar la información publicada en Aquí Madrid sobre la falta de transparencia del listado elaborado por el Gobierno central en 2021, que ya generó críticas por su incompletitud (noticia relevante). Estos precedentes refuerzan la demanda de organizaciones y administraciones para superar los actuales déficits de información.
El precedente navarro y las demandas de transparencia
La investigación presentada por el Ejecutivo foral no solo cuantifica los bienes potencialmente recuperables, sino que también refuerza la idea de que el proceso requiere un marco legal y político claro. En varias ocasiones, el Gobierno navarro ha subrayado la necesidad de actuar «con rigor histórico y jurídico» para dar garantías a la ciudadanía y evitar litigios innecesarios.
El trabajo coordinado con la FNMC permite, además, que los municipios dispongan de informes pormenorizados y asesoramiento especializado para fundamentar sus reclamaciones. Entre los bienes identificados se encuentran caminos comunales, edificios de uso vecinal, ermitas de propiedad pública y parcelas de aprovechamiento colectivo cuyo carácter comunal estaba documentado desde hace siglos.
En declaraciones remitidas por la coordinadora, se insiste en que «lo que falta en buena parte del Estado no son pruebas: es voluntad política». Esta afirmación conecta con la demanda reiterada de establecer un mecanismo estatal que recoja, investigue y clarifique el alcance real de las inmatriculaciones, más allá de la información parcial divulgada en anteriores legislaturas.
La dimensión estatal de un conflicto patrimonial
El caso navarro llega en un momento en el que en comunidades como Aragón, Asturias o el País Vasco también se han iniciado procesos de revisión, aunque de alcance desigual. La falta de una estrategia estatal deja en manos de cada autonomía la iniciativa para investigar y reclamar la recuperación del patrimonio público, lo que provoca disparidad de criterios y desigual acceso a la información.
El Gobierno de España ha afirmado en varias ocasiones su compromiso con la transparencia en esta materia, pero organizaciones como Recuperando reclaman avances más decididos. La Moncloa ofrece información institucional sobre patrimonio y procesos de revisión en su portal oficial; y el Ministerio de la Presidencia hizo público un informe sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 a 2015.
El Gobierno de Navarra también publica información actualizada sobre esta investigación, iniciada por la Dirección General de Agricultura sobre los terrenos comunales en suelo rústico que fueron incluidos en el listado de bienes inmatriculados que el Gobierno foral elaboró en la pasada legislatura, puesto que las fincas urbanas quedan fuera del marco competencial de este Departamento.
Mientras tanto, los colectivos ciudadanos y las administraciones locales esperan que el impulso navarro marque un camino que otras comunidades puedan replicar, tanto por su metodología como por su voluntad de articular una defensa sólida de los bienes comunales.
Reforzar el derecho a la información
El debate sobre las inmatriculaciones no solo afecta al patrimonio, sino también al derecho ciudadano a conocer la gestión del dominio público.
En este ámbito, se ha han documentado reiteradamente los efectos de la opacidad registral y la necesidad de mecanismos de control democrático
La iniciativa navarra introduce un enfoque basado en la transparencia documental y la colaboración institucional, un modelo que podría extenderse al resto del Estado si existe voluntad política.
