La comunidad universitaria madrileña vive este 26 y 27 de noviembre una de las mayores movilizaciones de su historia reciente. Profesores, personal de administración y servicios, investigadores, estudiantes y decanos reclaman una financiación suficiente para evitar el deterioro del sistema público.
La huelga, respaldada por CCOO, UGT, CGT y CNT, denuncia un modelo autonómico que, según los sindicatos, estrangula económicamente a las universidades madrileñas y las empuja hacia la privatización.
Quince años de infrafinanciación: un sistema universitario al borde del colapso
La huelga universitaria se convoca como respuesta a un diagnóstico compartido por sindicatos, rectorados, decanatos y plataformas estudiantiles: las universidades públicas madrileñas están infrafinanciadas desde hace más de quince años, lo que ha provocado una caída sostenida en la calidad docente, investigadora y en los servicios que prestan.
Según CCOO, la Comunidad de Madrid ejerce un «estrangulamiento presupuestario» que pone en riesgo la propia existencia de las universidades públicas madrileñas.
UGT, por su parte, advierte de que este proceso ha generado un colapso funcional en centros y facultades, donde se contemplan «recortes en el sueldo y en derechos laborales» y una disminución preocupante de las plantillas.
El secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Javier Becerra García, resume la situación con un lema que ha calado entre trabajadores y estudiantes: «defenderé mi sueldo, defenderé mis derechos, defenderé la universidad pública».
La LESUC: críticas a una ley que abre la puerta a la privatización
Buena parte del malestar universitario se centra en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la Comunidad de Madrid. CCOO afirma que la norma no resuelve la infrafinanciación y avanza hacia la privatización del sistema universitario, al establecer canales de control político sobre las universidades públicas y facilitar el crecimiento de instituciones privadas.
UGT coincide en que el proyecto legislativo legitima veinte años de políticas que han debilitado el sistema público, empobrecido la calidad del empleo y vulnerado derechos fundamentales.
La protesta institucional: los decanos llevan la crisis a la Puerta del Sol
La movilización, inicialmente impulsada por sindicatos y plataformas, adquirió una dimensión institucional decisiva cuando los veintiséis decanos y decanas de todas las facultades de la Universidad Complutense de Madrid se concentraron el 14 de noviembre 2025 frente a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. Su presencia, registrada en la fotografía que acompaña esta información, reforzó la dimensión simbólica del conflicto.
Durante la protesta reclamaron un plan de financiación realista y criticaron que la LESUC se hubiera desarrollado sin un diálogo riguroso con la comunidad universitaria.
La decana de Trabajo Social, Aurora Castillo, y el decano de Matemáticas, Antonio Brú, leyeron un manifiesto en el que denunciaron la «asfixia financiera» y el «hostigamiento constante» que sufre la universidad pública madrileña. Castillo reclamó respeto a la autonomía universitaria, mientras Brú advirtió de que la financiación no se ha actualizado «ni en proporción al coste de la vida ni al crecimiento de las universidades».
La implicación conjunta de los decanatos —que representan a facultades tan diversas como Derecho, Medicina, Filología, Ciencias de la Información, Químicas o Geografía e Historia— evidenció un consenso institucional sin precedentes. Su intervención reforzó el mensaje de que la crisis no afecta solo a las condiciones laborales, sino a la continuidad y misión social de la universidad pública.
Consecuencias sociales: la igualdad de oportunidades en riesgo
Para CCOO, el debate no se reduce a cuestiones internas: la universidad pública es un pilar del Estado social y democrático de derecho. Condicionar su acceso a la capacidad económica de cada familia vulnera el principio de igualdad de oportunidades y restringe el derecho a desarrollar conocimientos y habilidades esenciales para el progreso social.
El estudiantado se enfrenta a:
- Aulas masificadas.
- Falta de personal docente e investigador.
- Laboratorios y bibliotecas saturados.
- Tasas universitarias aún elevadas en comparación con otras comunidades.
Todo ello agrava la brecha social y compromete la calidad de la formación superior.
Plantillas exhaustas: precariedad estructural y pérdida de talento
La infrafinanciación repercute directamente en las plantillas que sostienen el sistema universitario.
Personal docente e investigador
- Encadenamiento de contratos temporales.
- Sobrecarga docente.
- Falta de consolidación de plazas.
- Fuga de talento joven ante la falta de estabilidad.
Personal técnico, de gestión y de administración y servicios
- Equipos insuficientes para atender la gestión diaria.
- Salarios estancados.
- Jubilaciones no cubiertas.
Los sindicatos denuncian que mantener esta situación compromete la actividad investigadora y la estructura organizativa de los campus.
Ante esta situación, la Coordinadora de Plataformas en Defensa de las seis Universidades Públicas Madrileñas convocó una huelga de dos días acompañada de una concentración el 26 de noviembre frente a la Consejería de Educación y una manifestación el 27 de noviembre desde Atocha hasta la Puerta del Sol.
Los sindicatos subrayan que esta huelga es una llamada a toda la ciudadanía: la defensa de la universidad pública afecta al conjunto de la sociedad, no solo a quienes trabajan o estudian en ella.
Una encrucijada decisiva para el futuro de la universidad pública
La huelga universitaria y la movilización de los decanos muestran que la universidad pública madrileña ha alcanzado un punto crítico. La comunidad académica exige un cambio profundo en la inversión, la planificación y la gobernanza del sistema.
La encrucijada es clara: o se refuerza la universidad pública como motor de igualdad, ciencia y progreso democrático, o se continúa un proceso de debilitamiento que puede convertirla en un sistema dual y excluyente.
