La coordinadora estatal Recuperando ha reactivado su llamamiento para que el Gobierno afronte de manera definitiva el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, un mecanismo que permitió la inscripción de miles de bienes sin acreditar la propiedad.
La organización denuncia que este privilegio, ampliado en 1998 por el ejecutivo de José María Aznar, mantuvo su vigencia hasta 2015 y consolidó la apropiación de más de cien mil inmuebles en todo el país, muchos de ellos de titularidad dudosa.
Las raíces de un privilegio heredado del nacional-catolicismo
El análisis difundido por Recuperando recuerda que el origen del problema se encuentra en una anomalía jurídica introducida durante la dictadura franquista: la posibilidad de que la Iglesia inscribiera bienes solo mediante la certificación del obispo, sin necesidad de aportar título de dominio. Mientras cualquier ciudadano debía entregar escrituras o iniciar un expediente de dominio, a la jerarquía eclesiástica le bastaba una simple declaración.
La coordinadora subraya que, aunque la Constitución de 1978 proclamó la aconfesionalidad del Estado, ningún gobierno modificó este privilegio durante casi cuatro décadas. Como consecuencia, se mantuvo en plena democracia un atajo registral que permitía inscribir fincas, viviendas, huertos, casas rectorales, plazas y hasta bienes de uso comunal; incluyendo bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO como la Mezquita de Córdoba o el prerrománico asturiano.
Según la organización, el resultado es incontestable: más de cien mil bienes pasaron a nombre de la Iglesia mediante este procedimiento excepcional, muchos de ellos vinculados a la vida cotidiana de los municipios y al patrimonio histórico-cultural.
La reforma de Aznar de 1998: un punto de inflexión
El documento remitido por Recuperando recuerda que el Gobierno de José María Aznar no solo mantuvo este privilegio, sino que lo amplió de manera decisiva. Con la reforma del Reglamento de la Ley Hipotecaria en 1998, la Iglesia pudo inscribir también templos, ermitas, catedrales y otros lugares de culto, bienes que tradicionalmente se consideraban fuera del comercio y cuya apropiación privada resultaba controvertida.
Esta modificación abrió la puerta a una oleada de inmatriculaciones, incluyendo bienes de enorme valor histórico, cultural y simbólico. La organización destaca que, como consecuencia, la Iglesia aparece hoy como titular del ochenta por ciento del patrimonio histórico-cultural del país, incluidas joyas reconocidas por la UNESCO.
Newtral, en un análisis sobre el alcance de estas inscripciones, recordaba que muchos de estos bienes fueron inmatriculados sin oposición porque los ayuntamientos o particulares desconocían el procedimiento o carecían de recursos para litigar frente a la Iglesia.
El cierre del procedimiento en 2015 no resolvió el problema
La vía de la certificación eclesiástica se cerró finalmente en 2015, después de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, Recuperando denuncia que la reforma fue insuficiente: se eliminaron los efectos futuros, pero se blindaron los efectuados durante décadas. No hubo revisión general ni declaración de nulidad de oficio.
Para la coordinadora, esta decisión dejó intacta «una herencia jurídica del nacional-catolicismo» que continúa condicionando la gestión del patrimonio en España. En su comunicado, el presidente de la plataforma, José María Rosell, afirma que la situación actual solo puede comprenderse «mirando hacia los Registros de la Propiedad», donde la democracia ha tolerado —e incluso consolidado— un privilegio claramente inconstitucional.
Las propuestas: transparencia y restitución conforme a la Constitución
Recuperando sostiene que revertir este problema requiere «voluntad política» y resume sus demandas en dos ejes:
1. Transparencia total
La plataforma reclama que se publiquen todos los bienes inmatriculados desde 1946, con identificación registral completa. Denuncia que, en muchos casos, se ha denegado esta información incluso a parlamentarios, pese a que se trata de un asunto de interés público y con evidentes implicaciones patrimoniales.
2. Declaración de nulidad de las inmatriculaciones posteriores a 1978
Para la organización, cualquier inscripción efectuada tras la aprobación de la Constitución mediante certificación eclesiástica debe considerarse nula de pleno derecho, por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el carácter aconfesional del Estado.
Esta anulación no impediría el uso religioso de los bienes, subraya la coordinadora, sino que obligaría a la Iglesia a acreditar la propiedad como cualquier otro ciudadano. De este modo, se protegería el patrimonio común y se activaría un procedimiento riguroso para resolver la titularidad de cada inmueble.
Ayuntamientos y ciudadanía, obligados a litigar caso por caso
A lo largo de los últimos años, diversos gobiernos han publicado listados parciales de bienes inmatriculados, pero sin impulsar una solución estructural. Muchos ayuntamientos han tenido que recurrir a los tribunales para defender plazas públicas, caminos o edificios tradicionales inscritos por la Iglesia.
Desde La Moncloa reiteran que el Ejecutivo mantiene un compromiso con la transparencia y el estudio de los bienes inmatriculados, pero hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida de nulidad general.
Un debate vivo en la memoria democrática
El movimiento memorialista considera que las inmatriculaciones conectan directamente con las estructuras jurídicas del franquismo que sobrevivieron intactas a la Transición. Recuperando recuerda que, cincuenta años después de la muerte de Franco, España continúa gestionando su patrimonio con una normativa que favoreció a la Iglesia durante décadas .
Para la coordinadora, resolver este conflicto no es solo una cuestión patrimonial, sino «un acto de coherencia democrática». El mapa de las inmatriculaciones, señala Rosell, pone de relieve hasta qué punto la democracia española «ha preferido mirar hacia otro lado» ante un privilegio incompatible con el marco constitucional.
