El Consejo Económico y Social (CES) ha presentado el informe «Realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas», elaborado a solicitud de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El estudio considera la inmigración un componente estructural y decisivo para el crecimiento demográfico, económico y social, y propone consolidar un modelo de gestión basado en la regularidad, la estabilidad y los derechos de las personas migrantes.

La inmigración: motor de la sociedad española

El informe del CES recuerda que más de 7,3 millones de personas nacidas en el extranjero residen en España —una de cada cinco— y que su contribución es esencial para sostener la población activa y el Estado del bienestar. Sin la inmigración, advierte el documento, el país afrontaría «desequilibrios demográficos graves».

El Ministerio comparte esa visión y considera la política migratoria una política de Estado.

El nuevo Reglamento de Extranjería ha simplificado los trámites, reducido plazos y abierto vías para la formación y el empleo, reforzando la seguridad jurídica y la estabilidad de quienes ya viven y trabajan en España.

Equilibrio demográfico y cohesión territorial

El CES destaca el papel de la inmigración como factor de rejuvenecimiento poblacional y cohesión territorial, especialmente en comunidades envejecidas como Asturias, Galicia o Castilla y León. En esas regiones, los afiliados extranjeros representan ya entre el siete y el diez por ciento de la población activa.

Programas como «Miradas diversas para construir comunidades acogedoras», financiados por el Fondo Social Europeo Plus, buscan fortalecer la inclusión desde los entornos rurales y garantizar la convivencia en municipios con fuerte despoblación.

Impacto económico y mercado laboral

Según el CES, los flujos migratorios son fundamentales para la economía española a corto, medio y largo plazo, tanto en la sostenibilidad del sistema de pensiones como en la continuidad del empleo.

Desde 2018, el número de cotizantes extranjeros ha crecido en más de un millón, y tres de cada cuatro nuevos empleos creados desde 2019 han sido ocupados por personas migrantes. La tasa de temporalidad ha caído del 32,6 por ciento al 13,5 por ciento, y el empleo indefinido ha aumentado en 3,9 millones de contratos desde 2021.

Las personas migrantes aportan el diez por ciento de los ingresos de la Seguridad Social y solo representan el uno por ciento del gasto público, una proporción que demuestra su peso económico real.

Regularidad, estabilidad y derechos

El informe considera la regularidad administrativa «el pilar de la integración social» y urge a agilizar los procesos, especialmente para menores y jóvenes no acompañados.

Desde 2022, más de 640.000 personas han sido regularizadas mediante la figura del arraigo, y el nuevo reglamento amplía las vías basadas en la formación, el empleo y la familia.

El Ministerio mantiene canales seguros y bilaterales de migración con países como Senegal, Gambia, Mauritania o Paraguay (GECCO), y programas como WAFIRA II, centrado en el empoderamiento femenino y el retorno seguro, o Driving-ES, orientado a la inserción laboral en el transporte.

El informe subraya que la discriminación laboral y educativa hacia personas migrantes supone una pérdida de 17.000 millones de euros anuales para la economía española, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid.

Las mujeres migrantes en el centro de la agenda

Más de la mitad de las personas migrantes son mujeres, según el CES, y enfrentan una doble vulnerabilidad por su género y origen.

El Ministerio ha creado el Consejo Asesor de Brecha de Género para diseñar políticas de empleo, formación y protección social con perspectiva de igualdad.

El programa WAFIRA fomenta la migración circular y el liderazgo económico de mujeres marroquíes, con la participación prevista de tres mil trabajadoras en 2025. Además, las reformas del Reglamento de Extranjería refuerzan la protección frente a la violencia sexual, de género o la trata.

Las víctimas extranjeras de violencia sexual tienen garantizados sus derechos, independientemente de su situación administrativa, y pueden acceder a autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Estas medidas se extienden a sus hijos e hijas y a menores dependientes.

Convivencia e integración social

El CES propone reforzar los instrumentos de convivencia y avanzar hacia un Pacto de Estado por la Convivencia que frene la xenofobia y la politización del discurso migratorio.

En esta línea, el Ministerio desarrolla el Plan de Integración y Convivencia Intercultural 2023–2027, en colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades, cohesión social y convivencia.

Combatir el odio y los bulos con datos

El CES alerta sobre la necesidad de mejorar la información estadística y combatir la desinformación.

El Ministerio, a través del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), publica datos trimestrales y abiertos, y mediante el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y el sistema FARO, monitoriza redes sociales y detecta contenidos racistas.

En 2025 se identificaron más de 600.000 discursos de odio, gracias a la colaboración con plataformas como X, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Las campañas institucionales destacan la contribución positiva de las personas migrantes a la economía y la convivencia.

Segundas generaciones: integración y pertenencia

El CES dedica especial atención a las segundas generaciones, cuya integración es creciente, aunque persisten diferencias con la población autóctona.

El Ministerio considera prioritaria su inclusión educativa, laboral y cultural, y subraya que su talento «es parte esencial del proyecto común de país».

Hacia una migración regular y justa

El informe del CES concluye que España avanza hacia una política migratoria moderna, humana y eficiente, que combina crecimiento económico, derechos sociales y cohesión. La hoja de ruta es clara: una migración regular, ordenada y segura, basada en empleo digno, igualdad y diversidad.

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