El Consejo de Ministros aprobó este 4 de noviembre de 2025 el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una norma que regulará las prácticas formativas en empresas, instituciones y organismos públicos o privados, con el objetivo de acabar con los falsos becarios y evitar que estas prácticas se utilicen como mano de obra barata.
El nuevo Estatuto, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y acordado con CCOO y UGT, es fruto de un proceso de diálogo social prolongado. El texto pretende marcar un antes y un después en la protección de los derechos de las personas en prácticas, al tiempo que refuerza la función formativa de estas actividades.
El Gobierno subraya que las prácticas no pueden ser una «fórmula que degrade las condiciones de trabajo» ni convertir a las personas becarias en «trabajadores low cost», según la nota oficial del Ministerio.
Con esta medida, se pretende garantizar que las prácticas formativas estén vinculadas realmente a los itinerarios educativos o formativos —ya sean de formación profesional, enseñanza universitaria, artística, deportiva o del sistema nacional de empleo— y que su finalidad sea aprender, no sustituir empleo.
El Estatuto del becario, como se le conoce popularmente, es considerado por el Ejecutivo un instrumento clave para la igualdad de oportunidades. La norma refuerza la importancia de la formación práctica, la transparencia y la tutela efectiva frente a abusos.
El texto aprobado sustituye la denominación de «becario» por la de «persona en formación práctica no laboral», con el fin de dignificar el papel de quienes hacen prácticas y romper con una figura históricamente asociada a la precariedad.
El cambio terminológico, según el Ministerio de Trabajo, «permite pasar página de un concepto degradado y reconocer los derechos tanto de las personas en formación como de las trabajadoras que comparten espacio con ellas».
Principales medidas del Estatuto
El nuevo Estatuto fija un conjunto de garantías y obligaciones para evitar abusos en las prácticas formativas:
1. Vinculación formativa y plan individual obligatorio
Toda práctica deberá estar vinculada a un itinerario formativo reconocido, y las empresas deberán elaborar un plan individual obligatorio que detalle las competencias que se desarrollarán.
En ningún caso las personas en prácticas podrán sustituir a trabajadores ni desempeñar funciones estructurales de la plantilla.
2. Límite de tutores y número máximo de personas en prácticas
Cada tutor o tutora solo podrá encargarse de un máximo de cinco personas en prácticas. Además, las personas en formación no podrán superar el veinte por ciento del total de la plantilla del centro de trabajo.
3. Derechos reconocidos
El Estatuto reconoce el derecho a la compensación de gastos, al descanso, y al uso de los servicios del centro de trabajo en igualdad de condiciones con el resto del personal.
También se garantiza la protección frente a la violencia y el acoso, y el derecho de la representación sindical a recibir información sobre las prácticas desarrolladas en la empresa.
4. Supervisión y control
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a toda la documentación sobre las prácticas y procederá a actuaciones inspectoras periódicas para verificar el cumplimiento de la norma.
Participación sindical y consenso social
El Estatuto ha sido consensuado con los principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, tras meses de negociación.
Desde Comisiones Obreras, su secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo, Carlos Gutiérrez, celebró que la norma «pone fin a años de explotación y reconoce que la formación práctica no puede basarse en la precariedad».
Por su parte, UGT subrayó que «era imprescindible una regulación que pusiera orden en un sistema que generaba abuso y frustración entre los jóvenes».
Ambas organizaciones coincidieron en que el Estatuto «refuerza el derecho a una formación de calidad y a una experiencia profesional con garantías», y reclamaron al Gobierno que garantice recursos suficientes para su aplicación efectiva.
Un paso hacia la igualdad y contra los falsos becarios
La nueva normativa busca eliminar figuras fraudulentas y evitar que las empresas utilicen las prácticas como sustitución de empleo.
De este modo, se protege no solo a quienes hacen prácticas, sino también a los trabajadores que podrían ver afectadas sus condiciones laborales.
El Ministerio de Trabajo insiste en que el objetivo es que «las prácticas sean un instrumento formativo real y no una vía de precarización».
Además, se incluye un compromiso de igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a las prácticas no laborales, un aspecto destacado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus recomendaciones sobre empleo juvenil.
Formación con derechos en el centro del debate laboral
El Estatuto de las personas en formación práctica no laboral forma parte de las políticas de modernización del mercado de trabajo impulsadas desde 2021.
Con esta norma, el Gobierno busca equilibrar la inserción profesional de los jóvenes y la protección de sus derechos, en un contexto en el que las prácticas se habían convertido en la antesala de la precariedad.
El texto se enmarca también en la Estrategia Española de Empleo Joven y en los compromisos con la Unión Europea, que ha instado a los Estados miembros a garantizar prácticas de calidad y remuneradas.
Una reivindicación histórica del sector periodístico
La aprobación del Estatuto supone además la respuesta a una reivindicación histórica de los sindicatos de Prensa de UGT y CCOO; y de organizaciones como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que llevan años denunciando el uso abusivo de becarios en redacciones, medios de comunicación y gabinetes institucionales.
En palabras de la FeSP, «las prácticas deben servir para aprender, no para cubrir puestos estructurales sin salario ni derechos».
Con esta norma, España da un paso decisivo hacia un modelo de formación práctica justa, tutelada y con derechos.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado la creación de una Comisión de seguimiento para evaluar su aplicación en las empresas y detectar posibles incumplimientos.
