En octubre de 2025 se ha producido un avance muy significativo en el ámbito de la dependencia y los derechos sociales: el Gobierno de España ha aprobado la financiación integral de la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas de alta complejidad.
La medida, articulada a través del Real Decreto-ley 11/2025, crea un nuevo grado de valoración —el Grado III+— para reconocer el derecho a cuidados especializados las veinticuatro horas del día.
El Ejecutivo destina 500 millones de euros a este programa, que se integra en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De ese monto, la mitad se financiará con fondos estatales y el resto con aportaciones de las comunidades autónomas, siguiendo el modelo de cofinanciación habitual.
Con esta inversión, la financiación estatal total en materia de dependencia alcanza los 3729 millones de euros en 2025, la cifra más alta desde la aprobación de la Ley 39/2006.
«Con este decreto se desarrollA la Ley ELA y se garantiza atención personalizada veinticuatro horas para quienes más lo necesitan». Pablo Bustinduy
Qué supone el nuevo Grado III+
El Grado III+ de dependencia extrema introduce una categoría específica para personas que, aun contando con el grado máximo de dependencia, precisan apoyo constante, atención sanitaria domiciliaria avanzada y cuidados técnicos profesionales permanentes.
Las personas beneficiarias podrán recibir hasta 9868 euros mensuales, destinados a servicios de asistencia personal, teleasistencia avanzada o ayuda a domicilio profesionalizada.
Esta prestación tiene carácter estructural, se integra en el SAAD y no sustituye otras ayudas; pretende garantizar la cobertura real de la dependencia más grave.
El decreto modifica también el Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones económicas del sistema, para adecuar cuantías, compatibilidades y condiciones de acceso.
El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas las instrucciones para adaptar sus sistemas de valoración y reconocer el nuevo grado de forma inmediata.
En paralelo, se refuerza la coordinación con los servicios de salud autonómicos, dado que la atención integral requiere personal sanitario y social de forma simultánea.
Un alivio esperado para las familias y asociaciones
La medida ha sido recibida con esperanza por parte de las asociaciones de pacientes de ELA y colectivos de personas con discapacidad severa.
La Plataforma ELA España, que agrupa a veinticuatro entidades autonómicas, ha celebrado el avance como un «paso histórico» y ha recordado que el 85 por ciento de las familias asumía hasta ahora el coste total de la atención domiciliaria, que puede superar los 8000 euros mensuales.
«Por primera vez, el Estado reconoce que la vida y el cuidado digno de una persona con ELA no pueden depender de su renta familiar». Adela Jiménez, portavoz de ELA Andalucía.
También las organizaciones sindicales han destacado el impacto del decreto. Desde CCOO Sanidad Madrid, su responsable de política social, Rosa Martínez, subrayó que el refuerzo de la financiación pública «no sólo protege a las familias, sino que genera empleo estable en el sector de los cuidados profesionales, un pilar aún precarizado».
Retrasos y desigualdades que persisten en el sistema de dependencia
El avance normativo convive con un panorama desigual en la atención a la dependencia. Según el último Panel SAAD del Imserso (octubre 2025), 284.020 personas siguen esperando una prestación o valoración, y el tiempo medio de tramitación en España se sitúa en 349 días.
En regiones como Murcia, el plazo asciende a 563 días, según denunció recientemente CCOO-Región de Murcia, lo que triplica el máximo legal de 180 días. En esa comunidad, más de 16.000 personas permanecen en lista de espera. Andalucía y Canarias superan también los 500 días de demora.
Mientras tanto, comunidades como Castilla y León (113 días) o País Vasco (130 días) mantienen los mejores tiempos de resolución. Las diferencias territoriales ponen de relieve la necesidad de una coordinación real entre el Estado y las autonomías para garantizar la equidad en todo el territorio.
Hacia un modelo de cuidados más justo y sostenible
La creación del Grado III+ abre el camino hacia un nuevo paradigma de atención a la dependencia en España. Se trata de reconocer la dependencia no sólo como un gasto social, sino como una inversión en cohesión y derechos humanos.
Las organizaciones de mayores y discapacidad reclaman que esta medida sea el primer paso hacia una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, que proteja de forma unificada el derecho a la salud, la vivienda, la atención social y la autonomía personal.
«Los derechos constitucionales de las personas mayores y dependientes no siempre están garantizados en la práctica», Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).
El éxito de la reforma dependerá, en última instancia, de su aplicación efectiva. Las entidades sociales insisten en que no basta con promulgar decretos: hace falta recursos humanos, presupuestos estables y rendición de cuentas.
Una oportunidad y un reto
Con la financiación de la ELA y la creación del Grado III+, España avanza en la garantía de derechos para quienes más apoyo necesitan. La medida representa un hito moral y político, pero también evidencia los desafíos estructurales de un sistema que aún arrastra desigualdades, demoras y burocracia.
El reto, como señalan los propios movimientos sociales, es pasar de la norma a la realidad: convertir los derechos reconocidos en cuidados efectivos, accesibles y equitativos en todo el país.
