La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Movilidad Sostenible, este 8 de octubre de 2025, ha recibido un respaldo amplio de organizaciones sociales, ecologistas y sindicales, que consideran la norma un punto de partida decisivo hacia un modelo de transporte más limpio, justo e inclusivo.
Greenpeace, junto a quince entidades de la sociedad civil, celebró el avance como «un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad», aunque reclamó mayor ambición política y compromisos concretos de implementación.
Un paso histórico hacia un transporte limpio
La nueva ley, que continuará su tramitación en el Senado, establece por primera vez un marco estatal para alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050 y reconoce la movilidad como un derecho social, tal como informó Aquí Madrid tras la votación en el Congreso.
El texto contó con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, la abstención de Podemos y los votos en contra de PP, Vox y UPN.
Greenpeace destaca que, aunque la ley «no presenta la ambición que nos hubiera gustado», incorpora medidas con capacidad real para reducir los impactos del transporte y mejorar la salud pública y ambiental. El texto culmina más de tres años de tramitación y debate parlamentario, impulsado por la obligación establecida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, que ya advertía la necesidad de abordar las emisiones del sector.
El transporte, principal fuente de contaminación en España
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el transporte representa el 33,3 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo el transporte por carretera responsable del 32,1 por ciento.
Además, la Agencia Europea de Medio Ambiente atribuye a la contaminación atmosférica 30.000 muertes prematuras al año en España, de las cuales 18.500 se deben a partículas finas (PM2,5), 5500 al dióxido de nitrógeno (NO₂) y 6100 al ozono troposférico.
Ante esta realidad, las organizaciones sociales y sindicales han presionado durante los últimos años para que la ley reconozca la movilidad sostenible no solo como un reto ambiental, sino también como un derecho de justicia social y equidad territorial.
Avances logrados gracias a la presión social
El documento difundido por Greenpeace enumera una serie de logros alcanzados durante la tramitación parlamentaria, fruto del diálogo con la sociedad civil y los grupos progresistas. Entre ellos destacan:
- Compromiso legal de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050.
- Reconocimiento de la multimodalidad, la eficiencia energética y la justicia social como principios del sistema de movilidad.
- Obligación para las empresas con más de 200 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo, lo que amplía la cobertura inicial prevista para compañías de más de 500 trabajadores.
- Creación de una estrategia estatal contra la pobreza de transporte, que reconoce la falta de acceso a la movilidad como una forma de exclusión social.
- Revisión del etiquetado ambiental de la DGT para incorporar las emisiones reales de CO₂.
- Eliminación del gas natural licuado como combustible prioritario en el transporte marítimo.
- Promoción del tren frente al avión, con la eliminación de vuelos domésticos que tengan alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas.
- Recuperación de trenes nocturnos y conexiones ferroviarias europeas.
- Impulso del uso de la bicicleta y de la movilidad infantil segura en entornos urbanos.
«Una buena base para seguir avanzando»
Las quince entidades firmantes —entre ellas CCOO, UGT, Ecologistas en Acción, Transport & Environment, Alianza por el Clima, Fundación Renovables, ConBici y otras— valoraron el texto como un punto de partida, pero alertaron de que aún no está «a la altura de los tiempos».
En su comunicado conjunto afirman:
«La ley constituye una buena base a partir de la cual seguir trabajando para alcanzar un sistema de transporte realmente justo y sostenible».
Desde UGT subrayan que la movilidad sostenible «debe ir unida a la garantía de empleo digno y estable, con inversiones que prioricen el transporte público y la transición justa para los trabajadores del sector».
Por su parte, CCOO ha insistido en la necesidad de que la aplicación de la ley «no quede en manos del mercado, sino que el Estado lidere con planificación y financiación pública los nuevos modelos de transporte».
El papel de Greenpeace y las entidades ecologistas
Para Cristina Arjona, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace, «esta ley llega tarde, pero marca un camino irreversible hacia una movilidad baja en carbono».
Advirtió seguidamente que el reto ahora es asegurar la implementación efectiva de las medidas y evitar retrocesos en el Senado.
Las organizaciones ecologistas destacan, además, que la norma contribuye a la salud pública, reduce la dependencia de combustibles fósiles y refuerza el derecho ciudadano a desplazarse de forma segura, asequible y sostenible, especialmente en las ciudades más contaminadas.
Una oportunidad para reequilibrar el territorio
La ley también abre la puerta a un nuevo enfoque territorial de la movilidad, al reconocer la importancia del transporte público interurbano y rural. Las entidades firmantes reclaman que se garantice el acceso equitativo a la movilidad en las zonas despobladas, donde el coche privado sigue siendo la única opción viable.
La Fundación Renovables y la Alianza por el Clima han subrayado que esta ley puede servir para reducir la brecha de acceso a servicios básicos entre áreas urbanas y rurales, siempre que las administraciones destinen los recursos necesarios.
Próximos pasos en el Senado
El texto aprobado en el Congreso iniciará ahora su tramitación en el Senado, donde se espera que se incorporen mejoras.
Greenpeace y las demás entidades han pedido a los grupos políticos que no diluyan los avances conseguidos y que «profundicen en los diferentes elementos de la ley para avanzar hacia un sistema de transporte realmente justo y sostenible».
La aprobación definitiva marcaría un hito legislativo: España contaría por primera vez con una ley estatal que reconoce la movilidad sostenible como derecho social y obligación pública, con objetivos de descarbonización claros y mecanismos de seguimiento.