El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este 8 de octubre 2025 al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible presentado por el Ministerio de Transportes, una norma que redefine las políticas públicas de transporte en España con un enfoque social, ambiental y digital.
El texto, aprobado con 174 votos a favor y cuatro abstenciones, ha sido remitido al Senado para completar su tramitación y representa un paso decisivo hacia una movilidad entendida como un derecho de la ciudadanía, accesible, inclusiva y segura.
La nueva ley —uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia— busca dotar al país de un marco jurídico estable y coherente que permita avanzar hacia un modelo de movilidad más limpia, eficiente y conectado.
Además, su aprobación es clave para el desembolso de cerca de 10.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU, destinados a la modernización del transporte y la reducción de emisiones contaminantes.
Cuatro pilares para una movilidad del siglo veintiuno
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explica que la norma se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales: el reconocimiento del derecho a la movilidad, la apuesta por la descarbonización, la digitalización del sistema y la inversión responsable al servicio de la ciudadanía.
1. La movilidad como derecho social
Por primera vez, una ley española reconoce expresamente la movilidad como un derecho básico. Esto implica que las administraciones deberán coordinarse para garantizar que toda persona, con independencia de su lugar de residencia, pueda desplazarse de forma accesible, segura y asequible.
La norma protege el sistema concesional de autobuses y asegura que ningún municipio quede sin servicio. Si una comunidad autónoma no asume las competencias, el Ministerio garantizará las paradas y los trayectos actualmente cubiertos por las concesiones estatales. Además, se refuerza la financiación estatal del transporte urbano, un elemento clave para la cohesión territorial y social.
2. Un transporte limpio y saludable
El transporte es responsable del 29 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, lo que convierte a este sector en una prioridad para cumplir con los compromisos internacionales del país. La ley establece como objetivo alcanzar la neutralidad climática en el transporte e introduce mecanismos para la descarbonización progresiva.
Entre las medidas, destaca la actualización de las etiquetas medioambientales de la DGT, adaptándolas a los avances tecnológicos de los vehículos. Asimismo, se promueven políticas activas para la movilidad eléctrica, compartida y activa, fomentando el uso de la bicicleta y del transporte público colectivo.
3. Digitalización e innovación
El texto contempla la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una herramienta que reunirá información sistematizada sobre el funcionamiento del sistema de transportes. Gracias a este espacio digital, las administraciones podrán diseñar políticas basadas en evidencias y mejorar la coordinación y la cogobernanza.
El EDIM permitirá también optimizar la planificación urbana y metropolitana, favoreciendo la interoperabilidad entre modos de transporte y la transparencia en la toma de decisiones.
4. Inversión responsable y transparencia
El cuarto pilar refuerza la idea de que toda inversión pública en movilidad debe estar al servicio de la ciudadanía. Para ello, la ley exige que cada actuación se someta a un análisis de rentabilidad socioambiental, con mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, se fomentará la participación pública en la elaboración de estrategias y proyectos de movilidad, consolidando un modelo más abierto, sostenible y justo.
Compromiso empresarial con la movilidad sostenible
La nueva ley introduce una medida de gran impacto social y ambiental: las empresas con más de doscientos trabajadores por centro, o cien por turno, estarán obligadas a elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo.
Estos planes deberán promover alternativas al uso del vehículo privado, como el transporte colectivo, la movilidad eléctrica o compartida, el fomento de la bicicleta y la flexibilidad horaria o el teletrabajo. El objetivo es reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire en las ciudades.
Contra la pobreza de transporte
La norma reconoce que la movilidad incide directamente en la calidad de vida y la igualdad de oportunidades. Por ello, incorpora el compromiso de elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, dirigida a paliar las carencias de infraestructuras y servicios en zonas con menor acceso a medios de transporte.
Esta estrategia pretende evitar que la falta de conexiones o la lejanía geográfica sean un obstáculo para el empleo, la educación o la atención sanitaria.
Sintonía con los compromisos internacionales
La Ley de Movilidad Sostenible se alinea con los grandes marcos internacionales y europeos: la Agenda 2030 de la ONU, la COP21 de París, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea.
Con esta norma, España consolida su liderazgo en la transición hacia un modelo de transporte más respetuoso con el planeta, reforzando su papel en la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Ministerio de Transportes ha destacado que se trata de un instrumento «imprescindible para modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación», con un impacto estimado de 10.000 millones de euros en inversiones sostenibles.
Transformar la movilidad en España
La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible supone un hito en la política de transporte del país. Además de su dimensión medioambiental, la norma promueve una transformación social, económica y tecnológica del modelo de movilidad.
Con su desarrollo reglamentario, las administraciones locales y autonómicas dispondrán de una herramienta integral para mejorar la planificación urbana, reducir la contaminación y favorecer la movilidad activa. Según se indica desde el Ministerio, se trata de avanzar «de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas».
