España ha superado por primera vez los 1,57 millones de personas que reciben ayudas vinculadas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, un crecimiento interanual del 8,5 por ciento, según el Ministerio de Asuntos Sociales.
Sin embargo, en regiones como Murcia el plazo medio de tramitación alcanza los 563 días, generando críticas entre organizaciones sociales, plataformas de mayores y responsables políticos que exigen una reforma real para garantizar derechos urgentes.
La cifra récord y su contexto
Según datos recientes del Ministerio de Derechos Sociales, en 2025 más de 1,57 millones de personas son beneficiarias de prestaciones por dependencia —un aumento del 8,5 por ciento respecto al año anterior— y las prestaciones reconocidas superan los 2,3 millones en total.
Este avance corresponde al esfuerzo por extender el sistema de cuidados en España, pero convive con una realidad preocupante: sigue existiendo una lista de espera y tiempos de tramitación excesivamente largos en algunas autonomías.
Retrasos extremos en comunidades autónomas
El Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) indica que Murcia registra un plazo promedio de 563 días entre la solicitud y la resolución de la prestación.
Esta cifra la sitúa entre las comunidades con mayor demora del país. Aunque globalmente el tiempo medio ha subido de 342 a 349 días, algunas regiones superan ampliamente ese promedio.
Estas demoras son especialmente críticas porque, en casos extremos, personas dependientes fallecen antes de recibir la ayuda. Durante años, se ha documentado una dramática cifra diaria: 94 personas dependientes fallecen cada día sin haber llegado a recibir la prestación.
Dependencia y discapacidad: promesas y debates
El Gobierno aprobó en 2025 un anteproyecto para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, con la meta de ampliar derechos, agilizar trámites y adaptar el sistema al envejecimiento demográfico.
Entre las medidas destacadas:
- Supresión del régimen de incompatibilidades entre prestaciones del SAAD.
- Reconocimiento automático de un 33 por ciento de discapacidad para quienes obtengan grado de dependencia.
- Compatibilidad entre prestación de dependencia y empleo.
- Fortalecimiento de la asistencia personal profesional, servicios en el domicilio, teleasistencia como derecho y prestaciones transitorias para grados II y III.
- Fin del plazo suspensivo de dos años para quienes cuidan en el entorno familiar.
Sin embargo, el éxito de la reforma dependerá de su ejecución efectiva en las comunidades autónomas, que tienen competencias en valoración, gestión y recursos.
Críticas y demandas desde la sociedad civil
Las plataformas y organizaciones que representan a personas mayores y con discapacidad han reaccionado con cautela y exigencia.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) reclama una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que complemente las reformas en dependencia con garantías para pensiones, salud, vivienda y envejecimiento activo, y señala que los derechos constitucionales consagrados para las personas mayores «no están siempre bien garantizados» en la práctica cotidiana.
En la confluencia entre derechos humanos y políticas sociales, la PMP alude a la necesidad de que el reconocimiento no sea simbólico, sino real: «Hay derechos en la Constitución como los servicios sociales, la atención sanitaria o la vivienda que, para muchas personas mayores, no están garantizados», según declaraciones de sus dirigentes recogidas por Servimedia
Por su parte, en debates recientes de expertos en el ámbito de la dependencia, se insistió en cambiar el enfoque: ver la atención como inversión social, no como gasto. En el I Foro de la Dependencia celebrando en el Congreso, se plantearon mejoras fiscales para servicios y un impulso tecnológico.
El reto político: compromiso y seguimiento
La reforma estatal es ambiciosa, pero su éxito depende de la coordinación política con las comunidades autónomas y del compromiso presupuestario real.
El suplemento de fondos estatales —más de 783,2 millones de euros asignados para el SAAD— busca garantizar un nivel mínimo de prestaciones uniforme, según datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales.
Sin embargo, algunas autonomías acumulan retrasos persistentes (Murcia, Andalucía, Canarias) que evidencian la dificultad estructural de armonizar normativa y recursos ejecutables en cada región.
Retraso medio (días) en el reconocimiento/entrega de prestaciones por dependencia, por Comunidad/ciudad autónoma
Comunidad/ciudad | Días de retraso
Región de Murcia: 563
Andalucía: 559
Canarias: 478
Galicia: 393
Asturias: 342
Madrid (Comunidad): 320
Comunitat Valenciana: 312
Cataluña: 264
Extremadura: 257
Melilla: 252
Illes Balears: 247
La Rioja: 224
Cantabria: 207
Navarra: 204
Castilla-La Mancha: 181
Aragón: 152
País Vasco: 130
Castilla y León: 113
Ceuta: 66
En el ámbito político, líderes de partidos y gobiernos locales ya están bajo presión. Las formaciones que defienden programas sociales cuentan con un capital político frente a ciudadanos y entidades sociales que ahora miden la palabra frente al acto material: si la reforma se traduce en mejora real del acceso y de los tiempos.
Momento simbólico
España vive un momento simbólico: más de 1,57 millones de personas están recibiendo prestaciones por dependencia, una cifra que marca un hito histórico. Pero ese dato convive con demoras inaceptables, desigualdades territoriales y exigencias nacidas del mundo social para que las leyes no queden en letra muerta.
La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad es una oportunidad para dar respuestas integrales, dignificar los cuidados y garantizar derechos reales. Pero será inútil si no se traduce en una aplicación homogénea y eficiente en todas las comunidades, con recursos suficientes y seguimiento político riguroso.
Organizaciones como la PMP, asociaciones de discapacidad y movimientos sociales seguirán vigilantes, mientras millones de familias esperan que esos anuncios se reflejen en vida cotidiana.
