El «plan de paz» anunciado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu para Gaza ha recibido una respuesta tajante por parte de Amnistía Internacional, que lo considera incompatible con el derecho internacional y con la protección efectiva de la población civil.
«La prioridad más urgente es poner fin al genocidio de Israel en Gaza y liberar a todos los rehenes civiles», afirma la secretaria general de AI, Agnès Callamard, quien advierte que cualquier iniciativa para una paz duradera «debe estar fundamentada en el derecho internacional, respetar los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y en Israel, y centrarse en acabar de inmediato con la ocupación ilegal y el sistema de apartheid».
Paz con derechos: condiciones mínimas y obligaciones estatales
Amnistía fija tres pasos inmediatos como condición de partida: un alto el fuego permanente, el levantamiento incondicional del bloqueo para permitir ayuda humanitaria «segura y sin trabas» y la liberación de rehenes en manos de Hamás junto con los palestinos detenidos arbitrariamente por Israel.
La organización rechaza de plano que el acceso de la ayuda o el fin de los ataques a civiles se condicionen a la aceptación del plan por parte de una de las partes: «La provisión de ayuda humanitaria y el fin del genocidio no pueden supeditarse a si Hamás acepta la propuesta», señala Callamard, recordando que más de 65.000 palestinos han muerto y cientos de miles han resultado heridos, en un contexto de desplazamiento forzoso, destrucción y hambre sostenidos durante casi dos años.
Amnistía incide además en la necesidad de poner fin a la práctica de retener cuerpos, una vulneración adicional que impide a las familias el duelo y la sepultura. Y advierte: «Es vital que cualquier acuerdo garantice justicia para las víctimas de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad».
La organización exige a los Estados que cumplan su deber de investigar y sancionar a los responsables, porque «la impunidad alimenta el conflicto y más atrocidades».
La resolución de la ONU como base ineludible
La organización recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2024 una resolución exigiendo a Israel, en línea con el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, la retirada del conjunto de los TPO —Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este— en el plazo de un año.
«Cualquier plan de paz debe apoyarse en esa resolución y permitir su plena implementación», advierte Amnistía, y no introducir cláusulas que la vacíen de contenido o la vuelvan inaplicable.
Contra el desplazamiento forzoso y por la participación palestina
La «absoluta» prohibición de todo desplazamiento forzoso de palestinos no puede limitarse a Gaza: debe extenderse a todo el territorio ocupado, así como a los traslados dentro de los TPO. Si Israel pretende establecer un perímetro de seguridad, «no puede usar los TPO para hacerlo», y tampoco «retener el control de quién puede o no regresar» a ellos.
Amnistía reclama, además, la «participación plena y significativa» de la población palestina en todas las decisiones sobre el futuro del territorio, su gobernanza y el ejercicio de sus derechos, incluido el derecho al retorno.
El papel de Estados Unidos y la prohibición de la fuerza contra civiles
Amnistía muestra «alarma» por las declaraciones de Donald Trump ofreciendo «apoyo total» a Israel para destruir a Hamás en caso de que este no acepte el plan. «El genocidio no puede ni debe ser el medio para librar una guerra», enfatiza Callamard.
La ONG recuerda que, sea cual sea la respuesta de Hamás, todas las partes —incluidos Estados Unidos e Israel— están obligadas por el derecho internacional y «no pueden cometer actos que tengan como objetivo a la población civil ni negar la ayuda que sostiene la vida».
La organización llama a los Estados a abandonar su «inercia autoimpuesta» y su apoyo —activo o tácito— a las violaciones israelíes. Pide detener cualquier cooperación, «incluidas las transferencias de armas o la cooperación económica», que contribuya a sostener la ocupación ilegal, el apartheid o el genocidio en Gaza.
Precedentes que encendieron las alertas de las ONG
La contundencia del pronunciamiento de Amnistía se entiende mejor a la luz de precedentes recientes en los que planes o iniciativas presentados como «de paz» fueron rechazados por organizaciones de derechos humanos por consolidar desigualdades estructurales o por ignorar obligaciones básicas del derecho internacional humanitario.
2020: el «Peace to Prosperity» y la consolidación de la anexión
El plan anunciado por la administración Trump en enero de 2020 —«Peace to Prosperity»— fue valorado por Amnistía como un «deplorable paquete de propuestas para violar el derecho internacional y despojar aún más a los palestinos de sus derechos», un «manual» para más sufrimiento que ni siquiera contaba con la participación palestina en su diseño.
La organización alertó de que la propuesta «exacerbaría» las violaciones en Israel y los TPO, al cercenar el derecho a la autodeterminación y legitimar la anexión de facto de partes de Cisjordania (incluido el Valle del Jordán) y la expansión de asentamientos ilegales.
Estas críticas fueron públicas y documentadas por la propia Amnesty International en su momento
En la misma línea, Human Rights Watch sostuvo posteriormente que el plan de 2020 «imaginaba una dominación israelí permanente sobre todo el territorio y la anexión formal de áreas» de Cisjordania, reforzando un régimen de discriminación sistemática que la organización calificó en 2021 como crímenes de apartheid y persecución.
También desde Israel, la ONG B’Tselem sintetizó su rechazo con un titular inequívoco: «No es paz, es apartheid», argumentando que la propuesta convertía a los palestinos en «súbditos perpetuos» y otorgaba carta de naturaleza a un sistema de dominación estructural.
El rechazo no se limitó a las ONG. El entonces relator especial de la ONU para los derechos humanos en los TPO, Michael Lynk, advirtió que se trataba de una propuesta «desequilibrada» que «consolidaría la ocupación» y «violaría el derecho internacional» al legitimar la anexión.
Desplazamientos forzosos y reconocimiento de Jerusalén
Otro precedente clave es el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel en 2017, una decisión que, según numerosas organizaciones de derechos humanos, saboteó los parámetros básicos del proceso de paz y alentó políticas de hechos consumados en la ciudad ocupada.
Diversas entidades alertaron de que ese movimiento minaba el marco legal internacional y generaba nuevas violaciones sobre el terreno, alimentando la represión de la protesta palestina.
La economía sin derechos: la «paz» condicionada
Las ONG también han cuestionado reiteradamente los enfoques que subordinan los derechos a incentivos económicos o «paquetes de reconstrucción», sin garantías de fin de la ocupación y de igualdad de derechos.
Amnistía, por ejemplo, ha insistido —tanto en 2020 como en pronunciamientos posteriores— en que «la paz real y duradera» exige priorizar los derechos humanos y la rendición de cuentas, no canjearlos por promesas de inversión o «normalización» sin cambios estructurales.
¿Qué diferencia —o no— al plan actual?
A la vista de estos antecedentes, el plan ahora anunciado vuelve a encender las alarmas de quienes trabajan en derechos humanos por, al menos, cuatro motivos:
- Condicionalidad humanitaria: supeditar ayuda y protección a acuerdos políticos viola el principio de necesidad y de imparcialidad en la asistencia. Amnistía lo rechaza expresamente.
- Seguridad sin territorio ni derechos: fórmulas de «perímetros de seguridad» dentro de Gaza o de control de retornos que en la práctica prolonguen la ocupación chocan con el derecho internacional y con la resolución de la Asamblea General de 2024.
- Ausencia de rendición de cuentas: sin mecanismos claros para investigar crímenes internacionales y sancionar a responsables, la «paz» se convierte en un alto el fuego precario. Amnistía lo considera inaceptable.
- Participación palestina: repetir esquemas «sin los palestinos» —como ocurrió en 2020— resta legitimidad y eficacia a cualquier acuerdo. Las ONG y expertos de la ONU ya advirtieron de ello entonces.
En el actual contexto político, incluso sectores que apoyan la desescalada reconocen fisuras profundas dentro del propio gobierno israelí y del entorno internacional respecto del contenido y la implementación del plan, lo que añade incertidumbre y riesgo de nuevas vulneraciones si no se ancla con fuerza en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Paz y justicia, inseparables
El mensaje de Amnistía Internacional es concluyente: «Justicia y paz no pueden ser mutuamente excluyentes y las raíces de las violencias —ocupación y apartheid— deben abordarse de frente.
Sin alto el fuego permanente, sin levantar el bloqueo, sin permitir el acceso humanitario sin condiciones, sin fin de la ocupación y sin rendición de cuentas por los crímenes cometidos, cualquier «plan» corre el riesgo de ser una reedición de propuestas fallidas que, como en 2020, agravaron el problema en lugar de resolverlo.
La organización llama a los Estados a cumplir sus obligaciones y a cesar todas las formas de cooperación que sostengan un sistema ilegal y violento en Gaza y en el conjunto de los TPO.
