Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de que la ofensiva militar anunciada por Israel sobre la Ciudad de Gaza podría convertirse en una «sentencia de muerte» para alrededor de un millón de palestinos.
La organización humanitaria denuncia que la población civil carece de rutas seguras de evacuación, mientras los hospitales colapsan y la ayuda internacional enfrenta obstáculos.
La comunidad internacional reclama medidas urgentes para evitar una catástrofe humanitaria irreversible.
Una ofensiva con consecuencias devastadoras
La ciudad de Gaza, uno de los núcleos urbanos más densamente poblados del planeta, enfrenta una nueva amenaza tras el anuncio del Gobierno de Israel de intensificar su ofensiva militar.
Según Médicos Sin Fronteras, cualquier ataque de gran escala en esta zona «no puede sino traducirse en la muerte masiva de civiles», debido a la falta de refugios seguros, la destrucción de infraestructuras y el bloqueo a la ayuda humanitaria.
En una comunicación hecha pública este 9 de septiembre 2025, la oenegé subraya que «la población atrapada en Gaza no tiene adónde huir; cualquier avance militar en la Ciudad de Gaza es, en la práctica, una sentencia de muerte para un millón de personas».
Colapso del sistema sanitario
Los hospitales de Gaza operan en condiciones extremas desde hace meses. Falta electricidad, agua potable, medicinas y personal sanitario.
MSF denuncia que los centros de salud ya no pueden hacer frente al flujo constante de heridos, mientras que pacientes crónicos y personas con cáncer quedan sin acceso a tratamientos vitales.
«Nuestros equipos trabajan en hospitales donde ya no hay camas, ni material quirúrgico suficiente, ni sangre para transfusiones», explicó Avril Benoît, directora ejecutiva de MSF.
La oenegé insiste en que la destrucción de infraestructuras médicas constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
Un millón de personas atrapadas
La Ciudad de Gaza alberga a cerca de un millón de personas, muchas de ellas desplazadas desde otras zonas de la Franja. La densidad poblacional convierte cualquier operación militar en un escenario de víctimas masivas.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) advierte que «un ataque a gran escala en esta zona densamente poblada no es compatible con las obligaciones internacionales de protección de civiles».
Agencias de Naciones Unidas, como la UNRWA, insisten en que la población de Gaza depende en un ochenta por ciento de la ayuda humanitaria. Sin embargo, la entrada de suministros continúa limitada por bloqueos y restricciones.
António Guterres, secretario general de la ONU, reclamó la semana pasada que «la prioridad absoluta debe ser detener la violencia y garantizar el acceso humanitario sin condiciones».
La Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, mantiene investigaciones abiertas sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en los territorios palestinos ocupados. El anuncio de Israel de ampliar la ofensiva podría reforzar la necesidad de acelerar esas pesquisas.
Solidaridad desde España
En España, organizaciones sociales y sindicales han mostrado preocupación por la situación.
Comisiones Obreras (CCOO) recordó en un comunicado que «el silencio ante esta ofensiva equivale a complicidad» y llamó al Gobierno español y a la Unión Europea a tomar una postura más contundente. UGT insistió en que «no se trata de un conflicto bélico convencional, sino de una catástrofe humanitaria planificada».
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través del ministro José Manuel Albares, reiteró que España «defiende un alto el fuego inmediato y la apertura de corredores humanitarios seguros». En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó el 9 de septiembre un paquete de medidas para Palestina, incluyendo la atención sanitaria urgente a niños gazatíes enfermos o heridos que llegan a territorio español.
