El Consejo de Ministros ha aprobado este 2 de septiembre 2025 la propuesta del Gobierno de España para alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, con el objetivo de articular un acuerdo político y social que trascienda legislaturas y garantice una respuesta firme a los efectos del calentamiento global.
El plan establece diez líneas de acción prioritarias que abarcan desde la descarbonización de la economía hasta la protección de los ecosistemas y la justicia social.
El Ejecutivo insiste en que esta iniciativa debe servir como marco estable para la acción climática, ofreciendo seguridad a las inversiones en energías limpias y estabilidad a las políticas ambientales.
«España no puede permitirse retrocesos en la protección ambiental. Necesitamos un pacto que blinde los avances logrados y que permita acelerar las medidas necesarias para cumplir con los objetivos europeos y globales», subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa anterior al Consejo de Ministros.
Una propuesta de alcance estratégico
La emergencia climática se percibe ya como una de las principales amenazas para la seguridad, la salud pública y la economía en España. Sequías prolongadas, olas de calor extremo, incendios forestales devastadores y pérdida de biodiversidad son fenómenos que se han intensificado en los últimos años, y que ponen de manifiesto la urgencia de un plan integral.
La propuesta del Ejecutivo plantea un compromiso transversal que involucre a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, universidades, empresas y colectivos ciudadanos. Se trata de construir una hoja de ruta compartida que trascienda los ciclos electorales y ofrezca continuidad a las políticas medioambientales.
Diez medidas para un Pacto de Estado
El plan del Gobierno se concreta en diez líneas de acción prioritarias, que se desarrollan a continuación:
1. Neutralidad climática en 2050
El Ejecutivo reafirma su compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, en consonancia con los compromisos europeos. Para ello, se reforzarán las políticas de descarbonización, incluyendo un mayor control sobre sectores intensivos en emisiones y un marco normativo que obligue a reducir progresivamente la huella de carbono.
2. Energías renovables y eficiencia energética
El despliegue de renovables se plantea como acelerador de la transición ecológica. Se impulsará la instalación de energía solar y eólica a gran escala, junto con el autoconsumo y las comunidades energéticas locales. Asimismo, se pondrán en marcha programas de rehabilitación de edificios, con especial atención a las viviendas sociales, con el fin de reducir el consumo energético y las facturas de los hogares vulnerables.
3. Movilidad sostenible
La movilidad es uno de los principales focos de emisiones en España. El plan propone una expansión significativa del transporte público, especialmente en zonas metropolitanas, junto a la promoción de la bicicleta, los vehículos eléctricos y el coche compartido. También se revisarán las infraestructuras de transporte para reducir la dependencia del automóvil privado.
4. Protección de la biodiversidad y recursos naturales
El Gobierno se compromete a reforzar la conservación de áreas protegidas y ecosistemas frágiles. Se prevé la creación de nuevos corredores ecológicos, el aumento de la vigilancia en espacios naturales y la aplicación de protocolos basados en la ciencia para la conservación de especies amenazadas.
5. Gestión del agua y prevención de sequías
La crisis hídrica es uno de los grandes retos. Se prevé invertir en infraestructuras de almacenamiento y distribución resilientes, mejorar las redes de abastecimiento urbano y rural, y fomentar el ahorro mediante planes de eficiencia adaptados a cada territorio.
6. Agricultura y alimentación sostenible
El pacto contempla medidas de apoyo a la agroecología, la agricultura de proximidad y la ganadería extensiva, que contribuyen a la fijación de población en zonas rurales. También se incentivarán prácticas regenerativas que permitan a los agricultores adaptarse a nuevas condiciones climáticas y mitigar la desertificación.
7. Industria verde y economía circular
Se impulsarán políticas de economía circular orientadas a la reducción de residuos, la reutilización y el ecodiseño. Las industrias más contaminantes dispondrán de fondos para reconvertirse, siempre con objetivos verificables y auditables.
8. Justicia climática
El plan reconoce que los efectos de la crisis climática recaen especialmente sobre las poblaciones más vulnerables. Se implementarán medidas para proteger a las personas con menos recursos, a los mayores y a quienes habitan en zonas rurales afectadas por fenómenos extremos. La transición ecológica debe hacerse sin dejar a nadie atrás.
9. Educación y cultura ambiental
La sostenibilidad se integrará en los planes de estudio, desde la educación primaria hasta la universitaria, y se desarrollarán campañas de sensibilización masiva. La idea es fomentar una cultura social comprometida con la protección del planeta.
10. Cooperación internacional y solidaridad climática
España se compromete a reforzar su papel internacional en la lucha climática, apoyando a países del sur global mediante financiación, transferencia tecnológica y asistencia técnica. Se trata de alinear las políticas nacionales con los objetivos del Acuerdo de París.
El papel de los agentes forestales: la visión de Sara Aagesen
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al desarrollar el punto 4, en que el pacto debe incluir medidas laborales para todos los profesionales vinculados a la protección forestal.
En una entrevista en RNE, ya había defendido que el nuevo convenio colectivo que se negocia supone «algo tan importante como pasar de ser considerados peones forestales a ser bomberos forestales y de ser personal eventual estacional a fijo los 365 días del año».
De este modo, Aagesen plantea la necesidad de que las comunidades autónomas, como administraciones competentes, dimensionen adecuadamente sus plantillas de agentes forestales para la prevención y extinción de incendios durante todo el año: «Las comunidades deben saber cómo dimensionar sus servicios para conseguir una respuesta adecuada… en función de las áreas que tienen que proteger», señaló recientemente en el Senado.
La ministra considera que los compromisos presupuestarios de los gobiernos autonómicos deben integrarse también en el Pacto de Estado, con el fin de garantizar plantillas estables y cualificadas, especialmente en un contexto de incendios cada vez más graves y frecuentes.
Reacciones sindicales y ecologistas
Los sindicatos han mostrado respaldo al pacto, aunque con matices, y los ecologistas con reservas respecto a su alcance.
Desde Comisiones Obreras (CCOO) advierten de que «la transición energética no puede hacerse a costa del empleo ni de la cohesión territorial». El sindicato reclama un programa nacional de formación en competencias verdes, destinado a trabajadores de sectores en transformación como la automoción o la minería, y pide que se garantice un proceso justo para las comarcas que dependen de industrias contaminantes.
UGT subraya, por su parte, que el pacto debe ir acompañado de un marco estable de diálogo social. «Los agentes sociales debemos participar activamente en el diseño de las medidas que afecten a la industria, el transporte y el empleo rural», remarcan desde la organización. El sindicato reclama que se prioricen los empleos de calidad en el despliegue de energías renovables y la rehabilitación de viviendas.
Greenpeace ha recibido la propuesta con cautela, al considerar que, aunque supone un paso positivo hacia un consenso político, aún está lejos de la ambición que requiere la crisis climática. La organización recuerda que España sigue siendo uno de los países europeos con mayores emisiones ligadas al transporte y a la producción energética, y reclama un calendario más estricto para la eliminación de los combustibles fósiles.
Según la oenegé, «el Gobierno debe comprometerse con medidas verificables y vinculantes que garanticen una reducción de emisiones del 55 % en 2030, porque de lo contrario no alcanzaremos los objetivos del Acuerdo de París». Greenpeace insiste además en la necesidad de limitar la expansión de infraestructuras contaminantes, como nuevos aeropuertos o carreteras, y de apostar decididamente por un modelo energético cien por cien renovable.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha subrayado que cualquier pacto de Estado debe situar la justicia social en el centro de la transición ecológica. La organización alerta de que los costes de la crisis climática recaen de forma desproporcionada en las personas más vulnerables, como trabajadores precarios, pensionistas y habitantes de zonas rurales que sufren de forma directa la desertificación y la pérdida de recursos hídricos.
En palabras de la organización, «no se trata solo de reducir emisiones, sino de garantizar que las medidas climáticas no aumenten la desigualdad». Para Ecologistas en Acción, es imprescindible que el pacto incorpore compromisos concretos en materia de movilidad pública asequible, rehabilitación energética de viviendas sociales y apoyo a la agricultura de pequeña escala frente al modelo agroindustrial intensivo.
Hacia un consenso nacional
La propuesta de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática pretende abrir un espacio de negociación que involucre a todos los actores relevantes. El Gobierno confía en que esta iniciativa sirva para garantizar la estabilidad de las políticas medioambientales y ofrezca seguridad jurídica a las inversiones en energías limpias e innovación tecnológica.
La clave estará en lograr un consenso amplio que combine la urgencia ambiental con la justicia social, de manera que España pueda liderar la transición ecológica en el sur de Europa y convertirse en un referente en la lucha global contra el cambio climático.
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