Dirigentes sindicales de la Central de Trabajadores Argentina Autónoma (CTA-A) en la provincia de Misiones se enfrentan a un proceso de persecución judicial.
La citación a juicio oral, prevista para el próximo 15 de octubre de 2025, de la secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, Mónica Gurina y del secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y dirigente de la CTA, Leandro Sánchez constituye un ejercicio de violencia antisindical dirigida a silenciar la protesta social y la defensa de los derechos de la clase trabajadora.
Los dos dirigentes serán juzgados por su participación en las legítimas luchas salariales desarrolladas durante el año 2024 en defensa de condiciones de vida y trabajo dignas.
Este proceso judicial constituye un grave atentado contra las libertades sindicales y se inscribe en un contexto más amplio de ajuste económico y endurecimiento represivo en Argentina.
El uso del aparato judicial para criminalizar la protesta social busca disciplinar y amedrentar a quienes, desde la acción sindical y popular, se organizan para defender derechos básicos.
Se trata de una estrategia que no solo vulnera la Constitución argentina, sino también los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen y protegen el derecho de huelga, la libertad de asociación y la protesta pacífica como pilares de la democracia.
Este proceso judicial se produce además en un contexto político marcado por la gestión del presidente Javier Milei, cuyas medidas drásticas de recorte social, privatizaciones y desregulación económica han deteriorado gravemente las condiciones de vida de amplios sectores populares.
A ello se suman denuncias de corrupción en la administración pública y un clima de crispación institucional que enrarece el proceso electoral en marcha, debilitando aún más las garantías democráticas.
La ofensiva judicial contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez es, por tanto, inseparable de este escenario de ajuste y persecución, que busca disciplinar al movimiento sindical para allanar el camino a una agenda regresiva en lo social y en lo laboral.
UGT España
La central sindical española UGT considera ″inaceptable que dirigentes sindicales sean llevados a juicio por el simple hecho de cumplir con su mandato y acompañar las demandas de los trabajadores en las calles”.
″La criminalización de la protesta no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento contra las organizaciones sindicales y sociales en un momento de retrocesos sociales y económicos que afectan de manera directa a la clase trabajadora argentina” añaden.
UGT exige la absolución inmediata de Mónica Gurina y Leandro Sánchez, así como el ″desprocesamiento de todas y todos los luchadores que hoy sufren persecución judicial por su compromiso con la justicia social”.
Asimismo, el sindicato reafirma su solidaridad internacionalista con las compañeras y compañeros de la CTA Autónoma de Misiones y extiende este llamado ″al conjunto del movimiento sindical internacional para que alce la voz frente a este atropello”.
″La defensa de quienes hoy son perseguidos en Argentina es también la defensa de los derechos y libertades sindicales en todo el mundo. Solo con unidad y solidaridad podremos frenar la escalada de represión y garantizar que la lucha por el trabajo decente y por una sociedad más justa no sea castigada, sino reconocida como lo que es: un pilar fundamental de la democracia”.
