El empleo informal en Cuba es un fenómeno cada día más palpable pero que hasta 2025 no se había ni cuantificado. La pertinaz crisis económica del país merma las ofertas atractivas en el sector formal y fuerza a muchos trabajadores a someterse a la irregularidad laboral, con tratos discriminatorios, de explotación e inestabilidad, informa Dariel Pradas (IPS) desde La Habana.
«Ejemplos de abuso de poder y explotación laboral se ven día a día y con personas jóvenes. Se nos debería dar más protección legal, porque muchas veces nos sentimos desamparados y no sabemos a dónde mirar ni a quién recurrir, en caso de un momento de tensión en esos trabajos», dijo a IPS una estudiante universitaria de La Habana que pidió el anonimato.
Esta joven de diecinueve años actualmente trabaja de manera informal como gestora de redes sociales, un empleo que, si bien está desprovisto de protección legal y no aporta a la seguridad social, es una panacea con respecto al primer empleo informal que tuvo de productora en un negocio de organización de fiestas y eventos.
«Tenía una carga mental bastante fuerte. Me desmayaba constantemente. Una vez, mis jefes me humillaron delante de todos mis compañeros de trabajo. Con el tiempo, interioricé que muchas cosas que viví fueron explotación laboral y situaciones de abuso de poder», dijo.
Además, las diferencias en los tratos entre hombres y mujeres eran muy diferentes. «Muchas veces trabajaba el doble o triple de lo que trabajaban los hombres, y se me exigía más que a ellos. Los hombres no se gritaban ni maltratan entre ellos, pero a mí sí se me podía agredir, gritar, decir cosas hirientes», explicó.
Para las autoridades cubanas, la informalidad laboral incluye a aquellas personas que hacen una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo ni protección de la seguridad social, siempre y cuando ella sea legal y pueda formalizarse, dijo en 2024 Ariel Fonseca, director de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en un programa televisivo sobre el tema.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ocupaciones informales incluyen todo trabajo remunerado (tanto autoempleo como empleo salariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos.
En concurridas calles de La Habana, se pueden observar a cientos de personas vendiendo cualquier tipo de mercancía, tanto sentadas en el suelo como en el umbral de las puertas de sus casas; muchas, sin ningún respaldo legal.
Es la cara más visible de la informalidad laboral, pero esta tiene otras múltiples expresiones.
Muchos negocios privados emplean a gran parte de sus recursos humanos sin contrato, lo que somete a esos trabajadores a una inestabilidad laboral, con despidos arbitrarios, sin seguro social ni garantías de los mínimos derechos laborales.
Las personas entran en ese círculo de explotación por una simple razón: o no alcanzan a obtener puestos mejor renumerados –y formales– en el sector privado, o desechan la idea de trabajar para el Estado, donde escasea la fuerza laboral y cuyos salarios medios ascienden a apenas el valor de unos quince dólares mensuales según el mercado negro de divisas, el más usado en el país.
La informalidad laboral se ha reforzado con la agudización de la ya crónica crisis económica en este país insular caribeño.
Fonseca afirmó que, a diferencia de otros países, muchos cubanos entran en una situación de informalidad de manera voluntaria, pues podrían legalizar su estatus y tributar a la seguridad social.
Los empleadores, en múltiples casos, optan por evitar contratos para eludir responsabilidades tributarias o de cumplimiento de derechos laborales.
Uno de los retos de formalizar las relaciones entre empleador y empleado, consiste en atenuar las causas económicas que empujan a las personas a someterse a un régimen informal.
Informalidad en la ley
En Cuba no existían estadísticas precisas sobre el trabajo en la informalidad hasta julio de este 2025, cuando se divulgaron los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación hecha en 2024 por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei). Con una muestra de unas 63.000 viviendas.
El vicejefe de la Onei, Juan Carlos Alfonso, afirmó que 20,1 por ciento de los ocupados en Cuba se encontraban en situación de informalidad.
«En un país como el nuestro, eso no debe ser, pero sucede, y esta información servirá para adoptar programas o medidas para enfrentar el problema», comentó Alfonso.
En este país de 9,7 millones de habitantes, la encuesta de ocupación establece que las personas mayores de quince años son 8,4 millones y unos 4, 2 millones componen la población económicamente activa, de la que 1,7 por ciento está desocupada.
En Cuba, la informalidad laboral no es abordada en el actual Código Laboral vigente desde 2013, pero se pretende incluir en el nuevo código que se someterá a aprobación en 2026, tras haber sido aplazado, y cuya actualización estará atemperada a las nuevas realidades del país, con la inclusión de las empresas privadas e inéditas relaciones laborales.
Entre septiembre y diciembre, el anteproyecto de ley será sometido a consulta entre los trabajadores cubanos.
La exministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó, había dicho en junio a la prensa local que la consulta era una vía para ampliar las garantías y los derechos de los trabajadores en materia de legislación laboral.
Un mes después, el 14 de julio, Feitó tuvo que renunciar tras haber arremetido, en su comparecencia ante los diputados del unicameral parlamento de la isla, contra las personas que piden limosna en las calles, limpian parabrisas o recogen basura en los contenedores, tildándolos de preferir un modo de vida «fácil» o de cometer ilegalidades.
Otro impulsor del anteproyecto de ley, Ulises Guilarte, exsecretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), organización que agrupa a todos los sindicatos del país, fue «liberado» (cesado) de su cargo el 18 de julio.
El curso de acción que se tomará para afrontar el problema de la informalidad laboral –aunque se presupone que, por el discurso oficial, será con miras a favorecer a los trabajadores–, todavía es una incógnita.
