La Federación de Empleados Públicos de UGT ha denunciado públicamente a la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria por la externalización de funciones esenciales mediante la contratación de empresas privadas, en detrimento del personal funcionario marítimo del cuerpo.

Según el sindicato, se trata de una práctica opaca y reiterada que vulnera la legalidad y debilita la función pública en un área tan sensible como es la vigilancia aduanera.

En el centro de la denuncia se encuentra la contratación por parte de la DAVA de seis marineros privados a través de la empresa GAUZON, adjudicataria desde 2022 de contratos por valor de más de nueve millones de euros. Estos trabajadores han sido encargados de mover la embarcación FULMAR, actualmente atracada en Las Palmas de Gran Canaria, mientras el personal funcionario con la capacitación y la obligación legal para esta tarea permanece desembarcado.

UGT considera este hecho un ejemplo de privatización encubierta: «La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera vuelve a saltarse todos los límites de la legalidad, del sentido común y de la mínima decencia institucional», denuncia el sindicato en una nota hecha pública este 30 de julio. Para la organización, esta maniobra representa «un nuevo golpe a la función pública, al principio de reserva de funciones en materia de vigilancia aduanera y al uso racional y transparente de los fondos públicos».

Luis Vidal, responsable de UGT AEAT, ha calificado esta actuación como «desleal, opaca y posiblemente ilícita». A su juicio, lejos de reforzar la operatividad del Servicio de Vigilancia Aduanera, la decisión de contratar personal externo debilita la capacidad real de intervención de los efectivos propios del organismo, además de suponer un menosprecio hacia su profesionalidad.

«No es admisible que se sustituya a personal funcionario por trabajadores contratados a dedo a través de empresas privadas, sin control sindical ni garantías de transparencia», ha declarado Vidal. En su opinión, esta estrategia alimenta una estructura paralela dentro de la Agencia Tributaria, basada en contratos arbitrarios y vínculos repetidos con ciertas empresas «colaboradoras de confianza», como es el caso de GAUZON.

El sindicato plantea preguntas que, según afirman, la DAVA aún no ha respondido: ¿cuál es el importe exacto del contrato adjudicado a la citada empresa para la provisión de los seis marineros? ¿Qué razones justifican apartar al personal propio para una tarea que les corresponde legalmente? ¿Qué funciones públicas están delegándose ilícitamente en manos privadas?

Para UGT, la vigilancia aduanera es una función pública estratégica y no puede ser tratada como un negocio. «Quien la subcontrata para beneficiar a terceros incurre en una grave irresponsabilidad política y posiblemente en una conducta prevaricadora», ha advertido Vidal.

En este sentido, el sindicato reclama medidas urgentes y contundentes:

  • La revocación inmediata de cualquier encargo a empresas privadas que suplanten funciones del personal de Vigilancia Aduanera.
  • La depuración de responsabilidades dentro de la DAVA por lo que califican de actuación intolerable.
  • La fiscalización urgente por parte de los órganos competentes en control presupuestario y disciplinario.
  • Y, si procede, la remisión del expediente a la Fiscalía, por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

UGT AEAT subraya que no va a permitir el desmantelamiento progresivo de la función pública mediante el uso sistemático del contrato menor, una figura legal que, según critican, se está utilizando para eludir los procedimientos ordinarios de contratación y control. «La legalidad no es opcional. Y la vigilancia aduanera no es una mercancía. Es una responsabilidad pública que exige transparencia, profesionalidad y control democrático», concluyen desde el sindicato.

La denuncia de UGT se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las políticas de externalización en distintos ámbitos de la administración pública.

En sectores estratégicos como la seguridad, la fiscalidad o el control de fronteras, las organizaciones sindicales vienen alertando del riesgo que supone la privatización de funciones esenciales, tanto desde el punto de vista de la eficacia como del respeto a la legalidad.

Desde la AEAT no se han ofrecido por el momento explicaciones públicas sobre los hechos denunciados. Tampoco se conoce si la dirección del organismo tiene previsto revisar o revertir esta contratación. Mientras tanto, el sindicato continúa recabando apoyos y prepara nuevas acciones de presión institucional para evitar que esta práctica se consolide como una vía paralela de gestión de recursos humanos en Vigilancia Aduanera.

Para Luis Vidal, lo que está en juego no es solo el respeto a los derechos laborales del personal funcionario, sino el modelo mismo de servicio público que debe regir en una administración moderna y democrática: «No es aceptable que el dinero de todos se utilice para enriquecer a unos pocos mientras se margina al personal cualificado de la propia Agencia. Esto no es eficiencia: es clientelismo encubierto», ha sentenciado.

1 COMENTARIO

  1. Vigilancia Aduanera es una organización que no tiene ningún sentido. No tienen preparación ni capacidad. Nos cuesta el dinero y ya tenemos a la PN y a la GC.

    Se han convertido en un problema para la AEAT. Una pena.

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