La orden llegó en plena ola de calor, cuando los parques de bomberos colgaban grandes lonas rojas advirtiendo a la ciudadanía de que la plantilla está «en números de emergencia». Sin auto judicial, el Ayuntamiento de Madrid mandó retirar todas las pancartas y amenazó con expedientes disciplinarios a quienes se resistieran.
El conflicto, que CCOO define como «censura en estado puro», revela hasta qué punto el gobierno municipal prefiere tapar el problema antes que reforzar uno de los servicios esenciales más valorados por la población.
Según los datos internos del propio Cuerpo, hoy hay 279 bomberos especialistas menos que en 2015, aunque las salidas previstas para 2025 alcanzan la cifra récord de 30.000 intervenciones.
El déficit de personal no es una sorpresa. Los Acuerdos de la Villa de 2020, suscritos por todos los grupos políticos, fijaron el objetivo de 1700 efectivos en plantilla. Cinco años después, no se ha superado el umbral de 1440, y la Carta de Servicios continúa desfasada: recoge un mínimo diario de 223 bomberos —sin incluir el nuevo parque 13— que se incumple más de la mitad de los días del año.
La consecuencia es aritmética: cuando coinciden dos incendios de envergadura o un siniestro químico, no hay manos suficientes para responder con seguridad a ambos. La situación se agrava en verano, con los retenes destinados a incendios forestales y las vacaciones congeladas para cuadrar turnos.
Las nuevas plazas tampoco llegan. Hay 271 vacantes aprobadas desde 2023 cuyo proceso está bloqueado sin explicación oficial. Otros 127 aspirantes superaron las oposiciones en marzo de este año, pero el Ayuntamiento pospuso su formación hasta septiembre por «falta de instructores». Además, 60 plazas de bombero conductor convocadas hace casi un año siguen congeladas.
El sindicato denuncia que la administración juega a la ruleta rusa con la seguridad: si mañana se desploma un edificio o se repite una tormenta igual a la de Filomena, la capacidad de respuesta estará al límite.
Las horas extras no son la solución
Para cubrir los huecos se recurre a la sobreexplotación. Solo en 2024 se pagaron casi 600.000 horas extraordinarias —más de dieciséis millones de euros—, y la proyección de 2025 es similar.
Decenas de bomberos acumulan jornadas de hasta 72 horas semanales, muy por encima de lo permitido por la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo.
El desgaste físico y mental, advierten, multiplica el riesgo de accidentes: «Un compañero exhausto es un compañero que puede fallar en un rescate o tardar un segundo decisivo en evacuar a un vecino», resume un sargento que pide anonimato por miedo a represalias.
El episodio de las pancartas ha encendido todas las alarmas sindicales. La última instrucción municipal ordenó descolgar los mensajes «por alterar la estética de los parques».
Sin embargo, no existe informe que acredite peligro para la estructura ni para los viandantes, ni se ha solicitado la autorización judicial que el propio Consistorio exigió cuando los bomberos desplegaron una lona frente al Congreso el 20 de mayo.
Para CCOO, la medida vulnera los artículos 20 y 28.1 de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y la actividad sindical: «No es una cuestión estética; es el intento de silenciar una denuncia incómoda», protesta el delegado de prevención del sindicato.
El Ayuntamiento guarda silencio sobre las cifras y esquiva las preguntas sobre la tramitación de las nuevas plazas. En su última comparecencia ante la comisión de Seguridad, el titular del área se limitó a afirmar que «Madrid tiene un servicio de bomberos ejemplar» y negó la existencia de colapso.
Peligros que acechan un Madrid con pocos bomberos
Fuentes internas afirman que la estrategia pasa por externalizar determinadas tareas, como mantenimiento de material o apoyo logístico, y reforzar los conciertos con parques regionales, pero los especialistas dudan de la eficacia de estos parches: «En una emergencia grave, llamas a quien está más cerca, y si el parque de al lado está igualmente bajo mínimos, la ayuda llega tarde», explica un jefe de guardia.
El contexto metropolitano agrava la preocupación. Madrid suma más de 3,3 millones de habitantes fijos y un flujo diario de 800.000 trabajadores y turistas. El parque inmobiliario envejecido, la proliferación de baterías de litio y las olas de calor elevan la carga de incendios urbanos un nueve por ciento anual.
A ello se suma el boom de eventos masivos al aire libre, con recintos que superan los 40.000 asistentes cada fin de semana: «Nunca hemos tenido tantos escenarios potenciales de riesgo y, sin embargo, los medios materiales —autoescalas, equipamiento de respiración, uniformes ignífugos— se renuevan a un ritmo insuficiente», lamenta otro portavoz de CCOO.
Más allá de los números, el sindicato describe un cuerpo «extenuado y frustrado» que siente cómo la precariedad técnica erosiona su prestigio profesional. Las humedades en los parques, los vestuarios saturados o los vehículos con más de veinte años de servicio son factores que, sumados, deterioran la moral y la capacidad de retención de talento. Las nuevas promociones duran poco: muchos bomberos jóvenes aprueban la oposición madrileña y al cabo de dos años piden traslado a comunidades que ofrecen jornada de 24 horas por 72 libres y plantillas más holgadas.
La censura, sin embargo, ha provocado el efecto contrario al buscado. Las imágenes de las lonas retiradas sobre la fachada de los parques se viralizaron en redes sociales, acompañadas del eslogan «Madrid sin bomberos: ciudad en riesgo».
Colectivos vecinales, asociaciones de padres y ONG medioambientales se han sumado a la campaña reclamando transparencia. «No pretendemos alarmar, pretendemos que no tengan que lamentar», insiste el comité de empresa. La oposición municipal ha solicitado un pleno extraordinario y exige la comparecencia urgente del alcalde.
Presionar a la Corporación
CCOO estudia ya dos vías de presión: recurrir la orden de retirada por la vía contencioso-administrativa y convocar movilizaciones escalonadas hasta que el Consistorio fije un calendario de incorporación de los 127 opositores, desbloquee las 271 plazas pendientes y actualice la Carta de Servicios.
Entre las acciones barajadas están paros simbólicos de 10 minutos por turno y el apagado de sirenas en señal de protesta durante los traslados no urgentes. «Los bomberos de Madrid no vamos a callar», subraya un comunicado del sindicato, «porque el humo que se intenta tapar siempre acaba saliendo por otra parte».
Los expertos en gestión de emergencias recuerdan que la prevención contra incendios es tan importante como la extinción. Cada euro invertido en reforzar plantillas y renovar equipos ahorra entre cuatro y siete euros en daños materiales y sanitarios posteriores. La factura de la inacción puede ser social y económicamente inasumible, advierten, citando casos de ciudades europeas que, tras grandes siniestros, tuvieron que destinar millones a reconstrucción y compensaciones judiciales.
Mientras el pulso avanza, los madrileños asisten con desconcierto a un debate que les afecta de lleno. Cada vez que suenan las alarmas, confían en que la primera dotación llegue en menos de ocho minutos. Esa confianza, sostienen los bomberos, es el verdadero capital que está en juego.
Con la plantilla al límite y el altavoz sindical censurado, la pregunta que queda colgando en el aire es si el Ayuntamiento está dispuesto a escuchar antes de que una tragedia obligue a hacerlo por la fuerza de los hechos. Porque en las emergencias, a diferencia de la política, no cabe apagar los focos para que la realidad desaparezca: tarde o temprano, las llamas se ven.
