El 11 de julio 2025 se presentó ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo una querella penal contra los cinco magistrados de la Sección 4.ª de lo Contencioso-Administrativo, firmantes de las sentencias de 25 de febrero y 4 de marzo de 2025 sobre abuso de personal interino.
El escrito, suscrito por más de 250 empleados públicos, sindicatos y plataformas de toda España, acusa a los jueces de prevaricación por apartarse «voluntaria y conscientemente» de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las administraciones abusadoras.
Un paso inédito contra la cúpula contenciosa
Según la querella, nunca antes se había imputado penalmente a magistrados del Supremo por desobediencia al Derecho de la UE. Los promotores sostienen que los jueces querellados «incurrieron en hechos aparentemente delictivos» al rechazar la fijeza o indemnizaciones disuasorias y limitarse a convalidar procesos selectivos que, en opinión del TJUE, no reparan el abuso sufrido por los temporales.
El escrito subraya que «en un Estado de Derecho no puede haber espacios de impunidad; también los jueces deben responder», y advierte de la existencia de un «doble rasero» si la jurisdicción penal investiga a miembros del Ejecutivo pero no a los magistrados querellados.
Tres ejes de la acusación
- Vulneración de la primacía europea. Las sentencias impugnadas ignoraron la doctrina comunitaria que obliga a sancionar el abuso de temporalidad, perpetuando la situación de los interinos sin estabilidad ni compensación adecuada.
- Medidas ineficaces. Mantener a la víctima en el mismo puesto precario o ofrecer indemnizaciones tasadas —veinte días por año— no disuade a la administración y contraviene la Directiva 1999/70/CE.
- Contradicciones lógicas. El Supremo considera apto al interino para trabajar años pero lo obliga a competir de nuevo por el puesto; además asume como «sanción» la prolongación de la relación abusiva hasta futura cobertura de la plaza.
Un problema estructural
La querella contextualiza el conflicto en una temporalidad media del 32,32 por ciento en las administraciones públicas (979.409 personas el 1 de enero de 2025) —muy por encima del límite del ocho por ciento comprometido con Bruselas— con picos del 48 por ciento en sanidad y del 32 por ciento en enseñanza no universitaria. El 18 por ciento de los temporales tiene entre 60 y 64 años, lo que agudiza la inseguridad laboral y el impacto psicológico en un colectivo feminizado y de edad avanzada.
Vínculo con la sanción europea
La iniciativa penal llega pocos días después de que la Comisión Europea anunciara la retención de 626,6 millones de euros del quinto tramo de los fondos NextGenerationEU a España por no reducir la temporalidad en el sector público, medida que la querella menciona expresamente.
Tal como adelantó Economist & Jurist, el recorte forma parte de una penalización de 1100 millones sobre el pago de 24.137 millones autorizado el 14 de julio, al considerar insuficientes las reformas de la Ley 20/2021 para estabilizar al personal interino.
Para Javier Arauz de Robles, abogado de varios demandantes, «Europa está presionando mucho porque seguimos con más de 800.000 profesionales en fraude de ley; el Gobierno aborda el futuro, pero no compensa a quienes ya han sufrido el abuso».
Próximos pasos procesales
Ahora corresponde a la Sala del 61 —formada por el presidente del Supremo, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una— decidir la admisión a trámite.
Si se acepta, se nombrará magistrado instructor y los querellados podrán recusar a sus colegas, al tratarse de un procedimiento por delitos supuestamente cometidos en el ejercicio de la jurisdicción. En caso contrario, la querella se archivará sin investigación.
Fuentes jurídicas consultadas estiman que la Sala tarda de cuatro a seis semanas en pronunciarse; mientras, la querella ya ha provocado reacciones encontradas.
Las plataformas de interinos hablan de «hito histórico» y convocan movilizaciones para apoyar la admisión.
Por el contrario, asociaciones judiciales advierten de la «judicialización de las discrepancias doctrinales», recordando que el crimen de prevaricación exige una resolución «injusta» dictada a sabiendas.
Reacciones sindicales y sociales
Los sindicatos mayoritarios en el sector público respaldan la acción penal. CC OO y UGT recuerdan que llevan años reclamando una reforma que reconozca la fijeza como sanción al abuso, mientras que CSIF pone el foco en el «coste reputacional» de la sanción europea y reclama un pacto urgente con los partidos políticos.
Organizaciones de derechos humanos recuerdan que la protección frente al abuso laboral es parte de los derechos fundamentales reconocidos por el Pilar Social Europeo, y alertan de la situación especial de las mujeres mayores de 55 años, mayoría entre el personal afectado.
Implicaciones políticas y judiciales
La querella y la sanción comunitaria convergen en plena tramitación de la Ley de Función Pública. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha insinuado cambios «selectivos», pero colectivos de interinos temen otro «parche» que no repare los daños causados.
Bruselas ha concedido a España seis meses para corregir los incumplimientos si quiere recuperar los fondos retenidos.
Si la Sala del 61 admite la querella, será la primera vez que se investigue penalmente a magistrados del Supremo por desobedecer al TJUE.
Aun en fase embrionaria, el caso subraya la tensión entre la jurisdicción nacional y el control de legalidad europeo, y coloca la precariedad estructural del empleo público en el centro del debate político y financiero.
En palabras del escrito presentado: «Nadie está por encima del Derecho». El desarrollo de la causa dirá si esa máxima alcanza también a la cúspide del Poder Judicial español.
