El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta del caso de corrupción que involucra a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, ha desgranado este 9 de julio 2025 un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que articula quince medidas repartidas en cinco ejes —prevención, protección del informante, investigación y castigo, recuperación de activos y cultura de integridad— con el objetivo de «situar a España en la vanguardia europea de la transparencia y el buen gobierno».
Según la Moncloa, el plan responde a las recomendaciones del GRECO, la OCDE y la Comisión Europea, incorpora aportaciones del Foro de Gobierno Abierto y será evaluado externamente por la propia OCDE.
«Tolerancia cero contra la corrupción», proclamó Sánchez desde la tribuna, recordando que la ciudadanía «exige instituciones ejemplares y herramientas eficaces para blindar el dinero público».
El jefe del Ejecutivo insistió en que el nuevo marco legislativo busca reforzar la confianza social tras varios escándalos recientes y en que «la democracia se defiende con hechos, no con discursos».
Cinco ejes para un enfoque integral
El documento pivota sobre cinco ejes interconectados: prevención de riesgos, protección de los denunciantes, fortalecimiento de la persecución penal, recuperación de activos y creación de una cultura de integridad en todo el sector público y el tejido empresarial.
Cada eje contiene hitos verificables y plazos concretos que deberán cumplirse antes de 2027.
1. Prevención y gobernanza: la futura Agencia de Integridad
La estrella del primer eje es la Agencia Independiente de Integridad Pública, un organismo que aglutinará competencias hoy dispersas entre la Oficina de Conflictos de Intereses, el Consejo de Transparencia y la OIReScon.
Tendrá capacidad inspectora, sancionadora y de coordinación con las autonomías. Entre sus primeras tareas figuran la elaboración de mapas de riesgo de integridad obligatorios para todo el sector público y auditorías aleatorias del patrimonio de altos cargos.
2. Protección real al informante
El segundo eje refuerza la Ley 2/2023 de protección del informante: ampliará los canales seguros de denuncia, dotará a la Autoridad Independiente del Informante de más recursos y establecerá un régimen sancionador para administraciones y empresas que hostiguen a quienes alerten de irregularidades.
3. Investigación y castigo: más Fiscalía Anticorrupción y penas más duras
En materia represiva, el plan prevé nuevas secciones especializadas en todos los tribunales de instancia, duplica plazas en la Fiscalía Anticorrupción y otorga al Ministerio Fiscal la dirección de la instrucción penal para agilizar procedimientos.
Además, endurece el Código Penal: se agravan las penas por obstrucción a la justicia, se amplían los plazos de prescripción de cohecho y malversación y se recupera el delito de administración desleal del patrimonio público.
4. Recuperar lo robado
Para asegurar que las arcas públicas recuperen el dinero sustraído, se refuerza la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, se elabora una estrategia nacional de decomiso y se introduce la figura del «decomiso administrativo» —o preventivo— que permitirá incautar bienes injustificados antes de la sentencia, siguiendo modelos de Italia o el Reino Unido.
5. Cultura de integridad y participación ciudadana
Finalmente, el quinto eje apuesta por campañas de sensibilización, formación obligatoria en ética pública para todo el personal funcionario y encuestas periódicas sobre percepción de corrupción.
Se prevé, además, un portal interactivo donde la ciudadanía podrá consultar en tiempo real la ejecución del plan y enviar alertas.
Calendario, seguimiento internacional y encaje europeo
Todas las medidas estarán operativas entre 2025 y 2027, con hitos semestrales publicados en el Portal de Gobierno Abierto.
La OCDE auditará los avances cada año y emitirá recomendaciones.
Este esquema de rendición de cuentas pretende evitar la «fatiga normativa» de planes anteriores y alinear a España con la Directiva UE 2024/1800 de Recuperación de Activos y la Directiva Whistleblowers.
Un refuerzo al marco previo de reformas
El Ejecutivo enmarca el plan en una secuencia de reformas iniciada en 2018: creación del delito de enriquecimiento ilícito, extensión de los plazos de instrucción para macrocausas y transposición de la directiva de denunciantes.
Con el nuevo paquete, la Moncloa aspira a cerrar las «brechas estructurales» identificadas por organismos internacionales y a consolidar un sistema de integridad homogéneo en todo el territorio.
Impacto para periodistas, ONG y actores sociales
Para los profesionales del periodismo y las organizaciones sociales, el plan amplía el acceso a la información prelegislativa gracias a la futura Ley de Transparencia e Integridad en la Actividad de los Grupos de Interés y simplifica la consulta de contratos y subvenciones con un portal de datos abiertos renovado.
Las ONG ambientales y de derechos humanos podrán personarse con mayor facilidad en causas por corrupción, mientras que los sindicatos dispondrán de un canal directo para denunciar prácticas irregulares en la contratación pública.
Lista resumida de las quince medidas clave
- Creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública.
- Mapas de riesgo de integridad obligatorios en todo el sector público.
- Reforma de la Ley 9/2017 de Contratos para incorporar IA en la detección de anomalías.
- Exámenes patrimoniales aleatorios y publicación anual de las declaraciones de bienes de altos cargos.
- Registro único y público de lobbies con agenda de reuniones prelegislativas.
- Refuerzo de la Autoridad Independiente del Informante y sanciones por represalias.
- Secciones especializadas contra la corrupción en cada tribunal de instancia.
- Mandato de cinco años para el fiscal general sin coincidencia con la legislatura.
- Lista pública de empresas sancionadas («blacklisting») y obligación de compliance.
- Multas proporcionales a ingresos anuales para compañías corruptoras.
- Refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
- Introducción del decomiso administrativo/preventivo.
- Estrategia nacional de educación en integridad para estudiantes y funcionarios.
- Encuestas bienales sobre percepción de corrupción y publicación de resultados.
- Auditoría externa anual de la OCDE sobre el grado de cumplimiento.
Con este despliegue normativo y organizativo, el Gobierno busca que España salga del «pelotón de los rezagados» y se convierta, en palabras de Sánchez, en «un referente europeo de transparencia y ejemplaridad pública».
El reto ahora pasa por la tramitación parlamentaria de las reformas más incisivas y, sobre todo, por su aplicación rigurosa en cada contrato, cada organismo y cada administración.
