La Junta de Andalucía, junto al Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, han firmado un acuerdo clave en la investigación de los crímenes del franquismo: un protocolo general para la exhumación e identificación genética de la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando de Sevilla.
El documento, rubricado por Patricia del Pozo, consejera del gobierno de Andalucía Juanma Moreno, establece un marco de cooperación que permitirá acometer una de las intervenciones más ambiciosas del país y acelerar la respuesta que las familias llevan décadas esperando.
La firma tuvo lugar en la capital andaluza, donde Del Pozo subrayó la importancia de la colaboración institucional frente a la magnitud del desafío: «Tal como se ha demostrado en exhumaciones como la de Pico Reja o las de los camposantos de La Salud y San Rafael de Córdoba, la cooperación entre instituciones es la única estrategia útil para dar una respuesta a las demandas de las familias» , recordó.
El proyecto cuenta con el respaldo de Juan Bueno, primer teniente de alcalde de Sevilla; Javier Fernández, presidente de la Diputación; y Fernando Martínez, secretario de estado de Memoria Democrática en el gobierno de Pedro Sánchez; quienes deberán articular convenios específicos para coordinar cada fase de los trabajos.
La Fosa Monumento del Cementerio de Sevilla podría albergar uno de los mayores enterramientos colectivos de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia hispalense. Aunque no existe aún una cifra cerrada, los técnicos estiman que bajo el mausoleo podrían hallarse miles de cuerpos.
El aprobado ahora incorpora, de forma explícita, la fase de identificación genética como parte inseparable de la exhumación, una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas: «Exhumar e identificar víctimas no es materia de prioridades políticas, ni de ideologías; es un asunto de humanidad» , insistió la consejera, que situó la reparación moral de los familiares como eje central de la actuación.
En términos financieros, el coste de la intervención y de las analíticas de ADN será asumido a partes iguales por las cuatro administraciones implicadas. Además, se constituirá una comisión mixta con ocho representantes —dos por cada institución— encargada de supervisar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia del proceso . Este modelo de gobernanza pretende evitar retrasos y tensiones presupuestarias que en el pasado frenaron actuaciones similares.
La experiencia acumulada en Sevilla avala la viabilidad del proyecto. Entre 2020 y 2023, en la vecina fosa de Pico Reja se exhumaron 10.000 cuerpos, de los cuales 1786 fueron identificados como víctimas directas de la represión franquista, mientras los análisis genéticos continúan su curso. Los responsables autonómicos se apoyan en este precedente para optimizar los tiempos y mejorar las técnicas de excavación y laboratorio.
Paralelamente, 2025 ha traído consigo actuaciones en otros enclaves sevillanos. En la fosa de Lora del Río se han recuperado 45 restos humanos, y ya están en marcha intervenciones en Dos Hermanas y Osuna. A ellas se suman proyectos en Cádiz, Granada, Málaga y Córdoba, en colaboración con varias universidades públicas.
En palabras de Del Pozo, «nuestras prioridades son localizar, exhumar, identificar y entregar los cuerpos a las familias porque se trata de una tarea a contrarreloj, dado que los restos están cada vez más deteriorados y el grado de parentesco, más lejano» .
Las cifras globales dan la medida del esfuerzo desarrollado desde el cambio de legislatura. Desde 2019 se han exhumado en Andalucía 4910 víctimas, y los laboratorios han procesado muestras genéticas de 3103 cuerpos y 3223 familiares, multiplicando por diez los registros de ADN obtenidos por el anterior ejecutivo.
Aun así, la consejera advierte de que la ciencia no siempre ofrece respuestas definitivas: «La toma de muestras de ADN y los trabajos de identificación genéticas son complejos y, a menudo, no arrojan los resultados ansiados por todas las partes. Sin embargo, son fundamentales para cauterizar el dolor».
El movimiento memorialista andaluz —integrado por asociaciones de familiares, entidades de derechos humanos y sindicatos— celebra el acuerdo como «un paso decisivo» hacia el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática estatal y su desarrollo autonómico. No obstante, recuerdan que aún quedan cientos de fosas catalogadas pendientes de intervención y que es imprescindible sostener la financiación más allá de los ciclos políticos.
En la misma línea, organizaciones como la Asociación de Memoria, Libertad y Cultura alertan de que el tiempo juega en contra de la identificación genética: cada año fallecen testigos directos y se diluyen los vínculos familiares necesarios para contrastar las muestras de ADN.
Los expertos subrayan que el nuevo protocolo puede convertirse en modelo para otras comunidades. Andalucía concentra más del veinte por ciento de las fosas localizadas en el censo nacional y ha ejecutado un tercio de los fondos estatales destinados a memoria histórica en la última década.
Con la Fosa Monumento del cementerio de Sevilla, la Junta aspira a consolidar un polo público de investigación forense que complemente la labor de los institutos de medicina legal y eleve los estándares de calidad en la cadena de custodia de muestras.
En el horizonte inmediato, la comisión mixta deberá redactar el proyecto de intervención arqueológica, licitar los trabajos y habilitar un banco de ADN abierto a la participación voluntaria de las familias. El reto es doble: resolver científicamente los casos y dignificar socialmente a las víctimas.
Con la firma de este protocolo, Andalucía renueva su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, y envía un mensaje claro a quienes todavía buscan a sus seres queridos: el derecho a la memoria democrática avanza, y las fosas del olvido comienzan a abrirse para siempre.
