Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han convocado un encierro en el campus de Getafe en la víspera de la huelga del 24 de abril promovida por la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública, que denuncia la infrafinanciación, la privatización encubierta y la represión del movimiento estudiantil en la Comunidad de Madrid.
Un encierro como punto de inflexión
El encierro estudiantil en la UC3M marca un hito en la creciente movilización contra lo que estudiantes, personal docente y organizaciones sociales denuncian como una agresión sin precedentes contra la universidad pública madrileña. La acción pretende preparar la huelga universitaria en toda la Comunidad de Madrid, como respuesta a las políticas impulsadas por el gobierno autonómico y toleradas, según denuncian, por los rectores.
La convocatoria surge en un momento crítico: los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025 apenas contemplan un incremento del cuatro por ciento en financiación para las universidades públicas, cifra que no solo resulta insuficiente frente a la inflación acumulada, sino que consolida un recorte efectivo de casi el 35 por ciento desde 2009.
Madrid es, hoy por hoy, la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante y que impone algunas de las tasas más altas del país.
Las razones del conflicto
El manifiesto difundido por la Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas Madrileñas (PDUPM), con especial participación de estudiantes de la UC3M, detalla los motivos de la protesta, entre los que destacan:
1. Infrafinanciación estructural
Desde hace más de una década, la universidad pública madrileña sufre recortes acumulados, falta de reposición de personal, aumento de la temporalidad y deterioro de infraestructuras.
Los rectores calculan que se necesitan al menos doscientos millones de euros adicionales para sostener el sistema universitario, una cantidad que ni siquiera alcanza el uno por ciento del PIB regional.
2. Privatización progresiva
El anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores plantea un modelo de financiación que impulsa la «autofinanciación» mediante fondos privados.
Se pretende que hasta un treinta por ciento del presupuesto universitario provenga de empresas, lo que abre la puerta a una educación dirigida por intereses de mercado.
3. Financiación por objetivos
El nuevo modelo impone indicadores de rentabilidad que amenazan la supervivencia de titulaciones menos «productivas», especialmente en Humanidades, en favor de áreas alineadas con la lógica empresarial.
4. Precariedad laboral
Se denuncia la utilización masiva de figuras contractuales precarias como el profesorado asociado, que en la UC3M representa el 46 por ciento del personal docente, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece un límite del ocho por ciento.
Además, la externalización de servicios administrativos y la sobrecarga del personal son prácticas crecientes.
Represión del movimiento estudiantil
La protesta también alerta sobre un nuevo régimen sancionador incluido en el anteproyecto de ley, que busca castigar las movilizaciones universitarias y restringir el derecho a huelga.
Desde la plataforma denuncian que estas medidas continúan la línea represiva iniciada con la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), impulsada por el anterior gobierno estatal del Partido Popular.
«La universidad pública está siendo desmantelada con el consentimiento de los rectorados», afirman los convocantes. «Nos enfrentamos no solo al deterioro económico del sistema, sino también a la criminalización de quienes lo defienden».
Exigencias del movimiento universitario
Los estudiantes y trabajadores movilizados exigen:
- Aumento del presupuesto hasta alcanzar el uno por ciento del PIB regional.
- Fin de la injerencia privada en la gestión universitaria.
- Estabilidad y dignificación del personal docente y administrativo.
- Derogación de las disposiciones represivas de la LOSU y LCU.
- Eliminación de conciertos con universidades privadas.
- Implantación de un sistema de becas socialmente justo.
- Participación real de la comunidad universitaria en el diseño de la nueva ley.
Una respuesta colectiva
La huelga del 24 de abril no será solo estudiantil. También participan sindicatos del personal docente y administrativo, así como organizaciones sociales preocupadas por el futuro del sistema educativo.
Para muchos, lo que está en juego es el modelo de universidad que queremos como sociedad: una institución al servicio del conocimiento y el bien común, o un centro de formación subordinado al mercado.
«Lo público se defiende, no se vende»
El encierro de los estudiantes de la UC3M es un grito generacional que resuena más allá de los muros del campus de Getafe.
Como en el Mayo del 68 o en las mareas verdes de la década pasada, la universidad vuelve a ser epicentro de una lucha crucial: la defensa de los servicios públicos frente al neoliberalismo privatizador.
La respuesta, afirman desde la Plataforma, será colectiva, persistente y con una idea clara: «La educación pública no se recorta, ¡se defiende!».
