El Ministerio del Interior ha hecho público un comunicado en el que recuerda que la gestión y activación de los planes de protección civil territoriales es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones ante emergencias como incendios, inundaciones y otros fenómenos adversos.
Esta aclaración surge en un contexto de confusión sobre las responsabilidades durante situaciones de catástrofe como la que ha generado la DANA que afecta al Levante español, y subraya que, en casos de riesgo, son las autoridades autonómicas quienes activan las alertas y gestionan la fase de emergencia, mientras que el Estado interviene solo en situaciones excepcionales.
La normativa vigente en España establece que las comunidades autónomas son las autoridades competentes para la gestión y activación de los planes territoriales de protección civil en casos de emergencia.
El Ministerio del Interior enfatizó recientemente esta disposición, tras la difusión de información incorrecta sobre la responsabilidad de actuar en situaciones de emergencia, como las provocadas por fenómenos meteorológicos extremos. Las competencias autonómicas en esta materia comprenden desde la recepción de avisos de riesgo hasta la activación y gestión de los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
Las competencias específicas de las comunidades autónomas incluyen:
- Recepción y análisis de avisos: Las autoridades de protección civil autonómicas reciben alertas sobre posibles riesgos naturales que puedan afectar a personas, bienes e infraestructuras. Basándose en esta información, evalúan los riesgos y deciden el nivel de respuesta necesario.
- Activación de planes de emergencia: Una vez que el análisis de riesgos confirma la amenaza, las autoridades autonómicas activan los planes de emergencia pertinentes, ya sean incendios, inundaciones, movimientos sísmicos u otros eventos. Cada tipo de emergencia tiene protocolos específicos que son gestionados de forma autónoma por cada comunidad.
Para facilitar la respuesta ante una emergencia, las autoridades autonómicas de protección civil pueden decretar diversas situaciones operativas, cada una con características y alcances distintos según la magnitud de la emergencia:
- Situación operativa 1:
- Ámbito: Limitado a un municipio o varios dentro de la comunidad autónoma.
- Responsabilidad: La gestión de la emergencia recae en la comunidad autónoma, que coordina los recursos necesarios a nivel local.
- Aplicación: Esta situación se activa cuando la emergencia es manejable con los recursos locales y no requiere intervención estatal.
- Situación operativa 2:
- Ámbito: Se extiende a nivel autonómico, pudiendo afectar a varios municipios o incluso provincias dentro de la misma comunidad.
- Responsabilidad: La autoridad autonómica en protección civil asume la dirección operativa de la emergencia, coordinando medios personales y materiales autonómicos.
- Funciones adicionales: En esta situación, la autoridad autonómica activa el protocolo ES-Alert, que permite enviar alertas a la población afectada de forma masiva, como ocurrió durante recientes episodios de lluvias intensas en la Comunidad Valenciana.
Estas estructuras de actuación reflejan el sistema de descentralización en la gestión de emergencias, donde el Estado colabora bajo petición, pero la responsabilidad directa y la activación de protocolos recaen en las autonomías.
Este enfoque permite una respuesta rápida y específica en función de las características de cada región, donde la cercanía de las autoridades autonómicas a la población afectada facilita una gestión ágil y adecuada de los recursos.
El Ministerio del Interior ha instado a las administraciones autonómicas y locales a fortalecer su coordinación y esfuerzo conjunto para minimizar el impacto de las emergencias y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.
