La Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid ha reclamado a los familiares de Manuel Ortega Elvira el pago de una deuda acumulada por cuotas supuestamente impagadas, correspondientes a la plaza ocupada por el fallecido en la residencia de mayores Orpea Alcobendas.
La reclamación ha generado controversia y malestar en la familia, que cuestiona tanto los cálculos como la propia legitimidad de los cargos que la administración regional alega como impagos.
La notificación, enviada recientemente, informa a los familiares de Manuel Ortega Elvira de una deuda que asciende a 2586,95 euros, correspondiente a los meses en los que residió en el centro Orpea de Alcobendas.
La Consejería de Familia sostiene que las cuotas no fueron abonadas en su totalidad, pese a que en vida de Ortega Elvira, la familia mantuvo un acuerdo de pago que incluía la participación económica de la Comunidad de Madrid.
En virtud de este acuerdo, la familia asegura haber cumplido con los compromisos de pago estipulados.
Discrepancia en los cálculos de la deuda
Los familiares de Ortega Elvira han expresado su sorpresa y descontento ante la reclamación, pues alegan que, en el momento de la admisión, la Comunidad de Madrid informó que asumiría un porcentaje de los gastos de la plaza en la residencia.
Ahora, según explican, los cálculos presentados en la reclamación reflejan montos mucho mayores a los acordados, así como cargos adicionales no notificados previamente.
«El acuerdo que establecimos fue claro, y cada mes realizamos los pagos correspondientes, que incluso fueron revisados por la propia administración en varias ocasiones», asegura uno de los hijos de Ortega Elvira, quien considera que la notificación recibida es «un error administrativo». La familia, además, cuestiona la falta de transparencia en el desglose de los cargos impugnados.
Apoyo de colectivos de mayores
La situación ha despertado el interés de colectivos de apoyo a las personas mayores, que han manifestado su preocupación por lo que consideran una falta de claridad en las políticas de cuotas y ayudas para estancias en residencias públicas y concertadas.
En un comunicado, la Plataforma para la Dignidad de los Mayores ha señalado que casos como el de Ortega Elvira no son aislados y evidencian un problema estructural en la gestión de plazas residenciales para mayores en la Comunidad de Madrid.
«La administración debe revisar y aclarar los procesos de cálculo de las cuotas en residencias concertadas, especialmente en casos donde se comprometen ayudas que luego se transforman en cargas económicas inesperadas para las familias», declaró la plataforma, que además solicitó una revisión integral de los sistemas de pago y apoyo económico a familias con familiares mayores en este tipo de centros.
Posición de la Comunidad de Madrid
La Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha indicado que el proceso de revisión de cuotas es rutinario y se hace de forma periódica para garantizar el correcto pago de las plazas concertadas. Sin embargo, no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso particular de Ortega Elvira ni ha explicado los motivos específicos que habrían llevado a hacer una reclamación tan elevada tras el fallecimiento del residente.
Fuentes de la Consejería señalaron que, en general, se están aplicando los mismos criterios de revisión para todas las familias en situaciones similares y que cualquier disputa puede ser resuelta a través de una auditoría administrativa. Además, enfatizaron que el procedimiento se hace conforme a las regulaciones vigentes y que, en caso de discrepancias, los familiares pueden acudir a las instancias de reclamación correspondientes para revisar los detalles del cálculo.
Un problema de fondo
El caso de Manuel Ortega Elvira refleja un conflicto mayor en el ámbito de la atención a las personas mayores en la Comunidad de Madrid.
Según varios expertos en políticas sociales, estos casos ponen en evidencia la necesidad de contar con sistemas de comunicación claros entre las administraciones y las familias, así como de implementar regulaciones que aseguren que los acuerdos de pago establecidos se mantengan sin variaciones inesperadas para los allegados de los residentes.
A la espera de una resolución, la familia de Ortega Elvira ha manifestado su intención de llevar el caso ante el defensor del pueblo y de contactar con otros familiares en situaciones similares para exigir mayor transparencia y coherencia en los procesos de cobro de las residencias concertadas.
Y su hija, Esther Ortega Fernández, ha remitido a este periódico la siguiente comunicación:
En este país murieron en dos meses (abril y mayo de 2020) 7291 personas en la CAM de Madrid por maltrato por desatención en las residencias de esta Comunidad. Es verdad que todos vamos a morir, pero morir solo, asfixiado y negada la atención médica es algo más que morir.
Algunos de los responsables de esta indignidad se atreven a decir que la herida esta cerrada. Lo dice él, que no la tiene ni sabe de la gravedad de la misma, porque solo los que la llevan a cuestas saben de su excreción.
No lo está ni lo estará. Entre otros motivos porque ya se encargan desde la CAM, desde la Dirección de Atención Al Mayor y a la Dependencia a través del subdirector general de prestaciones de dependecia, el señor Cesáreo de la Puebla de Mesa, de meter el dedo en la llaga de los propios muertos, en un intento más de querer desangrarles. Sí, se puede desangrar a los muertos y matar en vida a los vivos.
Mi padre salió de la Residencia Orpea de Alcobendas el 15 de abril de 2020 debido al maltrato por desatención que estaba sufriendo por inclumplimiento de contrato de la Residencia. Desde el 15 de abril hasta septiembre de 2020 mi padre pagó la plaza de la residencia «sin ocuparla», al mismo tiempo que pagaba los tratamientos en casa que podía con su pensión que no llegaba a 1000 euros: sus ahorros se diezmaron gracias a esta situación.
En septiembre, mi padre cambio de PIA, es decir, salía del Plan de residencias para pasar a otro Plan.
En abril de 2021 me llamaron de la CAM , (única llamada que he recibido después de trepecientas quejas hechas) para decirme que mi padre había muerto en marzo de 2021 y que debía los recibos de noviembre, diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo (fecha de su fallecimiento) de 2021.
Curiosamente a mi padre, que estaba conmigo en ese momento, no le constaba ni haberse muerto ni deber nada a nadie puesto que desde abril estaba en su casa pagándose los cuidados que podía, además de los recibos que la CAM nos obligó a pagar mientras mi padre estaba en casa.
Mi padre no sólo no estaba muerto, tampoco debía nada a nadie. AL revés: la CAM le debía a él cinco mensualidades de una plaza de residencia que no ocupaba y no la ocupaba por desatención e incumplimiento de contrato.
El viernes pasado me llega la carta que le adjunto, pidiéndome otra vez esas mensualidades.
¿Alguien puede imaginar el efecto de esa carta certificada sobre nosotros? ¿Alguien puede acercarse al alud de emociones en el que estamos enterrados tras esa carta? Alud del que habíamo sacado la cabeza un poco no son gran dificultad y con ayuda médica.
La herida no estaba cerrada, ahora supura. Sangra en el recuerdo de mi padre y sangra en nuestra indignación y en la evidencia del abuso de poder que se quiere ejercer sobre nosotros.
Lo mismo esta sociedad, entre caña y caña, tendría algo que decir. O no, hemos visto que mucho no. Algo que se nos olvida. Somos todos arrieritos. TODOS.
