El Parlamento Europeo aprobó el jueves 19 una resolución sobre las «devastadoras» y recientes inundaciones en Europa central por la que pide más financiación para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de la Unión Europea (UE) a los desastres naturales.
Los eurodiputados están «profundamente preocupados por la creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las inundaciones, olas de calor e incendios forestales».
La resolución sobre las inundaciones en Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia que ha sido aprobada, señala el «descontento por los recortes presupuestarios al Mecanismo de Protección Civil de la UE”.
Los eurodiputados piden financiación suficiente en resiliencia regional y local y exige que la futura política de cohesión de la UE se centre aún más en la mitigación del cambio climático.
Los europarlamentarios quieren que la Comisión Europea presente «rápidamente» un Plan Europeo de Adaptación al Clima, «que incluya propuestas legislativas concretas”, como se anunció en las orientaciones políticas para la Comisión 2024-2029, con el objetivo de fortalecer la resiliencia de la UE, adaptarse a los impactos del cambio climático y coordinar acciones nacionales de preparación, planificación y cooperación transfronteriza.
También quieren que el Fondo de Solidaridad de la UE aumente ante el número y la gravedad cada vez mayores de las catástrofes naturales en Europa, instando a la Comisión a acelerar la movilización de fondos a los países afectados y a pedir que se disponga de otros apoyos técnicos y financieros, como los instrumentos de la política de cohesión.
Desde el pasado jueves 12 de septiembre, varias zonas de Austria, la República Checa, Hungría, Rumanía, Eslovaquia e Italia se han visto afectadas por el paso del temporal ‘Boris’ y la cifra de fallecidos asciende a 23 personas.
En los últimos treinta años, las inundaciones en Europa han afectado a cinco millones y medio de personas, han causado tres mil muertes y más de 170.000 millones de euros en daños económicos.
