El Consejo de Ministros ha aprobado este 17 de septiembre 2024 un Plan de Acción por la Democracia, un ambicioso proyecto que busca reforzar la transparencia, garantizar la pluralidad de los medios de comunicación y mejorar el acceso a la información veraz.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado que el plan incluye 31 medidas que se implementarán durante los próximos tres años, en consonancia con el marco europeo de libertad de medios y el Plan de Acción para la Democracia Europea aprobado por la Comisión Europea en 2020.
El plan se estructura en tres ejes principales: mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia y la pluralidad de los medios, y aumentar la transparencia del Poder Legislativo y el sistema electoral. Cada eje contempla reformas normativas y mecanismos de control para garantizar la rendición de cuentas y la fiabilidad de la información en todos los niveles de la democracia española.
Primer eje: Mejorar la calidad de la información gubernamental
El primer eje del Plan de Acción por la Democracia tiene como objetivo estrechar la relación entre las instituciones y los ciudadanos para que estos últimos puedan acceder a una información clara y precisa sobre las políticas públicas. Para ello, se aprobará una nueva estrategia de gobierno abierto, que incluye la creación del quinto Plan de Gobierno Abierto y la tramitación de un proyecto de Ley de Administración Abierta. Esta ley permitirá una mayor participación ciudadana y establecerá mecanismos de rendición de cuentas de las administraciones públicas en todos los niveles.
Asimismo, el plan prevé la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que se encargará de velar por la transparencia en la Administración Pública y combatir la corrupción. También se llevará a cabo una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, cuya normativa actual data de la era preconstitucional.
El Gobierno quiere así asegurar que la información que fluye desde las instituciones sea más accesible y comprensible para la ciudadanía, generando un clima de confianza entre la población y sus representantes políticos.
Segundo eje: Fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de los medios
El segundo eje del plan busca garantizar que los medios de comunicación sean más transparentes y responsables en el ejercicio de su labor informativa. Entre las medidas anunciadas por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, destaca la creación de un registro de medios de comunicación, donde se recopilará información pública sobre la propiedad de los medios y la inversión publicitaria que reciben de las administraciones. Este registro será gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y su objetivo es establecer criterios claros para distinguir entre medios de comunicación y otras plataformas cuya finalidad no es estrictamente informar.
Otra medida importante es la obligación de que todas las administraciones públicas publiquen anualmente los datos sobre su inversión publicitaria, con el fin de aumentar la transparencia en el uso de fondos públicos destinados a los medios de comunicación. En línea con esto, el plan propone la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, incorporando principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de estos recursos.
El plan también incluye importantes reformas legislativas para la protección de los periodistas. Se prevé la aprobación de una ley de secreto profesional, que garantizará la protección de las fuentes informativas, y la incorporación a la legislación española de una directiva europea para proteger a los periodistas frente a demandas judiciales injustificadas o acoso legal. Además, se abordará una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para proteger a los profesionales de la información mientras cubren actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Finalmente, el Gobierno ha anunciado tres reformas legislativas clave: la modificación de las leyes que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación para que los tribunales puedan actuar con mayor rapidez ante difamaciones; una reforma integral del Código Penal que afectará a las limitaciones actuales en la libertad de expresión; y la implementación de medidas para garantizar la imparcialidad en los sistemas de medición de audiencias.
Tercer eje: Aumentar la transparencia del Poder Legislativo y el sistema electoral
El tercer y último eje del plan se centra en la mejora de la transparencia en el ámbito legislativo y electoral. Entre las principales novedades, destaca la obligatoriedad de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación, lo cual implicará una reforma del Reglamento de las Cortes Generales. Este cambio busca fomentar un mayor escrutinio público de la actividad parlamentaria y garantizar que los ciudadanos estén mejor informados sobre las acciones del Gobierno.
Otra reforma significativa será la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que obligará a los candidatos a participar en debates electorales durante las campañas. Esto asegurará una confrontación pública de las propuestas de los candidatos y un mayor acceso a la información para los votantes. Asimismo, se regulará la publicación de microdatos y fichas técnicas de las encuestas electorales, con el fin de asegurar la veracidad y evitar que estos estudios influyan indebidamente en la opinión pública.
Además, se impulsará una ley de grupos de interés, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, y se reforzarán las obligaciones de transparencia de los partidos políticos y los parlamentarios, quienes deberán publicar sus cuentas y declaraciones de bienes. Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se establecerá un régimen sancionador.
Con este Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno español busca dar un paso decisivo hacia una democracia más robusta y transparente, alineada con los estándares europeos, que responda eficazmente a los desafíos actuales como la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones, informa La Moncloa.
