La abogada del Estado Zaida Isabel Fernandez Toro, en representación del Presidente del Gobierno de España, ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado García, magistrado-Instructor del Juzgado número 41 de Madrid, por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial.
La acción judicial se fundamenta en varias resoluciones emitidas por el juez Peinado que, según la querella, habrían sido dictadas con conocimiento de su injusticia, afectando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el ejercicio de sus funciones.
La querella, interpuesta ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, detalla en su capítulo cuarto la relación circunstanciada de los hechos, destacando los siguientes hitos procesales:
- Auto de 1 de julio de 2024: En este auto, el juez Peinado define el objeto de la investigación en términos amplios, vinculándolo a la condición de Presidente del Gobierno del querellante.
- Providencia de 19 de julio de 2024: Esta providencia cita al Presidente del Gobierno a declarar como testigo, omitiendo las garantías procesales correspondientes.
- Citación de 22 de julio de 2024: La cédula de citación refleja la omisión de las garantías procesales propias de la declaración testifical del Presidente del Gobierno.
- Alegación de causa justa mediante Carta de 24 de julio de 2024: El Presidente del Gobierno envía una carta solicitando que su declaración se efectúe por escrito, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Providencia de 26 de julio de 2024: Emitida por un magistrado sustituto, esta providencia insiste en la toma de declaración en los mismos términos inicialmente acordados.
- Providencia de 29 de julio de 2024: Se detalla la preparación técnica y logística para la toma de declaración del Presidente en su despacho oficial.
- Preparación y celebración de la comparecencia: Se describe el procedimiento seguido para la videograbación de la declaración.
- Fechas de las resoluciones: Se subraya la falta de tiempo efectivo para conocer el resultado de los recursos planteados.
El delito de prevaricación judicial
En el capítulo quinto de la querella, se aborda la calificación legal indiciaria de los hechos, detallando exhaustivamente los requisitos del delito de prevaricación judicial.
Se subraya que un juez comete prevaricación judicial cuando dicta una resolución injusta a sabiendas de su injusticia, lo que implica un conocimiento pleno y consciente de que la resolución dictada es contraria a Derecho y carente de cualquier justificación jurídica razonable.
Este capítulo incluye una referencia detallada al artículo 446 del Código Penal, que tipifica la prevaricación judicial, explicando que para que exista este delito es necesario que la resolución no solo sea objetivamente injusta, sino también que el juez la haya dictado con una intención deliberada de vulnerar el ordenamiento jurídico.
La querella enfatiza que no basta con que la resolución sea errónea o cuestionable; debe ser manifiestamente injusta y dictada con una clara desviación de poder.
Además, se citan precedentes jurisprudenciales que han interpretado y aplicado este tipo penal, destacando que la protección de la independencia judicial no puede servir de escudo para actuaciones arbitrarias o caprichosas que socaven la confianza en la administración de justicia.
Carácter injusto de las decisiones del juez Peinado
El capítulo sexto analiza el carácter injusto de la resolución objeto de análisis, argumentando que las decisiones del juez Peinado han violado gravemente la normativa que regula la declaración del Presidente del Gobierno, despojándolo de las garantías procesales correspondientes.
Se detalla cómo las resoluciones emitidas por el juez Peinado no solo ignoraron las disposiciones legales establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, específicamente el artículo 412.2 que establece que el Presidente del Gobierno debe declarar por escrito sobre los hechos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo, sino que además impusieron procedimientos que contradicen la normativa aplicable.
El capítulo resalta que el juez Peinado, al ordenar una declaración presencial en lugar de por escrito, y al preparar una infraestructura inusual para la videograbación y videodifusión de dicha declaración, no solo desatendió las reglas procesales, sino que también creó un ambiente de espectáculo mediático que desvirtúa la dignidad del cargo presidencial y el respeto debido a las instituciones del Estado.
Se argumenta que estas acciones no solo carecen de fundamento jurídico, sino que también parecen motivadas por un interés en desestabilizar políticamente al Presidente del Gobierno, añadiendo una dimensión de arbitrariedad y abuso de poder a las resoluciones judiciales cuestionadas.
Peinado actuó «a sabiendas»
El capítulo séptimo discute el elemento volitivo «a sabiendas», señalando que el juez Peinado emitió las resoluciones con pleno conocimiento de su injusticia, lo que configura el dolo necesario para el delito de prevaricación judicial.
Finalmente, la querella concluye con las diligencias solicitadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evaluar la querella, incluyendo la obtención de copias autenticadas de las resoluciones y la toma de declaración del magistrado sustituto que emitió la providencia de 26 de julio.
La Abogada del Estado solicita la admisión a trámite de la querella, subrayando que esta acción no constituye un ataque al poder judicial, sino una defensa de la legalidad y del respeto a las instituciones del Estado.
Jueces condenados por prevaricación
En los últimos años, varios jueces en España han sido condenados por prevaricación, un delito que atenta contra la integridad del sistema judicial.
Entre los casos más destacados, se encuentra el del juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión y dieciocho años de inhabilitación por confabular contra la exdiputada Victoria Rosell.
Otros casos incluyen al juez Baltasar Garzón, inhabilitado por once años por ordenar escuchas ilegales en el caso Gurtel; al juez Fernando Presencia, condenado a diez años de inhabilitación por emitir resoluciones sin fundamentos jurídicos válidos y al juez Gómez de Liaño, condenado a quince años de inhabilitación por el caso Sogecable.
Listado de jueces condenados por prevaricación:
- Salvador Alba:
- Causa: Prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público.
- Pena: Seis años y medio de prisión y dieciocho años de inhabilitación.
- Detalle: Conspiración contra la juez y exdiputada Victoria Rosell.
- Baltasar Garzón:
- Causa: Ordenar escuchas ilegales en el caso Gürtel.
- Pena: Once años de inhabilitación
- El Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció posteriormente que el juicio fue arbitrario y no se cumplieron los principios de independencia e imparcialidad judicial.
- Fernando Presencia:
- Causa: Emitir resoluciones sin fundamento jurídico.
- Pena: Diez años de inhabilitación.
- Detalle: Reiteró decisiones pese a defectos señalados en recursos
- J.A.T.:
- Causa: Prevaricación imprudente.
- Pena: Tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
- Detalle: Vulneración del deber de reserva de actuaciones judiciales.
- Acayro Sánchez:
- Causa: Emitir resoluciones «irracionales» para perjudicar a un querellante.
- Pena: Cinco años de inhabilitación.
- Detalle: La pena puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
- Javier Gómez de Liaño:
- Causa: Prevaricación en el caso Sogecable.
- Pena: Quince años de inhabilitación.
- Detalle: Condenado por dictar resoluciones injustas y desviar la investigación de la presunta apropiación indebida en Sogecable.
Estos casos subrayan la gravedad del delito de prevaricación y el compromiso del sistema judicial español para mantener su integridad y transparencia.
