«Se ha condenado a quienes se lo merecían, que quede en la memoria de los peruanos lo que nos ha ocurrido en aquellos tiempos», dijo María al escuchar una sentencia judicial sin precedentes, que establece que las violaciones sexuales cometidas por efectivos de una base militar en el departamento andino de Huancavelica, en Perú, son crímenes de lesa humanidad, informa Mariela Jara (IPS) desde Lima.
María es el nombre de pila de una de las nueve mujeres que sin desmayo sostuvieron la denuncia de vulneración de sus derechos sexuales desde que en 1984 se instalara una base militar contrasubversiva en Manta, su localidad nativa, ubicada por encima de los 3500 metros sobre el nivel del mar.
Eran los tiempos en que el grupo maoísta Sendero Luminoso sembraba el terror en este país sudamericano, generando una cruenta respuesta del Estado que implicó múltiples, violaciones a los derechos humanos.
El 19 de junio 2024, tras cuarenta años de ocurridos los hechos y veinte desde que fueron denunciados en la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), y cinco del segundo juicio tras la anulación del primero, finalmente la justicia peruana emitió una fundamentada sentencia que valida los testimonios de las nueve víctimas y condena a diez de los trece militares acusados.
La colegiada Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, compuesta por los magistrados René Martínez, Hans Contreras y Marco Angulo, destaca que las víctimas eran adolescentes cuando se cometieron las violaciones sexuales en el contexto de conflicto armado interno, y que tanto la identificación de los acusados como su relato de los hechos ha sido «persistente, invariable, creíble y verosímil» a lo largo de todos estos años.
Las penas oscilan entre los seis y doce años, por debajo de los dieciocho y veinte solicitados por la fiscalía, mientras que la reparación civil de cien mil soles para cada víctima (unos 27.000 dólares), no es considerada proporcional a los daños e impactos sufridos.
La lectura de la sentencia, que tomó cerca de dos horas, se hizo en la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria, ubicada en el centro de Lima, hasta donde llegaron las víctimas en compañía de algunos familiares, sus representantes legales y activistas de derechos humanos.
Por el contrario, los acusados estuvieron ausentes de la sala, al igual que sus abogados, quienes se conectaron de manera digital y anunciaron de inmediato medidas para recurrir la sentencia, cuya única alzada es el Tribunal Supremo del país.
Es la primera sentencia sobre un caso de violación sexual múltiple durante el conflicto. En principio se trató como un delito común en el Código Penal, pero por el contexto en que se produjo, su carácter sistemático, producirse contra población vulnerable y tener como perpetradores a quienes representaban al Estado, adquirió la calificación de crimen de lesa humanidad, lo que lo hace además imprescriptible.
Perú, con 33 millones de habitantes, un fuerte centralismo y una crisis política, económica y social que mantiene a treinta por ciento de su población en pobreza y en una altísima desaprobación a su gobierno y Congreso Legislativo, vivió entre el 1980 y el 2000 una guerra interna que causó cerca de 70.000 víctimas entre muertes y desapariciones.
Sobrevivientes de la violencia sexual
Este conflicto armado interno tuvo un impacto diferenciado y afectó de manera desproporcionada a la población rural, pobre y quechuahablante.
También a las mujeres, quienes fueron las víctimas de la violencia sexual, perpetrada en la mayoría de casos por agentes del Estado, entre ellas las campesinas de los municipios de Manta y Vilca, en el departamento centroccidental de Huancavelica.
En el marco del conflicto, también se produjo un plan de esterilizaciones masivas e inconsultas, establecido por el régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000), que tuvieron como víctimas a las mujeres rurales quechuas, en una violencia que también se busca que se considere un delito de lesa humanidad, hasta ahora sin éxito.
La CVR, formada tras la caída de Fujimori, en que se produjeron graves hechos contra la institucionalidad democrática y los derechos humanos, documentó 538 casos de violencia sexual, de los cuales once1 fueron testimoniados por hombres. La cifra es solo la punta de un iceberg, pues por temor la gran mayoría de víctimas no denunció.
Posteriormente se creó el gubernamental Registro Único de Víctimas de violencia a sus derechos humanos durante el conflicto, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que hasta ahora tiene cerca de seis mil denuncias. Ese listado tiene como fin principal que las víctimas sean incluidas en la política de reparaciones establecidas por la CVR.
«Estoy contenta porque después de años de batalla se ha condenado a estos violadores, aunque sea poquita la pena. Hemos estado en esta lucha nueve mujeres, pero una se nos fue. En la sala yo tenía su foto y le decía: vamos a lograrlo», recuerda María al referirse a Marilia, quien murió hace dos meses, el 8 de abril, sin alcanzar a escuchar la sentencia condenatoria.
En declaraciones a IPS en el local de la institución feminista Demus que patrocina a tres de las nueve víctimas, María recordó que tenía quince años cuando en 1984 se instaló la base militar en su localidad campesina y que los soldados, siendo el Estado, les hicieron mucho daño en vez de protegerlas.
«Cuánta gente hay sin denuncia, cuántas muertes, cuántas torturas, cuántos niños abandonados por esos desgraciados que nos violaron; yo tuve dos embarazos producto de estas violaciones, abandoné a mis hijas… Aún siento esta pena porque me han dañado demasiado, pero así sobreviví», afirmó muy emocionada, cubriendo sus ojos con unos amplios lentes oscuros.
Demus y el no gubernamental Instituto de Defensa Legal, a cargo de las otras seis mujeres denunciantes, presentaron recursos judiciales para ampliar el alcance de las reparaciones, mientras que corresponderá a la Fiscalía solicitar el incremento de las penas.
Logro para la justicia de género
«Esta sentencia es un logro muy valioso porque se ha escuchado y creído a las víctimas, y sobre la base de sus testimonios se ha concluido que las violaciones que sufrieron en la base militar de Manta son crímenes de lesa humanidad que, por su alta gravedad, deben ser perseguidos y condenados para que no vuelvan a ocurrir», sostuvo a IPS la directora de Demus, Cynthia Silva.
En América del Sur, aseguró, es la primera ocasión que reivindica la verdad en el testimonio de las víctimas por lo que tiene un primer efecto sanador en ellas. «Sin embargo el sistema de justicia peruano tiene mucho que aprender sobre cuál es el trato digno que merecen en estos procesos», alertó.
La también abogada explicó que, si bien el resultado del juicio es importantísimo, no se debe obviar que en el camino fueron revictimizadas al permitirse que la defensa de los acusados se base en desacreditarlas, cuestionarlas y reclamarles por no haber denunciado antes en una comisaría, cuando la realidad es que no existía alguna en Manta.
«Las mujeres han tenido que sobrellevar estas vulneraciones y erigirse frente a esta justicia para lograr lo que hoy reconocemos como un logro histórico», subrayó Silva.
Violación como instrumento de guerra
Carlos Rivera, abogado del IDL, remarcó que la sentencia permite identificar patrones en el uso de la violación como instrumento de guerra bajo el control militar.
«El Tribunal está reconociendo que los crímenes fueron sistemáticos, ese dato es sumamente revelador del nivel de evidencia, del nivel de prueba que se logró desarrollar en esos veinte años. Esas violaciones sexuales no son delitos comunes y el Tribunal lo ha ratificado, son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben», dijo a IPS.
También consideró que el pronunciamiento de los jueces es un claro mensajes del sistema de justicia en el actual contexto nacional, en que el Congreso alista la aprobación de una ley que favorece la impunidad sobre delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002.
«Me parece que esto no es el resultado de la casualidad, sino de una decisión de los jueces de hacer una declaración muy expresa», afirmó.
