La Abogada General, la croata Tamara Capeta ha propuesto este jueves 21 de marzo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se anule la decisión del Consejo por la que se confirma el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
En este sentido solicita que se confirme la sentencia del TJUE por la que se anula la decisión tomada por los Estados miembros ya que ″no cumplen el requisito» de tratar el territorio del Sáhara Occidental como ″separado y distinto” de Marruecos.
Este jueves 21 de marzo fueron analizados por la Abogada General, Tamara Capeta, dos asuntos referentes al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, relativos al origen saharaui de los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental ocupado y a los acuerdos de pesca UE-Marruecos.
En lo que respecta al Acuerdo de Pesca (asuntos acumulados C-778/21 P y C-798/21 P), la abogada general concluye que debe desestimarse el recurso del Consejo y de la Comisión Europea.
En su opinión, ″al no considerar el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes al mismo como separados y distintos de las de Marruecos, el Consejo no ha respetado el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara”. Esta situación es, por tanto, contraria al principio de autodeterminación consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de 21 de diciembre de 2016.
En cuanto al origen de los productos agrícolas (asunto C-399/22), según denuncia de la Confédération Paysanne, un sindicato agrícola francés, concluye que, habida cuenta del estatuto separado y distinto del territorio saharaui, en virtud del derecho internacional deben llevar un etiquetado propio.
″Los melones y tomates procedentes del territorio del Sáhara Occidental deben llevar en su etiquetado una referencia al país de origen que refleje su procedencia de dicho territorio. Estos productos no pueden indicar Marruecos como país de origen” añadiendo que es un etiquetado engañoso y corre el riesgo de inducir a error a los consumidores de la Unión Europea en sus decisiones de compra.
El caso del Sáhara Occidental es similar a la jurisprudencia del TJUE sobre los productos procedentes de los asentamientos de la Palestina ocupada, por lo que jurídicamente se iguala la causa del pueblo saharaui y la del pueblo palestino.
Por último, en relación con el acuerdo sobre la ampliación de las preferencias arancelarias (asuntos acumulados C-778/21 P y C-798/21 P), la Abogada General recuerda que el pueblo saharaui, como titular del derecho a la autodeterminación e independencia, tiene ″personalidad jurídica en Derecho Internacional”. En este contexto, reconoce el derecho del Frente Polisario a emprender acciones judiciales para ″defender la integridad territorial del Sáhara Occidental”.
Sin embargo, sin rechazar el procedimiento, la Abogada General considera que la decisión del Consejo fue anulada erróneamente puesto que otras obligaciones derivadas del derecho a la autodeterminación pueden ser relevantes, recomendando así que el asunto sea devuelto al TJUE para que se pronuncie sobre este aspecto.
Se trata de las conclusiones de la Abogada General, que no son vinculantes, la sentencia definitiva del TJUE tardará meses pero el tribunal suele refrendar las conclusiones recibidas en un 80 por ciento de los casos.
Esta batalla jurídica comenzó hace diez años, donde se han repetido los argumentos basados en el Derecho Internacional que se inscriben en una jurisprudencia favorable al pueblo saharaui, basada en que el Sáhara Occidental es un territorio ″separado y distinto” de Marruecos, a pesar de los recursos de los organismos del Consejo y Comisión Europea.
