La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este viernes que los palestinos deben ser protegidos de actos de genocidio y ordenó a Israel tomar todas las medidas para evitarlos, pero no pidió detener la operación militar israelí en Gaza que ha causado unas 26.000 muertes en poco más de tres meses, informa la IPS desde La Haya.
La jueza estadounidense Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, dijo que esa corte «está profundamente preocupada por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano. Somos conscientes de la tragedia humana que tiene lugar en la zona».
La decisión del máximo tribunal de las Naciones Unidas ordena a Israel permitir el suministro de servicios básicos y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
El tribunal también pidió la liberación de los rehenes, unos 130, retenidos por la milicia islamista Hamás que atacó el sur de Israel el 7 de octubre y causó 1200 muertes, según Tel Aviv, lo que desató el actual curso de la guerra.
Además de las muertes, la ofensiva militar sobre Gaza ha causado más de 64.000 heridos y forzado el desplazamiento de sus hogares de casi dos millones de los 2,3 millones de habitantes de esa superpoblada franja de 365 kilómetros cuadrados junto al Mediterráneo oriental.
Los habitantes están sin servicio de agua, alimentación, electricidad, salud, escuelas y comunicaciones, no hay refugios seguros ante los bombardeos, y las fuerzas de Israel obstruyen el acceso de ayuda humanitaria de emergencia que llega, de modo intermitente, en camiones a través de un solo puesto fronterizo con Egipto.
La CIJ reconoció la «catastrófica la situación humanitaria» en Gaza, y ordenó a Israel que tome «medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria que los palestinos necesitan urgentemente para hacer frente a las condiciones de vida desfavorables que enfrentan».
Se ordenó a Israel tomar las medidas necesarias para evitar que puedan cometerse actos de genocidio contra la población palestina, asegurarse de que sus tropas no cometan ese tipo de actos, no debe haber incitación al genocidio y se deben proteger las pruebas que el tribunal pueda requerir más adelante.
El auto del tribunal es una decisión cautelar en el juicio por genocidio que entabló Sudáfrica contra Israel el 29 de diciembre.
Tanto Israel como Sudáfrica son partes de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, de 1948. Las decisiones de la CIJ son vinculantes, y aunque el tribunal no tiene medios para obligar a los países a cumplirlas, poseen un impacto político y de opinión.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró que el tribunal no haya pedido un alto el fuego y dijo que su país seguirá librando en Gaza «la guerra más justa contra los monstruos de Hamás, hasta la victoria completa».
En Sudáfrica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación dijo en un comunicado que la decisión de la CIJ es «una victoria decisiva para Estado de derecho internacional», así como «un hito importante en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino».
Sin embargo, la ministra Naledi Mandisa Pandor lamentó que no se ordenase un alto al fuego, pues «el hecho de que entre ayuda humanitaria, de tomar medidas que reduzcan los niveles de daño contra las personas que no tienen ningún papel en lo que está combatiendo Israel, para mí requiere un alto el fuego».
La milicia islamista Hamás consideró que la decisión del tribunal en La Haya «es un avance importante que contribuye a aislar a la ocupación y a exponer sus crímenes en Gaza», y pidió que se obligue a Israel a cumplir esas disposiciones, en una declaración de su portavoz Sami Abu Zuhri.
El ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al Maliki, celebró la decisión de la Corte y dijo que «Palestina acoge con satisfacción las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal Internacional de Justicia. Los jueces fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional».
La Comisión Europea dijo que espera que Israel y Hamás cumplan plenamente lo ordenado: «Las órdenes del Tribunal Internacional de Justicia son vinculantes para las partes y deben cumplirlas. La Unión Europea espera su implementación total, inmediata y efectiva», señaló eje órgano ejecutivo en una declaración.
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) declaró que la Corte tomó una «una decisión histórica que exige acción inmediata para parar el genocidio y mayores atrocidades contra los palestinos de Gaza».
«Los gobiernos tienen que utilizar su influencia para asegurar que se aplica la orden, ya que la gravedad del sufrimiento de los civiles en Gaza, producida por los crímenes de guerra de Israel, no exige nada menos que eso», expuso HRW.
En América Latina, el presidente colombiano Gustavo Petro fue de los primeros en reaccionar y consideró la decisión en La Haya como «un triunfo de la humanidad».
«Israel debe impedir el genocidio, y lo que se impone es un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes», abundó el mandatario.
