Save the Children ha hecho público un informe sobre sentencias judiciales en España en el que se indica que, en casi la mitad de los casos analizados de abusos sexuales contra la infancia a través de Internet, que afectan a menores desde los once años, el agresor es una persona desconocida, y el 95,1 por ciento de los abusadores no tiene antecedentes penales de ningún tipo.
Para hacer este informe, titulado «Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España», se han analizado cerca de cuatrocientas sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia, de las que 33 son específicas de online grooming o abuso sexual a través de internet.
Save the Children recuerda que, en los últimos años, las diferentes formas de violencia han encontrado un canal diferente por el que ejercerse, como es Internet. Los niños y niñas comienzan cada vez más temprano a relacionarse a través de la red. La edad de primer acceso se sitúa ya en los siete años de edad e internet es utilizado por el 95,1 por ciento de los niños y niñas de entre diez y quince años.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2022 se presentaron 954 denuncias por delitos sexuales a través de la red que tenían como víctima a un niño, niña o adolescente. Además, las denuncias que tienen como víctima a la infancia y adolescencia representan el 84 por ciento del total de este tipo de delitos.
«Estos datos muestran que los niños y niñas son un colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia a través de internet. En el caso del online grooming hay que recordar que el abusador se va ganando poco a poco su confianza para involucrarlos en una actividad sexual, que puede ser desde hablar de sexo y obtener fotos o videos hasta mantener un encuentro sexual», señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia social y política en Save the Children.
En el online grooming, las niñas representan un 57,4 por ciento del total de víctimas, mientras que los niños son víctimas en el 42,6 por ciento de los casos. Estas cifras contrastan con las del abuso sexual físico, donde ocho de cada diez víctimas son niñas. Además, también aumenta la edad a la que empiezan a producirse los abusos, pasando de once años en el abuso físico a los trece años en el online grooming.
Save the Children muestra también preocupación por el tiempo de duración de los procesos judiciales. En el periodo analizado, el 67 por ciento de los procesos duraron entre dos y tres años. En cuanto a las pruebas en los juicios, destacan las documentales, testificales y periciales en casi seis de cada diez casos.
Una justicia a la altura de la infancia
Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como es el online grooming.
Esto debe concretarse en las siguientes medidas:
- Implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia
- Creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima
- formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos
- La asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.
«Además, es fundamental un uso seguro y responsable de Internet por parte de los niños y las niñas. Por su seguridad, tenemos que dotarles de herramientas suficientes para prevenir este tipo de situaciones y ayudarles a identificar aquellas en las que puedan estar en riesgo», añade Perazzo.
Barnahus, las casas de los niños
Save the Children apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus («casa de los niños» en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.
Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Cataluña -en concreto, en Tarragona-, otras comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino.
Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 -desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030-, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distintas comunidades autónomas.
