El Consejo de Ministros aprobó este martes 17 de octubre un Real Decreto para aplicar en España las flexibilizaciones de varios reglamentos comunitarios con el fin de que los productores hortofrutícolas y vitivinícolas se beneficien de las ayudas sectoriales ante la dificultad de poder cumplir con ciertos requisitos, debido a fenómenos climáticos adversos y por perturbaciones del mercado.
Las flexibilidades van encaminadas a facilitar el acceso a las ayudas del programa de apoyo al sector del vino, ampliar la vigencia de las autorizaciones de viñedo y dar facilidades para que los productores de frutas y hortalizas puedan acceder a los fondos de su programa operativo.
En materia de plantaciones de viñedo, se amplía en doce meses la vigencia de las autorizaciones que caducan en 2023. Además, se permite que los titulares de estos permisos puedan renunciar a ellos sin ser sancionados, siempre que lo comuniquen, antes de 31 de diciembre de este año, en la comunidad autónoma donde se concedió la licencia.
Para las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedos enmarcadas en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve) se ha permitido justificar un tres por ciento del gasto en vez del treinta por ciento requerido para continuar la ejecución de estas operaciones en el marco de la Intervención Sectorial Vitivinícola, que sustituye al actual Pasve, siempre que dichas operaciones se hayan iniciado antes del 15 de octubre de 2023.
A tal fin, la nueva norma incluye esta cuestión con carácter retroactivo. El plazo para su completa ejecución y pago se extiende hasta el 15 de octubre de 2025. Esta excepción solo se aplicará a los viticultores titulares de autorizaciones de replantación.
Asimismo, el Real Decreto recoge las flexibilidades adicionales para las medidas del Pasve relativas a las medidas de inversiones en bodegas y reestructuración y reconversión de viñedo mediante las que se permite modificar sus objetivos y facilitar la ejecución de acciones individuales sin finalizar la operación completa.
El Gobierno también acordó simplificar el procedimiento de acceso a las ayudas de las organizaciones profesionales y acuícolas y dar mayor uniformidad a los criterios e interpretaciones de las unidades gestoras del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
El objetivo es impulsar la capacidad de actuación de las organizaciones de productores. Una de las principales novedades es la posibilidad de que puedan llegar a recibir un cien por cien de financiación en acciones prioritarias, como la mejora de la selectividad de las artes de pesca, la puesta en marcha de soluciones innovadoras o el impulso a la pesca artesanal.
El límite máximo de financiación sigue en el doce por ciento del valor medio de la producción de la organización en los últimos tres años.
Por último, el Gobierno adoptó la declaración de emergencia para para la realización de actuaciones de restauración del área afectada por el incendio forestal de Puntagorda, en la isla de La Palma, por un importe máximo de cerca de seiscientos millones de euros.
