El Consejo de Ministros aprobó este martes 3 de octubre un incremento del 0,5 por ciento, con efectos retroactivos desde el 1 enero de 2023, para todos los empleados públicos con el objetivo de compensar los efectos de la inflación. Además, se actualizan los complementos de los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
Este incremento retributivo está recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 como fórmula para compensar la pérdida de poder adquisitivo causado por la inflación. La medida beneficiará a cerca de tres millones y medio de personas, que percibirán la subida en la nómina de octubre.
En concreto, respecto a las subidas que Justicia y Hacienda pactaron con las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia (LAJ) que contemplan subidas salariales de media de cuatrocientos cincuenta euros mensuales se empezarán a cobrar en la nómina de octubre con efectos retroactivos al 1 de enero.
Esta subida se ejecutará de forma gradual entre 2023 y 2024, abonando un cuarenta por ciento con efectos a 1 de enero de 2023, otro cuarenta por ciento a partir del 1 de enero de 2024, y el restante veinte por ciento desde el 1 de julio de 2024.
En cuanto a las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia, tendrán un complemento específico transitorio de cuatrocientos treinta euros mensuales en el año 2023.
La modernización de la administración está contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y contribuirá a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, la reducción de la temporalidad a menos del ocho por ciento a finales del año 2024 estabilizará las plantillas y contribuirá a la mejora del servicio.
Operación Campamento
Por otra parte, el Gobierno ha dado otro paso en el desbloqueo administrativo de la ‘Operación Campamento’, que busca responder a la demanda de vivienda a precio asequible.
En concreto, el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Defensa la venta de 1,63 millones de metros cuadrados en Madrid a SEPES, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Esta actuación, que se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 culminará con la construcción de doce mil viviendas, de las que al menos el sesenta por ciento tendrán que ser protegidas.
Del mismo modo, ha destinado catorce millones y medio de euros para ayuda a las salas de exhibición cinematográficas, lo que supone un incremento de más de cuatro millones con respecto al año previo. Estas subvenciones se pusieron en marcha en respuesta a la crisis del COVID-19.
Este sector es uno de los pocos que aún no se han recuperado de esa crisis, ya que la asistencia a las salas es un 35,7 por ciento inferior a la que se registraba en la etapa anterior.
Por último, se ha prorrogado el convenio existente entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla para mantener la atención integral a los usuarios del centro de atención a personas con discapacidad intelectual ‘Francisco Gámez Morón’.
El acuerdo supone una inversión de setecientos mil euros. El centro cuenta con 35 plazas en régimen de personas internas y 20 plazas de media pensión de centro de día.
