El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha aprobado este martes 5 de septiembre 2023 la distribución de 30.908.802 euros a la Comunidad de Madrid, procedentes de los fondos del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades del año 2021 para subvencionar actividades de interés social, lo que supone un incremento del 8,8 por ciento respecto a los fondos recibidos en 2022.

La inversión total para las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias asciende a 295.300.789 euros, un 14,41 por ciento más respecto al reparto del año anterior. Se trata en este año 2023 del 80 por ciento del total de los fondos recaudados del 0,7 por ciento.

Este porcentaje se alcanza por primera vez, tras el acuerdo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el SAAD del 18 de junio de 2021, por el que se estableció que el tramo estatal se iría reduciendo progresivamente en favor del autonómico hasta alcanzar la proporción 20-80 en este año.

A esta distribución autonómica se suman las ayudas del tramo estatal, que elevan la inversión definitiva del año 2021 a 369.125.986 euros, lo que supone un aumento del 13,41 por ciento de los fondos a distribuir este 2023 con respecto al año anterior.

Este incremento se debe en parte a la progresiva recuperación de la actividad económica tras la crisis derivada de la pandemia en el año 2020, puesto que hay que tener en cuenta que el montante a distribuir se corresponde con la recaudación del ejercicio fiscal dos años anterior al presente.

Subvención de programas y actividades de interés social

Las subvenciones objeto de las convocatorias autonómicas irán destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad competencia de las comunidades y ciudades autónomas.

El reparto de fondos de esta convocatoria se ha realizado de acuerdo a lo pactado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades y ciudades autónomas en el Consejo Territorial el pasado mes de junio de 2021, que, entre otros criterios, garantizó a todas las autonomías un aumento mínimo del cinco por ciento con respecto a los fondos percibidos en el año 2022.

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