El asesinato de un candidato presidencial en la capital del Ecuador a once días de las elecciones anticipadas, en medio de una crisis política y de seguridad inéditas hacen que la pregunta dentro y fuera a horas de abrirse las urnas sea cómo ha sido posible que este país andino se haya convertido en uno de los más violentos del mundo y qué hacer, informa Carolina Loza (IPS) desde Quito.
Fernando Villavicencio, candidato presidencial, fue asesinado el 9 de agosto al salir de un mitin en Quito, capital de Ecuador, dejando al país en shock. Estos niveles de violencia son nuevos en el país y generaron un nuevo estado de excepción de sesenta días, lo cual limitó los actos de carácter masivo, llevó a una movilización de Fuerzas Armada en varias provincias y agrandó lo excepcional de estos comicios.
Su muerte mostró en toda su magnitud como en Ecuador las bandas criminales tomaron el control a través de la violencia y el miedo, y como la inseguridad ciudadana se ha vuelto un ingrediente cotidiano para sus dieciocho millones de habitantes, según diferentes analistas consultados.
Este domingo 20 de agosto 2023, los ecuatorianos concurrirán a sus primeras elecciones anticipadas, para completar el mandato 2021-2025 del actual presidente conservador, Guillermo Lasso, y de la legislativa Asamblea Nacional, después que el gobernante usó en mayo el recurso constitucional de «muerte cruzada», para disolver el parlamento, evitar que prosperase una moción de censura en su contra, y escoger nuevas autoridades para lo que resta del periodo.
Además, los 13,45 millones de ecuatorianos habilitados para votar deberán decidir sobre dos consultas populares, una sobre minería y otra sobre el seguimiento o no de la explotación petrolera en el emblemático Parque Nacional de Yasuní, en la región de la Amazonia.
Al menos siete políticos ecuatorianos fueron asesinados desde principios de año; el último, un líder local de un partido en la provincia de Esmeraldas, muerto el lunes 14.
La falta de recursos en seguridad y en otras áreas fueron discutidos en el debate de los candidatos presidenciales, el domingo 13.
Otto Sonnenholzner, quien fue vicepresidente del país entre 2018 y 2020 mencionó a IPS que «tenemos 15.000 miembros en la Marina, pero la Marina no tiene lanchas. Entonces, tenemos 15.000 hombres que no pueden hacer su trabajo» un señalamiento que no pudo ser verificado y fue rechazado por las fuerzas armadas.
Para Kendra Carrión, doctora en Ciencia Política, el cambio de estructuras de institucionalidad, recortes de presupuestos y el desmantelamiento de instituciones fueron el caldo de cultivo para la crisis política y de seguridad que vive ahora Ecuador.
Carrión recalcó que «la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que llevaba el tema de cárceles, contribuyó a un vacío».
Vacío que esperaba una solución con la creación de Secretaría Nacional para Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que tenía como metas reducir el hacinamiento en cárceles y entrada de objetos prohibidos como celulares.
Sin embargo, después de cuatro años, más de seis directores y diez masacres dentro de las cárceles, el control de las prisiones se ha transformado en una pugna entre los diferentes grupos criminales que expanden su control dentro y fuera los recintos.
Cientos de familias se encuentran en situaciones angustiosas porque la rehabilitación social dejó de ser prioridad y los llamados centros de rehabilitación son lugares de pugna de poder de grupos como los Tiguerones, Los Choneros entre otros, que se han afianzado dentro y fuera de las cárceles por el control de rutas de narcotráfico.
Barrios enteros en la ciudad portuaria de Guayaquil, la más golpeada por la inseguridad, deben tomar decisiones como enviar a sus hijos a la escuela o mantenerse en casa, por miedo a extorsiones y reclutamiento de partes de grupos criminales.
La agenda del mandatario conservador se enfocó en demasía en la reactivación económica, sin atender con prioridad las señales del desbordamiento de la inseguridad, a lo que se sumó una crispada confrontación con la oposición en la Asamblea Nacional, dificultando la gobernabilidad en un escenario crítico.
En las elecciones del domingo concurren siete candidatos presidenciales y la aspirante mejor emplazada, la izquierdista Luisa González, cuenta, según los últimos sondeos, en torno a veinte por ciento de la intención de voto, por lo que se da por seguro que habrá una segunda vuelta el 15 de octubre, y el mandato de quien gane comenzará el 25 de noviembre.
Un problema adicional para el país es que en lo que resta del año, el país permanecerá en transición política hasta el afincamiento del nuevo gobierno, cuando urgen medidas para contener el desplome institucional del país y, más aún, el derrumbe de su seguridad ciudadana.
