El Gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros celebrado este 9 de mayo de 2023 crear una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la compra de la primera vivienda habitual.
Estos avales cubrirán hasta el 20 por ciento de los créditos hipotecarios de dos colectivos: familias con hijos menores a cargo y jóvenes hasta 35 años. El objetivo es facilitar la compra de aproximadamente cincuenta mil viviendas.
Se establece un límite de ingresos individual de 37.800 euros anuales para beneficiarse de estos avales, que aumentará en el caso de familias con hijos menores y las familias monoparentales.
El ICO también concederá préstamos por valor de cuatro mil millones de euros para financiar actuaciones de promoción de hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, cincuenta años.
Además, con el objetivo de garantizar un parque de vivienda público suficiente para atender las necesidades de la ciudadanía, la Entidad Pública Empresarial de Suelos (SEPES) construirá veinte mil viviendas en terrenos públicos del Ministerio de Defensa que están en desuso. El presupuesto estimado de la operación es de más de quinientos diez millones de euros.
Los terrenos de Defensa incluidos en esta iniciativa se ubican en cerca de cuarenta municipios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Valencia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, además de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
Por otro lado, el Ejecutivo promocionará este verano la utilización del transporte público en España y Europa entre los jóvenes de 18 a 30 años.
Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se bonificará un 90 por ciento de los billetes sencillos o de ida y vuelta de los trenes y autobuses que dependen del Estado, y un 50 por ciento los de los trenes de Alta Velocidad y los Pases Interrail. Estos últimos son pases personales e intransferibles que permiten viajar en tren por 33 países europeos.
Educación
En el ámbito educativo, el Gobierno acordó la distribución de 566,7 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas para la realización de cinco programas de mejora de la calidad y la equidad del sistema educativo.
El programa Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable está diseñado para prevenir fracasos y promover el aprendizaje y éxito escolar desde Educación Primaria hasta el final de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Este año contará con más de cincuenta millones de euros.
Otros casi ciento veinte millones de euros se destinarán al Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), que ofrece apoyo y orientación al alumnado en situación de vulnerabilidad educativa.
Con el objetivo de fomentar el interés de todo el alumnado por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y reducir la brecha de género en el ámbito digital, el Programa Código Escuela 4.0 recibirá casi trescientos millones.
El programa Educación Inclusiva obtendrá 36 millones para reforzar, con recursos especializados, la atención a la diversidad del alumnado, especialmente en las primeras etapas educativas.
En cuanto al programa Financiación de libros de texto y materiales didácticos, ayudará con cerca de sesenta millones de euros a las familias a afrontar el gasto que suponen los libros de texto y material escolar, incluido los materiales digitales, del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.
Otros acuerdos han sido el Real Decreto de racionalización de la estructura de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Panamá y Túnez.
También, la licitación de las obras del Vial de Jove, una carretera destinada a mejorar el acceso al Puerto de El Musel, en Gijón (Asturias), por un valor estimado de 236,11 millones de euros.
Finalmente, el Consejo de Ministros acordó solicitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. El Ejecutivo, entre otras cuestiones, considera una injerencia en materia reservada a ley orgánica de regulación del derecho a la eutanasia.
